Queman centro de votación en Nicaragua

Documentos del padrón electoral y boletas de votación fueron quemados por hombres armados con machetes y palos en Salvadorita de Nueva Guinea, 300 km al este de Managua.
La baja particpación marcó la jornada electoral.
La baja particpación marcó la jornada electoral. (AFP)

Managua

Un centro de votación con tres mesas, ubicado en un poblado rural de Nicaragua donde se proyecta construir un canal interocéanico, fue quemado por desconocidos este domingo de comicios, según reportes de prensa no confirmados por autoridades.

Documentos del padrón electoral y boletas de votación de tres juntas receptoras de voto fueron quemados por hombres armados con machetes y palos en el poblado Salvadorita de Nueva Guinea, 300 km al este de Managua, según el diario opositor La Prensa, que publica fotografías del centro afectado.

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La líder campesina del movimiento anti-canal en Nueva Guinea Francisca Ramírez confirmó a la AFP vía telefónica lo sucedido y aseguró que los responsables estaban en fuga y eran perseguidos por el Ejército y la Policía.

El hecho ocurrió hacia el mediodía pero el vocero del Consejo Supremo Electoral (CSE), Félix Navarrete, dijo a la AFP que no tenía información al respecto.

También el portavoz de la Policía, César Cuadra, declaró que no sabía lo sucedido ni tenía autorización para referirse al tema.

Este sería el incidente más grave en la jornada de votación de este domingo, que en general ha transcurrido con tranquilidad y orden, para elegir presidente, vicepresidente, diputados y autoridades municipales.

El ejército y la policía desplegaron a 10 mil soldados, 13 mil agentes y más de 20 mil policías voluntarios.

Varias comunidades campesinas de Nueva Guinea, una zona de montaña ubicada en el centro del país, serían desarraigadas para dar paso a la construcción del proyectado canal, lo que ha motivado numerosas protestas.

En 2013, el gobierno autorizó a la empresa china HKND a construir el canal con una longitud de 270 km entre el Caribe y el Pacífico, lo que afectaría a unas 120 mil habitantes asentados en la ruta, aunque el gobierno estima que los afectados serían solo unos 27 mil.

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