Los nuevos embrollos del primer ministro turco

Protestas, choques con el poder Judicial y un escándalo de corrupción meten en problemas a la administración de Erdogan.
En los últimos días, la policía ha arremetido contra los manifestantes que piden la renuncia del premier.
En los últimos días, la policía ha arremetido contra los manifestantes que piden la renuncia del premier. (Reuters)

Estambul

Feliz Año Nuevo” reza la iluminación festiva sobre la avenida comercial de Estambul Istiklal Caddesi y que ahora se balancea peligrosamente tras el impacto de los chorros de los vehículos lanzagua.

Los policías disparan proyectiles con plástico contra los manifestantes que claman por la renuncia del gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, a causa del escándalo de corrupción.

Las fuerzas de seguridad arrojan petardos para disolver a grupos de personas que protestan y persiguen a los manifestantes por las calles laterales. Mientras tanto, peatones con niños huyen presas del pánico, mientras que turistas asustados tosen por los gases lacrimógenos.

El invierno se deja sentir en Estambul. De lo contrario, las escenas de este viernes por la noche recordarían a las protestas registradas en todo el país que sacudieron a Turquía en el verano pasado. Pero no se espera que las manifestaciones tengan la extensión que alcanzaron hace medio año, entre otras cosas debido también a las bajas temperaturas.

Para Erdogan la presión no solamente viene de las calles, sino también de la justicia, con la que su gobierno libra una abierta lucha de poder. El gobierno intenta influir tan fuertemente sobre los investigadores del escándalo de corrupción, que la Unión Europea ya se mostró “profundamente preocupada”.

Las razias del 17 de diciembre, en las que también fueron detenidos tres hijos de ministros, tomaron por sorpresa al gobierno.

Cuatro días después dictó una disposición según la cual, los investigadores deberán informar a sus superiores en el futuro sobre indagaciones secretas. No solamente los juristas se escandalizaron por la maniobra. El viernes, el máximo tribunal administrativo turco bloqueó el decreto gubernamental.

El 22 de diciembre pasado se les impidió a los periodistas el libre acceso a los distintos departamentos de la policía.

Entonces, la policía aún era dirigida por el ministro del Interior Muammer Güler, cuyo hijo se encuentra en prisión preventiva. Güler y otros dos ministros renunciaron el miércoles, y Erdogan nombró en total a diez nuevos ministros entre los 26 puestos del gabinete.

Ya el día posterior a las redadas, el gobierno comenzó a quitar a policías de sus puestos. Entretanto fueron desplazados cientos de agentes, según reportes de los medios de comunicación, entre ellos el jefe de la policía de Estambul. Su cargo fue asumido por un ex gobernador, que no procede del aparato policial ni judicial.

Los medios leales al gobierno creen que detrás de las investigaciones se encuentra el predicador turco Fethullah Gülen, con el que Erdogan está enfrentado y que al parecer tiene gran influencia en el aparato judicial.

Gülen, quien vive en Estados Unidos, lo ha desmentido, pero criticó duramente las destituciones en las filas de la policía. El mandatario turco, en tanto, considera que las pesquisas forman parte de un complot para desacreditar a su gobierno, su partido y a él mismo de cara a las elecciones locales de marzo próximo.

El fiscal general de Estambul, Muammer Akkas, dejó en claro lo inmensa que es la presión sobre la justicia el jueves pasado. Los arrestos del 17 de diciembre giraron en torno a la sospecha de sobornos para permisos de construcción e incumplimiento de sanciones impuestas a Irán.

Akkas encabezó las pesquisas en otro caso e investigó, entre otras cuestiones, posibles manipulaciones en licitaciones públicas. El fiscal general dijo haber investigado a “varias conocidas personalidades y algunos funcionarios”.

Los medios críticos del gobierno indicaron que también podría estar involucrado el entorno familiar de Erdogan.

Pero el indignado Akkas dijo que la policía simplemente ignoró sus órdenes de arrestar a sospechosos. En lugar de ello, los nombres de los afectados trascendieron a la opinión pública, lo que les dio la posibilidad de destruir pruebas.

El diario cercano a Gülen Today’s Zaman reportó citando a fuentes policiales que el nuevo ministro de Justicia, Bekir Bozdag, impidió personalmente el arresto de los sospechosos y filtró los nombres. Akkas, por su parte, fue retirado del caso.