El presidente catalán mantiene la consulta independentista de noviembre

A pesar del llamamiento al diálogo en el marco de la ley hecho el sábado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Artur Mas reafirmó su voluntad de organizar una consulta soberanista.
"Volem votar" (Queremos votar), dice el cartel en catalán en la competición de "castellers" (constructores de torres humanas) en Tarragona
"Volem votar" (Queremos votar), dice el cartel en catalán en la competición de "castellers" (constructores de torres humanas) en Tarragona (AFP)

Madrid

El presidente de Cataluña, Artur Mas, reafirmó hoy su voluntad de organizar una consulta sobre la independencia de esta región el 9 de noviembre, suspendida por la justicia, pese al llamamiento del gobierno español al diálogo en el marco de la ley.

"Esperemos que, una vez hayamos votado el 9 de noviembre, el gobierno español entienda de una vez cuál es el clamor en Cataluña y de una manera o de otra entienda que esto se ha de resolver por la vía del diálogo", declaró Mas a la prensa durante una visita a Tarragona (noreste).

"Lo haremos a nuestra manera, que quiere decir con consenso político, de una manera correcta, positiva y constructiva", añadió el líder nacionalista catalán. El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, optó la víspera por el apaciguamiento, al instar a Cataluña a respetar la ley, al diálogo y a continuar "juntos".

"Las leyes se pueden cambiar, claro que sí, y las leyes se cambian, pero las leyes no se violan y si alguien quiere cambiarlas tiene que hacerlo por los procedimientos establecidos", aseguró Rajoy.

Tras decir el sábado que Madrid no conseguiría "acallar la voz de los catalanes", Mas afirmó el domingo haber constatado, con las declaraciones del jefe del ejecutivo español, "dónde está el problema real". "Es un problema de voluntad política", aseguró a los periodistas.

Cataluña, que vive una importante ola independentista, ha lanzado un pulso jurídico a Madrid que rechaza la consulta sobre la autodeterminación, al considerarla anticonstitucional.

A pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 29 de septiembre el referéndum, el gobierno catalán mantiene su celebración en esta región de 7.5 millones de habitantes, que representa el 20% del PIB de España.