La Infanta Cristina será juzgada por delito fiscal en España

El juez José Castro dictó apertura de juicio oral "contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública".

Madrid

El juez José Castro finalmente ha mandado a la Infanta Cristina al banquillo de los acusados en el llamado “Caso Nóos” por dos delitos fiscales, junto a su marido, Iñaki Urdangarin. Además, el magistrado ha impuesto a la hermana del Rey de España, Felipe VI, una multa de 2. 6 millones de euros, es decir, tres millones de dólares, en concepto de responsabilidad civil.

Apenas conocida la decisión del juez Castro respecto a la Infanta Cristina, la Casa del Rey expresó su “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”. El juez considera a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que Urdangarin defraudara hasta 337,138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

Todo lo decidió Castro en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que dictó hoy y en el que finalmente resolvió no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

Mientras que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

Interpuso sociedad para ocultar identidad

En su escrito, el juez  apuntó que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturara a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se trataran, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su ex socio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas.

A través de esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6.2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin “nunca hubiera podido tener lugar” sin la “necesaria intervención” de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.

“La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma”, indicó la entidad en su escrito de acusación, en el que reclamó además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2'022,861 euros.

Castro desestimó de este modo la petición efectuada por la defensa de la Infanta, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar “jurídicamente inadmisible” que pudiera sentarse en el banquillo.

Los letrados sostienen que sobre su clienta no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas. Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a “sospechas” y a un “raquítico ‘pudo saber”", lo que a su juicio la sitúa en una “posición de indefensión”.

De hecho, considera que no hay “dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva” de la participación de Cristina en un supuesto fraude al fisco.

La decisión del juez Castro era esperada para mañana pero fue precisamente hoy cuando el magistrado acabó con el suspenso en el llamado “Caso Nóos”. De acuerdo a los tiempos judiciales, se contempla que el juez se realice a mediados del próximo año.