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Jueves , 24.05.2018 / 22:44 Hoy

Toledo comparece ante fiscal por presunto lavado de activos

El ex presidente de Perú es investigado en un caso relacionado con la creación de una empresa en Costa Rica y la compra de inmuebles en Lima a través de su suegra.

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AFP

El ex presidente peruano Alejandro Toledo compareció hoy ante un fiscal que lo investiga por presunto lavado de activos en un caso relacionado con la creación de una empresa en Costa Rica y la compra de inmuebles en Lima, informaron medios locales. Toledo acudió a las oficinas de la 48 fiscalía penal de Lima con sus abogados, según imágenes de televisión, para responder 50 preguntas sobre sus supuestos vínculos en la constitución de la empresa Ecoteva y la posterior compra de dos inmuebles a través de su suegra, Eva Fernenbug.

La investigación, a cargo de la fiscal Elizabeth Parco, incluye a la esposa de Toledo, Eliane Karp, al empresario Josef Maiman, Eva Fernenbug y el que fue jefe de seguridad de Toledo, el israelí Avraham Dan On. El objetivo de la fiscal es poder establecer si el dinero utilizado por Fernenbug para la compra de los inmuebles pertenecía a Toledo. En enero pasado, la fiscalía peruana determinó que el ex mandatario (2001-2006) no incurrió en delito de enriquecimiento ilícito en el mismo caso que investiga desde junio del 2013.

Los abogados de Toledo sostienen que la investigación sobre lavado de activos concluirá a favor del ex jefe de Estado, tal como ocurrió con la acusación de enriquecimiento ilícito donde se probó que no existía desbalance patrimonial. La fiscalía investiga a Toledo luego que trascendió a la prensa que su suegra, de 86 años y que vive en Bruselas, realizó dos millonarias compras inmobiliarias por un monto superior a los 4.5 millones de dólares con el dinero de la empresa Ecoteva Consulting Group.

A través de esta empresa, creada en Costa Rica, la suegra de Toledo compró en Lima una casa por 3.75 millones de dólares en julio del 2012 y una oficina por 882,400 dólares en setiembre de ese mismo año. En los últimos nueve meses la fiscalía peruana ordenó el levantamiento del secreto de todas sus cuentas bancarias y de las operaciones tributarias y bursátiles e indagó sobre su posición crediticia para ver si tenían deudas pendientes, entre otros elementos.

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