Nacionalistas catalanes dan primeros pasos para una consulta soberanista

El gobierno autonómico está decidido a elaborar un censo que sirva de base al referéndum sobre la independencia que quiere realizar el 9 de noviembre de 2014.
El presidente de Cataluña, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega (2i), durante el anuncio del referéndum
El presidente de Cataluña, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega (2i), durante el anuncio del referéndum (EFE)

Barcelona

Las formaciones políticas nacionalistas de Cataluña dieron hoy los primeros pasos para avanzar en el objetivo de intentar convocar una consulta sobre la soberanía de esa región española el 9 de noviembre de 2014. La coalición gobernante en Cataluña (Convergencia i Unió, centroderecha) y otras tres formaciones nacionalistas de izquierdas registraron hoy en el Parlamento regional una petición destinada al Congreso de los Diputados español para que autorice la convocatoria "de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña".

El Gobierno central rechaza, por ilegal, la idea de los partidos catalanes, que acordaron ayer impulsar una consulta en la que se preguntaría a los ciudadanos de la región si quieren que sea un Estado y, en caso afirmativo, si desearían que fuera independiente de España. Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo regional catalán, Joana Ortega, afirmó hoy que ya trabaja en la preparación de diferentes aspectos técnicos y logísticos de la consulta soberanista, entre ellos la creación de un censo de votantes.

"Necesitamos las urnas, los sobres, pero también un censo propio. Si no contamos con la colaboración del Estado hay una serie de instrumentos que todavía no tenemos y que en función del marco legal tendremos que desarrollar", manifestó la vicepresidenta del gobierno regional catalán, Joana Ortega, a la televisión regional TV3. "Ya estamos trabajando en ello", dijo sobre el censo de votantes. El censo electoral es propiedad del Estado. El gobierno de Cataluña lo conoce, pero no puede utilizarlo sin autorización de Madrid.

Al referéndum se destinarán 5 millones de euros, una partida que incluirán los presupuestos catalanes que están a punto de aprobarse pero que, según indicó Ortega, podrá ampliarse. Junto a la fecha, Mas anunció el jueves, tras un acuerdo con los demás partidos catalanes favorables a la consulta, qué se preguntará en ella a los ciudadanos: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿quiere que sea independiente?".

El Ejecutivo que preside Artur Mas pretende facilitar el voto a los catalanes que viven fuera de la región. "Tienen unas grandes ganas de participar y trabajamos para buscar vías que permitan la participación de los catalanes fuera de Cataluña", dijo Ortega. Las autoridades catalanas se inspirarán en el ejemplo de Québec, territorio canadiense que en el pasado convocó consultas para la independencia, así como en la experiencia de los cantones suizos en la preparación de referendos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó ayer esa eventual consulta porque es contraria a la Constitución y dijo que no la autorizará, posición que comparte con el primer partido de la oposición, el Socialista. Rajoy asistió hoy al acto en el que el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, fue investido doctor "honoris causa" por una universidad madrileña, después de que ayer el representante de la UE recordara que un territorio que se separa de un Estado miembro de la Unión quedaría fuera de las instituciones comunitarias y tendría que negociar su adhesión.

En esa clave cabe entender que hoy, junto a Van Rompuy, Mariano Rajoy aludiera implícitamente al caso catalán cuando dijo que sólo desde la unión y en el barco que representa la UE se pueden sortear "las procelosas aguas de la historia" y hacer frente a un futuro que debe ser compartido entre todos.

Con excepción de partidos nacionalistas en las regiones del País Vasco y Galicia, que mostraron su respeto y apoyo a la posición de los catalanes, la iniciativa fue criticada hoy por representantes de los partidos de ámbito estatal. También se pronunció el expresidente del Gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), para quien la consulta catalana "no se puede hacer" ni "se va a hacer", aunque animó al actual Ejecutivo del PP a dialogar para recuperar la confianza entre las instituciones del Estado y Cataluña.

Pocas horas después del anuncio, Rajoy "garantizó" que no habrá consulta en Cataluña. "Esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar", dijo el presidente del gobierno español, que en su rechazo cuenta con el apoyo del líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró hoy la idea. Y además lanzó una seria advertencia al gobierno de Mas. Cataluña no ha cumplido con los objetivos de déficit, tiene "los mercados cerrados" y el gobierno de Rajoy está "supliendo las necesidades de financiación", dijo.

Rajoy, de momento, no ha dicho cómo hará para frenar el referéndum catalán, si bien se da por sentado que acudirá al Tribunal Constitucional una vez el acuerdo anunciado el jueves por el jefe del gobierno catalán se plasme en un documento oficial. Nadie duda en España de que el Constitucional frenará la consulta. La incógnita es qué pasará después: ¿se frenará Mas o seguirá adelante en una vía fuera de la ley? Y, en ese caso, ¿llegará Rajoy a suspender las instituciones autonómicas de Cataluña, como le permite la Constitución?.

Aunque las intenciones del nacionalismo se conocían desde hacía meses, haber dado el paso supone una nueva vuelta de tuerca en el conflicto entre el gobierno español y el catalán. "Mas empuja a Cataluña por el precipicio... y Rajoy replica con la fuerza de la Constitución", decía en su editorial el diario conservador El Mundo. "No veo una salida a corto plazo", dijo a la la AFP Fernando Vallespín, catedrático de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Legalmente, Madrid "tiene razón, la Constitución no contempla que pueda ser legal que una región se separe del resto del Estado", agrega. La Constitución de 1978, joya de la corona de la transición democrática tras la dictadura franquista, atendió a reclamos de Cataluña y el País Vasco al definir a España como un Estado descentralizado con una amplia autonomía para sus 17 regiones. Sin embargo, este marco legal parece haberse quedado pequeño para las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, orgullosa de su idioma, su cultura y su tradicional pujanza económica, que en los últimos años se vio mermada por la crisis y la fuerte deuda que acumula la región.

En 2010, el Tribunal Constitucional, a instancias de la derecha española, anuló varios artículos del estatuto de autonomía aprobado en 2006 por una amplísima mayoría del Parlamento catalán. Los magistrados impugnaron en particular la definición de Cataluña como "nación" y se declararon en contra de que la lengua catalana sea preferente en la región frente al español. Tras el retorno a la democracia, las autoridades regionales han dado un fuerte impulso a la enseñanza del catalán, cuyo uso público había sido prohibido durante la dictadura franquista (1939-1975).

El estallido de la crisis económica en 2008 y la sensación de un reparto desigual de los impuestos generalizaron el malestar en la región. En otoño de 2012, tras una multitudinaria manifestación independentista en Barcelona, Rajoy rechazó la petición de Mas de una mayor autonomía fiscal. Desde entonces, el presidente catalán endureció el tono y apostó sin fisuras por un referéndum. "El Gobierno de Rajoy debería haber estado mucho más abierto desde hace tiempo para evitar llegar a este punto", afirmó Francesc Pallarès, catedrático de ciencias políticas en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, que, como la mayoría de analistas, augura una época de incertidumbre.

"O hay capacidad de reconstruir puentes desde un lado y otro, o el escenario que se plantea da un poco de miedo porque se va a producir un choque de trenes de consecuencias impredecibles", añadía. "Si la consulta no se hace, habrá otros escenarios posteriores. Que nadie piense que si no se consulta, el tema se acaba aquí", advertía por su parte el politólogo Ferran Requejo, de la UPF. De momento, el 9 de noviembre de 2014 es la fecha límite para encontrar un entendimiento entre Barcelona y Madrid. De cerca los observa la Unión Europea, que tiene un segundo frente abierto en Escocia con un referéndum programado en acuerdo con Londres para el 18 de septiembre.

La proclamación de la independencia significaría para ambas su salida de la UE, recordó de nuevo el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, abriendo la incertidumbre del nacionalismo catalán, claramente europeísta. "El tema es ver hasta dónde estaría dispuesta llegar una mayoría del pueblo catalán hacia un autogobierno que no fuera la independencia pero que se separara del statu quo actual", analiza Vallespín. "Esa es la gran pregunta que se abre y probablemente no tenemos ninguna respuesta", admite.