Irlanda tendrá ley que permite el aborto, el 1 de enero

La legislación se da en respuesta a un polémico caso de 2012 en el que una joven embarazada murió con septicemia debido que los médicos se negaron a practicarle un aborto.
Manifestantes en favor del derecho al aborto, ante el edificio del parlamento en Dublín
Manifestantes en favor del derecho al aborto en Dublín (AFP)

Dublín

La nueva ley del aborto de Irlanda, que legaliza la interrupción de un embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, incluida la amenaza de suicidio, entrará en vigor el 1 de enero de 2014, informó hoy el Gobierno.

La ley del aborto, polémica en un país mayoritariamente católico, es la primera que tendrá Irlanda desde su fundación en 1921, en respuesta a un polémico caso que conmocionó al país en octubre de 2012 por la muerte de una embarazada con septicemia en un hospital debido que los médicos se negaron a practicarle un aborto.

Pese al rechazo de los sectores católicos y conservadores del país, la norma es mucho más restrictiva que en otros países europeos y seguirá prohibiendo el aborto en casos como violación, incesto o anormalidad del feto.

Durante décadas, el aborto ha sido ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre estaba en riesgo, pero sólo se recogía de manera vaga en la Constitución y estaba, además, sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente se negaban a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas.

Ahora, la nueva ley establece con más claridad en qué casos se autorizará la interrupción del embarazo, lo que según los sectores más conservadores, abrirá la puerta a los "abortos a la carta".

La aprobación de la nueva norma surgió a raíz del polémico caso de Savita Halappanavar, una mujer india que falleció de septicemia en un hospital de Galway el 28 de octubre de 2012.

Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, murió después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que estaba en un "país católico" y la ley lo impedía, pese a que el estado de la mujer empeoraba.

A partir del 1 de enero, las interrupciones del embarazo en casos no considerados "de urgencia" se practicarán en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre.

Respecto a la cuestión del suicido, la ley establece que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre.