Crea Francia permisos de residencia a migrantes

El permiso tendrá una vigencia de cuatro años y entrará en vigor para atraer “talentos” al país, como estudiantes, investigadores y artistas.

París

El Gobierno francés presentó hoy un proyecto de ley que modifica varios aspectos del derecho sobre los inmigrantes y, entre otras cosas, crea un permiso de residencia de cuatro años para atraer "talentos" útiles al país: inversores, investigadores, trabajadores cualificados, artistas o estudiantes.

En su comunicado, el Consejo de Ministros indicó que se generaliza el permiso de residencia de cuatro años para el conjunto de los extranjeros residentes en Francia, una vez que hayan estado un año en situación legalizada.

El otro pilar de esta reforma es el reforzamiento de la lucha contra la inmigración irregular, con el establecimiento de la asignación de residencia como "medida de derecho común" para la privación de libertad de "sin papeles".

En esa misma línea, se endurecen las penas para los que transporten extranjeros en situación ilegal y se refuerzan los poderes de las prefecturas para luchar contra el fraude vinculado a la inmigración.

En cuanto a los centros de retención -objeto de repetidas denuncias sobre las condiciones en su interior-, con el nuevo dispositivo normativo los periodistas podrán entrar para dar cuenta de la situación.

El Gobierno subrayó que con este proyecto su intención es hacer verificable el principio de que "la inmigración puede ser una oportunidad para Francia si se controla, si se alienta la acogida de talentos y si se favorece la integración".

Otra propuesta legislativa anunciada por el Ejecutivo pretende acelerar el proceso para dar una respuesta a los demandantes de asilo, que durante el proceso gozarán de nuevas garantías.

Entre éstas figuran un rápido registro de sus peticiones de asilo en presencia de un abogado o la suspensión de cualquier medida decidida contra el demandante (en particular la expulsión) si presenta un recurso contra el rechazo de su solicitud.

Precisamente, el plazo máximo para un dictamen de un procedimiento normal por parte del Tribunal Nacional del Derecho de Asilo queda fijado en cinco meses.

Los demandantes, mientras se tramita su petición, tendrán que residir en la región que la Administración le indique, y en caso de negativa perderá su derecho a recibir prestaciones específicas.