Tribunales decidirán futuro de ciudades santuario en Texas

Los juzgados decidirán sobre la aplicación del proyecto de ley que prohíbe las "ciudades santuario" y autoriza la regla "enséñame los papeles", debido a demandas interpuestas por grupos pro migrantes.
Estudiantes de la Universidad Rutgers protestan contra Donald Trump por su política en el tema migratorio.
Organizaciones pro derechos civiles y autoridades locales han empezado a interponer demandas contra el estado de Texas. (AP)

Washington

Los tribunales tendrán la última palabra sobre la aplicación del polémico proyecto de ley aprobado en Texas que prohíbe las "ciudades santuario" y autoriza la regla "enséñame los papeles" en el estado, debido a las demandas que han empezado a interponer los grupos proinmigrantes.

Según estipula el reglamento de la legislación texana, el proyecto de ley SB4 debería entrar en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, una vez que el gobernador estatal, el republicano Greg Abbott, ratificó esta legislación hace dos días.

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Sin embargo, organizaciones proderechos civiles y autoridades locales han empezado a interponer demandas al estado de Texas para evitar que la ley entre en funcionamiento.

Una de las primeras demandas, a la que tuvo acceso Efe, fue interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en nombre de un pueblo estadounidense fronterizo con México llamado El Cenizo (Texas), que se querella contra el estado y sus máximos responsables, Abbott y el fiscal general, Ken Paxton.

En este documento judicial, las autoridades locales de El Cenizo expusieron que la SB4 viola varios principios constitucionales, como la Quinta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ambas relacionadas con el procedimiento legal para detener a personas en terreno estadounidense.

Además, esta reclamación judicial asegura que el proyecto de ley texano no respeta las leyes federales de inmigración y pone trabas al trabajo de los agentes de policía y sheriffs.

El director de asuntos de migración y expresidente nacional de LULAC, Hector Flores, explicó en declaraciones a Efe que este es el primero de "muchos litigios" que se presentarán en contra de esta legislación, que, dijo, "discrimina a todas las personas que tienen apariencia de ser inmigrantes".

"Esta ley va a agravar la relación entre los latinos y los oficiales de policía y va a potenciar los perfiles raciales", sentenció Flores, al mismo tiempo que lamentó que Texas esté dando "pasos atrás" en vez de avanzar en materia de derechos humanos.

No obstante, el ex líder de ese grupo proderechos hispanos se mostró optimista respecto a las posibilidades de eliminar o minar los efectos de la SB4, gracias a los precedentes históricos que se dieron en otros estados, como Arizona o California, con leyes parecidas.

Además de LULAC, numerosos ayuntamientos locales, como el de Austin, y varias organizaciones, incluyendo Work Defense Project, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, MALDEF y Mi Familia Vota, anunciaron que están estudiando cómo abordar la batalla legal contra esta legislación.

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Antes de que todas esa entidades reflejaran su disconformidad en los tribunales, el estado de Texas interpuso una demanda este lunes contra las autoridades locales del condado de Travis y de Austin por interrumpir su cooperación con los agentes federales de inmigración el pasado febrero.

Asimismo, denunció al Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una organización que mostró su férrea oposición a esta ley desde que fue anunciada.

En respuesta a este requerimiento judicial, el presidente de MALDEF, Thomas Saenz, remarcó en un comunicado que este movimiento es una acción "frívola, presentada precipitadamente y sin base legal".

"En vez de esperar a que las personas y entidades agraviadas persigan los muchos desafíos constitucionales de la SB4, el estado manifiesta su propia ansiedad para declarar esta legislación constitucional", detalló en este documento Saenz.

México podría intervenir contra esa ley con la presentación de un "amicus curiae" (amigo de la corte), según adelantó a Efe el cónsul general mexicano en Austin, Carlos González. 

jamj