Una trágica fiesta de música electrónica impulsa cambios legales

El gobierno argentino revisa su política sobre la mariguana y otras drogas tras los hechos del pasado 16 de abril.
El antro.
El antro. (Agustín Marcarian/Reuters)

Buenos Aires

Argentina aún no sale de la conmoción que causó el sábado 16 de abril la muerte de cinco adolescentes intoxicados con éxtasis y otras drogas sintéticas en una fiesta de música electrónica a la que asistieron casi 20 mil jóvenes, en un complejo en la Costanera porteña, frente al Río de la Plata, con capacidad para 12 mil. Mientras la justicia intenta desentrañar la madeja de complicidades entre los empresarios que organizan este tipo de eventos, las fuerzas de seguridad y los traficantes que vendieron las drogas adulteradas, otros tres chicos se debaten entre la vida y la muerte. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, anunció la prohibición de las fiestas electrónicas hasta adecuar las leyes.

"Es un hecho que la llamada guerra contra las drogas fue un fracaso", dice a MILENIO la ex diputada y experta en seguridad y narcotráfico Paola Spatola, y apunta "que es necesario imitar la política de reducción de daños que ya se está aplicando en varios países de Europa".

¿Cómo funciona esto?, le preguntamos: "Es un conjunto de acciones realizadas por el Estado y asociaciones civiles con un enfoque más bien preventivo si la persona ya es consumidora. En España, por ejemplo, esto se realiza a través de puestos gestionados conjuntamente con las discotecas, en donde se informan los aspectos negativos de la mezcla de sustancias. También regalan vasos de agua. En Argentina se hizo un intento mínimo y muy vago pese a que los eventos masivos son comparables con los de Europa. Pero es importante diferenciar los festivales, como el de la semana pasada, de los eventos underground que nada tienen que ver con este tipo de fiestas".

En medio del estupor que ha causado el hecho de que el espectáculo de baile desenfrenado prosiguió mientras se recogían los cadáveres de los jóvenes muertos por deshidratación y paro cardiaco, el gobierno de Mauricio Macri anunció que se determinará la cantidad de drogas que puede ser considerada tenencia para consumo personal. Se fijará el nivel máximo de posesión y el Congreso deberá pronunciarse a partir de una iniciativa de reforma a la ley 23.737, que desde 1990 rige la lucha antidrogas.

También se reglamentará la lista de sustancias prohibidas y la posibilidad de penar la venta de drogas sintéticas que no figuran en la norma actual tomando en cuenta drogas "base", a la vez de perseguir judicialmente sus posibles derivados. Es una opción —usada en EU— para evitar vacíos legales ante la aparición de nuevos compuestos.

Pero el gobierno insiste en que no se despenalizará la tenencia. Sí se formalizará una escala de cantidades no penalizadas para adecuarse al fallo de la Corte Suprema de 2009. En esa histórica declaración de inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal se delegó de hecho la decisión en cada juez, siendo desde entonces muy diversos los criterios en las cortes.

Los países europeos, supuestamente más liberales en este tema, han fijado límites precisos para la tenencia de drogas no perseguidas legalmente. También está delimitada la posesión de mariguana en Colorado (EU), uno de los estados que abrieron la puerta para el uso medicinal del cannabis, con un límite de tenencia de 28 gramos.

La incipiente experiencia uruguaya tampoco libera completamente el uso de mariguana ni deja sin determinación estatal el límite de la tenencia, que es de 40 gramos.

Según la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, si en el año 2009 el consumo de mota entre estudiantes de nivel medio era de 8.4%, en 2014 creció a 13.7 por ciento.