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Quieren juicio político contra 'vice' argentino

Líderes opositores piden que Amado Boudou sea separado de su cargo y rinda cuentas ante el Legislativo tras la decisión de un juez de procesarlo.

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La oposición argentina celebró la decisión de la justicia de procesar por corrupción al vicepresidente Amado Boudou y anunció que ahora irá por las responsabilidades políticas detrás del caso, mientras que, hasta anoche, el gobierno de Cristina Fernández guardaba silencio.

Quien sí realizó declaraciones fue el abogado defensor de Boudou, Diego Pirota, quien criticó el fallo del juez Ariel Lijo, al asegurar que “ya estaba redactado” y lo calificó de “un cuento de hadas contado en forma fantasiosa”. El litigante anunció que el próximo viernes apelará a la resolución.

Pirota opinó que el auto de procesamiento, de 333 páginas, contiene “varias inconsistencias” y que todo lo sucedido es “una farsa”.

Lijo resolvió el viernes que Boudou sea procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, como partícipe de una maniobra ilegal para apoderarse de Ciccone, única impresora de billetes de curso legal del país para beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.

La operación se habría concretado en 2010, mientras Boudou era minstro de Economía.

El precandidato presidencial de la opositora Unión Cívica Radical, ex vicepresidente Julio Cobos, pidió ayer el “distanciamiento” de Boudou del gobierno nacional y advirtió que pedirán un juicio político para el funcionario federal.

“La presidenta no se puede desligar de la responsabilidad política de tener a un vice procesado. Hay una responsabilidad del poder ejecutivo en la decisión que adopte”.

El diputado del Frente Renovador Darío Giustozzi enfatizó que “el uso de las instalaciones y la pretensión de interferir en la justicia son condiciones suficientes para avanzar en el pedido de un juicio político”.

Sin embargo, otros opositores reconocieron la dificultad para impulsar un juicio político, ya que el oficialismo tiene mayoría parlamentaria.

La diputada Margarita Stolbitzer, del Frente Amplio Progresista, pidió a los parlamentarios oficialistas hacer un “acto patriótico” y habilitar un juicio político.

Boudou se expone a una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, el juez dispuso un embargo por 200 mil pesos argentinos (unos 25 mil dólares) sobre los bienes del funcionario.

El fiscal del caso, Jorge Di Lello, declaró ayer tener “satisfacción porque creo que con todas las dificultades y con todos nuestros defectos, el ministerio público y la justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía”.

Lijo procesó además a José María Núñez Carmona, socio de Boudou, y a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente.

También procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de 70 % de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra por deudas impositivas y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.

Otro procesado es un ex jefe de asesores del fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.

La decisión del magistrado encontró a Boudou en La Habana. Mañana estará en Panamá y se aguarda su regreso a Buenos Aires para el jueves.

Fernández se encuentra en su casa de descanso en la localidad turística patagónica de El Calafate, a 2,800 km al sur de Buenos Aires.

Boudou, que ocupó la cartera de Economía entre 2009 y 2011, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción.

El vicepresidente es también investigado por presuntas irregularidades en la documentación de un automóvil. Deberá declarar para el 16 de julio, fecha en la que estará a cargo del ejecutivo, pues Cristina Fernández estará en Brasil.


FONDOS ‘BUITRE’, A LA OEA

La OEA convocó para mañana a una sesión extraordinaria de su consejo permanente para considerar la solicitud de Argentina de reunir a los ministros de Exteriores con el fin de analizar la reestructuración de la deuda del país, que mantiene un litigio con fondos especulativos o buitre.

La organización aseguró en un comunicado divulgado a través de su página web que el canciller argentino, Héctor Timerman, y el titular de Economía, Axel Kicillof, informarán aspectos de la reestructuración de la deuda si se convoca a los titulares de Exteriores de la región el jueves en Washington.

El Tribunal Supremo de EU desestimó este mes revisar un fallo que ordenó a Argentina pagar mil 300 millones de dólares a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001.
(EFE/Washington)

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