ONU y HRW condenan pena de muerte para hijo de Gadafi

Las organizaciones declararon que el juicio del hijo mayor del dictador libio Muamar al Gadafi, Seif al Islam, no fue justo y repudió la pena de muerte a la que fue condenado.
La ONU declaró que el juicio del hijo mayor del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, Seif al Islam, no fue justo y repudió la pena de muerte a la que fue condenado, tanto a él como a otros ocho altos cargos del régimen de su padre.
La ONU declaró que el juicio del hijo mayor del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, Seif al Islam, no fue justo y repudió la pena de muerte a la que fue condenado, tanto a él como a otros ocho altos cargos del régimen de su padre. (EFE)

Ginebra, Suiza

La ONU declaró que el juicio del hijo mayor del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, Seif al Islam, no fue justo y repudió la pena de muerte a la que fue condenado, tanto a él como a otros ocho altos cargos del régimen de su padre.

"Hemos seguido de cerca la detención y el juicio y consideramos que los estándares internacionales de un juicio justo no se han cumplido", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW), se unió al rechazo de la condena de muerte de Seif al Islam, ya que asegura que el proceso estuvo plagado de serias violaciones, por lo que la sentencia debe ser revisada

El director alterno de HRW para Medio Oriente y el Norte de África, Joe Stork, indicó que el proceso “ha estado plagado de creíbles y persistentes argumentos de violaciones a un juicio justo que justifican una revisión judicial imparcial e independiente”.

Entre las deficiencias más graves que se detectaron figura el hecho de que no se establecieron responsabilidades penales individuales en relación con delitos concretos.

HRW dijo que entre las inconsistencias que se presentaron fue que los abogados defensores de los sentenciados no pudieron reunirse en privado con sus clientes y que varios de ellos recibieron amenazas de muerte que los obligaron a renunciar.

La ONU también corroboró serios problemas relacionados con el acceso a abogados, quejas por malos tratos y juicios realizados en ausencia del acusado.

Además de Seif al Islam, figuran entre los sentenciados a la pena capital el exjefe de los servicios secretos de Libia, Abdalá al Sanusi, y el último primer ministro de Gadafi, Al Baghdadi al Mahmudi.

Todos fueron condenados por su vinculación con la represión que siguió al levantamiento popular armado de febrero de 2011, que desembocó en la caída del régimen gadafista en octubre de ese año.

De manera general, se les acusaba de incitación a la violencia y de haber estado involucrados en el asesinato de manifestantes.

Joe Stork dijo que las víctimas de los “serios crímenes cometidos durante los levantamientos de 2011 merecen justicia, pero que ésta sólo puede ser otorgada mediante procedimientos justos y transparentes”.

La ONU señaló que no cabe duda de que las violaciones de los derechos humanos deben ser sancionadas, pero recalcó que esto debe hacerse "respetando escrupulosamente las normas y procedimientos que garantizan un juicio justo y los derechos de los acusados".

"Si se falla en esto la injusticia sólo se agrava", comentó Shamdasani en declaraciones a los periodistas.

"Pedimos a las autoridades libias que introduzca reformas legales de manera urgente para que los derechos humanos sean plenamente respetados en la administración de justicia", indicó.

Desde el asesinato de Muamar al Gadafi, a manos de rebeldes que le capturaron meses después de haber sido derrocado, Libia sufre una creciente inestabilidad que ha permitido a grupos extremistas y bandas criminales realizar sus actividades con impunidad.

Dos facciones políticas opuestas se disputan el poder y tienen el control de distintas partes del territorio nacional.

Trípoli está controlada por la milicia islamista de Fayer Libia (Amanecer de Libia), mientras que el parlamento que reconoce la comunidad internacional trabaja desde Tobruk, en el extremo nororiental del país.