Policías hondureños a prisión por asesinato de universitarios

La muerte de los dos estudiantes llevó a la fiscalía a descubrir que sedes enteras de la policía formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la ...

Tegucigalpa

Cuatro policías hondureños que en el 2011 mataron a dos estudiantes universitarios fueron condenados a 58 y 66 años de cárcel, informaron hoy fuentes judiciales. Los jueces informaron de la sentencia de 58 años de prisión para Wilson Córdova, Gabriel Macía y Rubén Pozo, y de 66 años a Santos Padilla por la muerte los estudiantes Carlos Pineda y Alejandro Vargas.

"Respetamos lo que los jueces han dictaminado y sentenciado, no estamos objetando la condena (...) me imagino que los jueces valoraron las responsabilidades individuales de los que participaron en el hecho criminal y por ello la determinación de la sentencia", afirmó a periodistas la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, madre de Vargas, al escuchar a los jueces. El 1 de agosto el juzgado había declarado "culpables" a los cuatro policías de la muerte de ambos estudiantes.

En la fundamentación de la sentencia, la jueza relató que los jóvenes se transportaban la madrugada del 22 de octubre del 2011 en un vehículo en las cercanías del aeropuerto Toncontín, sur de Tegucigalpa, donde fueron interceptados por miembros de una patrulla. Al no acatar la orden de detenerse, los policías hicieron cuatro disparos contra el vehículo, uno de los cuales impactó por la espalda a Vargas. Los agentes detuvieron a los dos jóvenes y los remataron en un lugar apartado en la periferia sur. La rectora, con los recursos técnicos de la Universidad y videos de negocios, probó que los homicidas de los dos jóvenes eran policías del distrito del barrio La Granja (sur).

La muerte de los estudiantes llevó a la fiscalía a descubrir que sedes enteras de la policía --integrada por doce mil agentes-- formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos. El gobierno inició entonces un proceso de depuración policial que, no obstante, ha sido cuestionado por su lentitud.