Pérez Molina cesa a tres ministros para aplacar protestas por corrupción

El presidente de Guatemala destituyó a los titulares de Gobernación, Energía y Medio Ambiente, y al jefe del servicio de Inteligencia, aunque analistas creen que las protestas seguirán.
Otto Pérez Molina anuncia la destitución de sus ministros de Gobernación, Ambiente y de Energía, hoy en Ciudad de Guatemala
Otto Pérez Molina anuncia la destitución de sus ministros de Gobernación, Ambiente y de Energía, hoy en Ciudad de Guatemala (EFE)

Guatemala

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, cesó hoy a tres de sus ministros en un intento de aplacar la protesta ciudadana por los escándalos de corrupción que sacuden su gobierno, aunque algunos analistas estiman que las presiones seguirán en los próximos días.

"Son especulaciones (que se esté desmoronando mi gobierno). Yo les estoy pidiendo a ellos, a petición mía, que dejen el puesto", dijo en rueda de prensa el mandatario conservador, quien reiteró que espera terminar su período como está estipulado en enero del 2016.

El mandatario anunció la salida de los ministros de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla; de Medio Ambiente, Michelle Martínez, y de Energía y Minas, Edwin Rodas, así como el del jefe del servicio de inteligencia del Estado, el ex ministro de Defensa Ulises Anzueto.

Protestas en las calles

Bonilla fue señalado por la prensa local de varias irregularidades, como un supuesto favoritismo en la licitación de un contrato de reconstrucción de cárceles que finalmente fue anulado.

"Lo que nos motiva es la transparencia. Si hay dudas hay que evacuarlas, nuestra responsabilidad es rendir cuentas. Reitero que los procesos administrativos para hacer adquisiciones están apegados a la ley", dijo el funcionario en rueda de prensa.

El cese de López, un militar retirado como el propio Pérez, es la más sensible de las tres debido a que es considerado como uno de los hombres más cercanos de su entorno. López era el encargado de la seguridad pública y el ejecutor de la política de "mano dura" contra la criminalidad, que fue la principal promesa de campaña de Pérez y que hasta ahora no ha podido cumplir.

Las bajas en el gabinete ocurren en un contexto de intensa presión de la sociedad civil, que ha salido a las calles a protestar tras revelarse, a mediados de abril, la existencia de una red de defraudación fiscal en las aduanas, un escándalo que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti a principios de mayo.

El miércoles, un nuevo escándalo de corrupción salió a la luz al ser arrestados los jerarcas del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, también cercano a Pérez, acusados de un fraude de unos 15 millones de dólares en contra de esta última institución.

Rodríguez, quien fue apresado tras pasar la noche en un hospital privado por motivos desconocidos, defendió hoy su inocencia antes de pasar a custodia judicial, mientras que el Banco Central de Guatemala negó los cargos contra su presidente.

Rodríguez, un abogado y militar quien ejerció como secretario privado de Pérez Molina desde enero de 2012 al mismo mes en 2013, estaba internado en el hospital privado Maranatha, al sur de Ciudad de Guatemala, por diabetes, ansiedad y depresión, informó la organización médica.

El director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de 52 años, pasó la noche bajo arresto en el hospital, custodiado por la PNC, después de que las autoridades lo detuvieran ayer junto a otras 16 personas, incluida la junta directiva de la entidad, durante un operativo desarrollado en 18 allanamientos. "Nosotros como junta directiva (del IGSS) no hacemos negociaciones", se defendió Rodríguez sobre las acusaciones vertidas en su contra.

El supuesto fraude fue desarticulado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2007 en el país centroamericano, bajo el mando del abogado colombiano Iván Velásquez.

El jurista explicó el miércoles tras las capturas, acompañado de la fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, que el IGSS adjudicó de manera "anómala" un contrato de 116 millones de quetzales (alrededor de 15 millones de dólares) a la firma farmacéutica Droguería Pisa, para la atención de pacientes con insuficiencia renal.

Muerte de siete personas

Las primeras pesquisas señalan que los detenidos cobraban entre el 15 y el 16 por ciento del importe final del contrato por seleccionar a la empresa. La fiscal explicó que están investigando dos denuncias por la muerte de siete personas que sufrían de insuficiencia renal desde que inició la atención de Droguería Pisa, tras la firma del contrato en diciembre de 2014.

El hospital privado había recibido a Rodríguez el pasado martes por solicitud del médico Óscar Alfredo de León Villagrán al presentar "diabetes mellitus, síndrome de ansiedad y depresión", según confirmó la institución en un comunicado de prensa.

El paciente también padecía de "enfermedad de reflujo gástrico y enfermedad péptica, pendiente de efectuarle endoscopia gástrica", había indicado la entidad médica, que aclaró que el hospital "no tiene vínculo" con el director del IGSS. El nosocomio afirmó hoy a través de sus redes sociales: "Estamos indignados de tanto corrupto y ladrón, pero logramos por los medios legales que (Rodríguez) saliera de nuestras instalaciones".

El sindicado declaró en el Órgano Judicial que su trabajo al frente del IGSS es "intachable" y que su captura obedece a un "show político", antes de que un juez le explicara los cargos en su contra y quedara recluido en la cárcel del lugar. El MP y la CICIG desarticularon el 16 de abril pasado otra trama de supuesta corrupción estatal que salpicó al secretario privado de la vicepresidenta del país en aquel momento, Roxana Baldetti, quien dimitió el pasado 8 de mayo.

Las calles de la capital, que en días anteriores fueron escenario de masivas protestas, tenían hoy una apariencia de normalidad, pero en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias a realizar nuevas protestas en los próximos días.

Las destituciones de ministros fueron interpretadas por analistas políticos como un resquebrajamiento del gobierno y algunos aventuraron la tesis de que esa medida preludia una eventual renuncia del mandatario, quien no obstante aseguró que se mantendrá en el cargo.

"El presidente se está quedando solo y la tendencia (en la opinión pública) es que debe de renunciar él también, ya que es responsable de haber nombrado a todos estos funcionarios" envueltos en corrupción, afirmó la activista humanitaria Helen Mack. "Él (Pérez) no puede decir que no se enteró de la corrupción en todos los ministerios, porque él tiene la responsabilidad y no hizo nada", agregó la directora de la Fundación Mirna Mack.

El analista Enzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar (privada), aseguró que el cese de funcionarios de confianza de Pérez confirman que el "gobierno quedó con total inacción y que por lo tanto eso debería precipitar la renuncia del mandatario".

"Definitivamente estas salidas dejan debilitado aún más al presidente, una situación muy complicada para todo el Ejecutivo y principalmente para el presidente", consideró por su lado el miembro de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), Carlos Carrera.

Nada se desmorona, dice Pérez

Pese a las manifestaciones de rechazo y el pedido de renuncia por los escándalos de corrupción, el mandatario rechazó que su gobierno se esté "desmoronando" por los cambios en su gabinete y ratificó que concluirá su mandato el próximo 14 de enero de 2016, como lo marca la Constitución.

"Que se desmorone el Gabinete es falso, ninguno de los ministros ha manifestado que quería retirarse, la decisión la estoy haciendo yo después de hablar con cada uno de ellos", respondió Pérez durante una rueda de prensa.

El presidente explicó que hace quince días solicitó la renuncia a los miembros de su gabinete para hacer una evaluación de la situación y determinar la continuidad o el cambio de cada uno de ellos.

No obstante, reconoció que sobre los ministros López y Martínez existen señalamientos de algunos medios de prensa sobre millonarios contratos supuestamente anómalos, aunque no existe ninguna acusación formal de la Fiscalía.

A López se le acusa de irregularidades en relación con un contrato para la vigilancia y el control migratorio en el aeropuerto, mientras que a Martínez se le endilga la supuesta adjudicación anómala de un servicio para descontaminar el lago de Amatitlán, cercano a la capital.

"El ministro (López) me dijo que está en la mejor disposición de no quedarse como atrincherado sino al contrario, poder salir, dar la cara y enfrentar cualquier situación de estas que se pudieran estar señalando al ministerio de Gobernación", puntualizó el presidente Pérez.

Pérez Molina dijo que su gobierno está dispuesto a colaborar con las investigaciones que lleva adelante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas instalado en el país en 2007 para mejorar el deficiente sistema de justicia local. "Hay la apertura para hacer investigación en cualquier lado, en cualquier ministerio", aseguró el presidente, un general retirado que llegó al poder en 2011.

El mandatario se reunió hoy con el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, con el que acordó hacer un punteo de cuáles son las principales reformas que necesita el sistema de justicia de Guatemala, un país que fue castigado por una cruenta guerra civil entre 1960 y 1996.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, felicitó el trabajo de la Cicig y del Ministerio Público, que han llevado a la detención de decenas de funcionarios y empresarios por supuestos casos de corrupción.

"(Han trabajado) muy bien y estamos viendo el fruto y creo que vamos a ver más. El trabajo de ellos es una oportunidad para que el país mejore su sistema de Gobierno", dijo a periodistas el diplomático, quien se negó a declarar sobre los rumores publicados en la prensa sobre el presunto retiro de visas a varios funcionarios guatemaltecos.

Los escándalos han caldeado los ánimos en las calles, antes de los comicios presidenciales de septiembre, con multitudinarias marchas para exigir la renuncia de Pérez Molina.