Marcha opositora exigirá mañana desarme de paramilitares chavistas

La manifestación tendrá lugar al mismo tiempo que otra convocada por "mujeres chavistas", con lo que por segunda vez en una semana se correrá el riesgo de que se produzcan enfrentamientos, la ...
Madres de estudiantes muestran una gran bandera venezolana en una protesta contra el presidente Maduro, hoy en San Cristóbal
Madres de estudiantes muestran una gran bandera venezolana en una protesta contra el presidente Maduro, hoy en San Cristóbal (AFP)

Caracas

La oposición venezolana convocó para el sábado una marcha exigiendo el desarme de paramilitares chavistas --con los que el gobierno niega vínculos-- en un país convulsionado por casi tres semanas de protestas estudiantiles y opositoras que han dejado al menos ocho muertos. La marcha de mañana se superpondrá con otra convocada por "mujeres chavistas", reeditando por segunda vez en una semana el riesgo que protestas de ambos bandos confluyan en un país altamente polarizado, con alta inseguridad, desabastecimiento y cruzado por disturbios.

Hasta hoy se habían contabilizado cinco muertos en todo el país, pero la fiscalía general elevó por la tarde la cifra a ocho los fallecidos durante o en hechos vinculados a las manifestaciones. Cinco de las víctimas murieron por herida de bala, dos en accidentes vehiculares durante las protestas y de la octava se desconoce la circunstancias.

La fiscalía también precisó que por ahora hay 137 heridos y más de un centenar de detenidos en decenas de marchas estudiantiles que se iniciaron a principios de febrero en el oeste de Venezuela en reclamo por la inseguridad en un campus universitario y se extendieron a las principales ciudades -con desbordes violentos- e incorporaron reclamos por el deterioro económico.

El sábado, nuevamente los venezolanos saldrán a las calles. El líder opositor Henrique Capriles, quien perdió por ajustado margen las elecciones ante Nicolás Maduro el año pasado, convocó a una marcha por el este de Caracas, feudo de la oposición. "Los invito a que el sábado den un rechazo contundente contra los grupos paramilitares. El sábado es una oportunidad para demostrar que la inmensa mayoría de los venezolanos rechazan lo que está pasando", informó.

Con su llamado pareció volverse a colocar a la cabeza visible de la oposición, luego de que en los últimos días el protagonismo había sido ocupado por el sector radical de la Mesa de Unidad Democrática, cuyos dirigentes promueven la táctica de ocupar las calles para conseguir un cambio de gobierno. Entre ellos está Leopoldo Lopez, preso por incitación a la violencia en una cárcel militar cerca de Caracas, luego de que el jueves por la noche le fuera confirmada la prisión preventiva, que podría ser de hasta 45 días.

"Este es un ataque más que llegó un poco al límite porque lo llevaron a la cárcel y eso tiene sus consecuencias. Muchos venezolanos están de la misma forma indignados y encarcelados, y no por Leopoldo sino por cómo están viviendo los venezolanos", dijo Lilian Tintori, esposa de López, a una radio costarricense.

Hoy, en un nuevo roce entre el gobierno venezolano y los medios de comunicación, la cadena estadounidense de televisión CNN en Español afirmó que Caracas revocó los permisos de trabajo de cuatro de sus periodistas que actuaban en el país. La víspera, Maduro acusó a CNN de querer hacer ver que en el país hay una "guerra civil" y amenazó con bloquear su difusión. La semana pasada el gobierno ordenó sacar del aire en Venezuela al canal colombiano de noticias NTN24.

Las protestas estudiantiles han sido cotidianas en Caracas, San Cristóbal (Táchira, fronterizo con Colombia) y Valencia, entre otras ciudades. Al caer la noche derivan en enfrentamientos entre grupos radicales y policías, además de intervenciones de individuos armados sin identificaciones. Reportes coincidentes de opositores y prensa informaron hoy sobre actos de intimidación durante la madrugada por parte de civiles armados en Valencia (norte), donde hubo protestas por la muerte de una joven modelo herida de un balazo durante una marcha estudiantil, y en Táchira donde se originaron las protestas el 4 de febrero.

Su capital, San Cristóbal, estaba hoy en calma, pero desde hace días se observan comercios cerrados y calles cortadas. La palabra "paz" se leía en los restos de una antigua tanqueta que era exhibida como un monumento, y que fue derribada por manifestantes. Táchira es una de las zonas con mayores desmanes y el gobierno, que califica las protestas como un intento de golpe de Estado, anunció el desplazamiento de un batallón paracaidista, tras denunciar que había paramilitares colombianos trabajando para la oposición.

En las protestas "hay muchos grupos armados que parecen no pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Yo no entiendo por qué esos grupos armados están actuando de manera libre, impunemente", denunció en tanto el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa. Reporteros de la AFP fueron testigos la madrugada del jueves en Caracas del desplazamiento, en actitud intimidatoria contra grupos de estudiantes, de columnas encabezadas por un par de pickups cargadas de individuos con megáfonos, y escoltados por una docena o más de motociclistas, todos sin identificación.

Maduro, quien ha negado la existencia de paramilitares oficialistas, denuncia la existencia de sicarios reclutados por opositores "golpistas" y prometió en televisión "echar del chavismo" a quien esté armado. El ministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, advirtió hoy que la estatal PDVSA suspenderá el suministro de gasolina en las zonas donde continúen las manifestaciones estudiantiles.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por las denuncias de ataques de civiles armados y policías contra manifestantes y periodistas en Venezuela, tras semanas de protestas que han dejado al menos ocho muertos.

La CIDH dijo en un comunicado que está "profundamente preocupada" por denuncias de "supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión" en Venezuela.

En la peor ola de descontento contra el presidente Nicolás Maduro, electo hace diez meses tras la muerte de Hugo Chávez, estudiantes y opositores han salido a las calles por más de dos semanas a quejarse de la escasez, la elevada inflación y la inseguridad galopante.

Reportes de prensa y opositores informan de ataques de grupos de civiles armados y con insignias progobierno contra los manifestantes, una denuncia a la que la CIDH le "ha prestado especial atención".

La Comisión condenó en el documento "cualquier actuación de esta naturaleza" y llamó a las autoridades venezolanas a desarmar esos grupos y sancionar sus crímenes, así como garantizar la seguridad ciudadana.

La Comisión también alertó sobre las denuncias de supuesto "uso excesivo" de la fuerza por los agentes de seguridad en el control de las protestas, incluyendo heridos por la represión, detenciones irregulares de una centena de manifestantes y "malos tratos" contra éstos.

El órgano regional abogó por que el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, en prisión y acusado de instigación a la violencia, sea "imparcial", denunciando el uso de la justicia en Venezuela para "criminalizar" la protesta y perseguir a opositores al gobierno.

La Comisión, con sede en Washington, evalúa además denuncias de detenciones y agresiones físicas a periodistas en las protestas, así como la incautación de material periodístico por agentes del orden.

Además, el órgano regional "sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela", así como las denuncias de interrupción del servicio de internet en el occidental estado Táchira, donde estallaron las protestas el 4 de febrero.

En Venezuela, la cobertura de las protestas es limitada en las televisiones locales en el marco de una restrictiva ley. Además, el gobierno sacó de las cableras el canal de noticias colombiano NTN24 y el estadounidense CNN En Español denunció que a varios de sus periodistas les fueron revocadas sus acreditaciones.

Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela recibieron una mayor condena del director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien acusó al gobierno de Maduro de usar las "tácticas habituales de regímenes autoritario".

"Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles", añadió.