¿Qué pasó antes de las protestas de Baltimore?

La prensa de EU hace un recuento de los factores que explican el estallido de violencia en Maryland, tras la muerte de un joven negro de 25 años a manos de la policía local.
Protestas de esta semana en la ciudad estadunidense.
Protestas de esta semana en la ciudad estadunidense. (John Taggart/AFP)

Nueva York

Las protestas que devastaron al Estados Unidos urbano en los años 1960, generalmente eran encendidas por actos de brutalidad policiaca que inflamaban a las comunidades negras pobres, donde la policía no era vista como protección, sino como una fuerza ocupante. Estas mismas tensiones resurgieron el año pasado en Ferguson, comunidad suburbana de San Luis, Misuri, donde las protestas estallaron luego de que un oficial de policía blanco le disparó y mató a Michael Brown, un adolescente negro. Ahora, estas protestas han estallado a mayor escala en Baltimore, tras la muerte de Freddie Gray, un joven negro que sufrió una lesión fatal mientras se encontraba bajo custodia policial.

El presidente Obama ha condenado como inexcusables los saqueos e incendios en la ciudad tras el funeral de Gray, pero también expresó que el Departamento de Policía de Baltimore debía “hacer un examen de conciencia”. Ciertamente debería hacerlo: su bien documentado historial de brutalidad extrema y mala conducta son causa de este tipo de conflictos.

Se pueden hallar pruebas de lo anterior en una investigación meticulosamente reporteada por The Baltimore Sun sobre demandas legales y acuerdos generados por acusaciones de brutalidad policial. “En los últimos cuatro años –se afirma–, más de 100 personas han ganado juicios o acuerdos relacionados con alegatos de brutalidad y violaciones a los derechos humanos”. Las víctimas incluyen a un adolescente de 15 años conduciendo una moto, una mujer embarazada de 26 años que había presenciado una golpiza,  una mujer de 50 años que vendía boletos para una rifa de la iglesia, un diácono de la iglesia de 65 años y una abuela de 87 años que ayudaba a su nieto herido. El reporte publicado el otoño pasado detallaba lo que calificó de “un espantoso costo humano” causado por la policía: huesos rotos, traumas craneales, falla de órganos y hasta la muerte, durante arrestos cuestionables. También halló que jueces y fiscales desechan de manera rutinaria los cargos contra las víctimas y que las policías citadinas han ayudado a esconder la dimensión del daño humano. Los acuerdos impiden a las víctimas hacer declaraciones públicas. The Sun estimó que desde enero de 2011 la ciudad invirtió unos 5.7 millones de dólares en acuerdos y 5.8 millones más en costos legales.

Los residentes de Baltimore estaban familiarizados con estas y otras historias de abuso policial cuando se hizo público el caso de Gray este mes. La policía lo persiguió y aprehendió el 12 de abril, porque presuntamente había “hecho contacto visual” con un teniente y luego había escapado. Los videos de su arresto tomados con celulares mostraban cómo era arrastrado al vehículo policial, mientras gritaba de dolor. La policía aceptó que se demoró en pedir ayuda médica. Al llegar al departamento de policía, los médicos lo llevaron de inmediato al hospital, donde cayó en coma y falleció una semana después, el 19.

Su familia dijo que 80 por ciento de su columna estaba lesionada y que su laringe había sido aplastada. Estas declaraciones difieren del reporte policial que afirma que “el acusado fue arrestado sin que se ejerciera fuerza y sin incidentes”.

El Departamento de Policía de Baltimore tiene una historia particularmente atroz y entró en un acuerdo voluntario de reforma con el Departamento de Justicia. Pero no existen motivos para creer que es único en términos de su mala relación con la gente a la que debe proteger.

En los últimos cinco años, el Departamento de Justicia inició 21 investigaciones a departamentos de policía de todo el país y está estableciendo acuerdos de reforma con 15 de ellos, algunos de los cuales fueron investigados por administraciones previas.

Obama tuvo razón el martes cuando señaló que las tensiones con las fuerzas de la ley se habían acumulado por años y que ahora parecían estallar una cada semana. Añadió que solucionar el problema requeriría no solo de nuevas tácticas policiales, sino también de políticas nuevas para ayudar a las comunidades donde los empleos han desaparecido, mejorar la educación y ayudar a los ex ofensores a encontrar empleo. El gran error, dijo, es que tendemos a concentrarnos en estas comunidades solo cuando sus edificios se están quemando.