La justicia española rebaja la fianza a la infanta Cristina

La Audiencia provincial de Palma de Mallorca rebajó la cantidad a pagar para hacer frente a multas por fraude fiscal a la hermana del rey de 2.697 millones a 449,525 euros.
La infanta Cristina (c) sonríe al llegar al tribunal en Palma de Mallorca, el pasado 8 de febrero de 2014
La infanta Cristina (c) sonríe al llegar al tribunal en Palma de Mallorca, el pasado 8 de febrero de 2014 (AFP)

Madrid

La justicia rebajó hoy la fianza que había sido impuesta a la infanta Cristina, hermana del rey de España, para hacer frente al pago de multas por fraude fiscal de 2,697 millones a 449,525 euros.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca considera que actualmente "no existen elementos bastantes para considerar la probabilidad de imposición de multa por cada delito contra la Hacienda Pública del máximo legal", según un auto judicial hecho público hoy.

El juez instructor del caso había calculado la máxima cantidad a la que podría ser condenada la infanta para imponerle una fianza de 2,697 millones de euros al redactar su auto de apertura de juicio oral contra la hermana del rey Felipe VI de España. Sin embargo, la Audiencia no comparte que la cuantía impuesta como fianza sea "la máxima pena de multa posible legalmente".

Recuerda que la infanta Cristina será juzgada como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales y no como autora de los mismos por lo que considera que lo más probable es que la multa pueda ascender, no al máximo legal, sino al total defraudado más un tercio, lo que daría 449,525 euros.

La Audiencia de Palma ha estimado así parcialmente el recurso presentado en junio por la infanta en el que consideraba "absolutamente desproporcionada" la fianza impuesta por su responsabilidad civil como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.

La hermana del rey comparecerá en un juicio, que aún no tiene fecha, acusada de cooperar en dos delitos fiscales relacionados con los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarín, que será juzgado por malversación, delito fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo.

Este último es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, en el Instituto Noos, que él presidía. Las cantidades concernidas ascienden a 6.1 millones de euros (6.6 millones de dólares).

El juez José Castro, instructor del caso, sospecha que Cristina cooperó "activamente" con Urdangarín utilizando para fines personales una parte del dinero presuntamente malversado, mediante una empresa pantalla, Aizoon, propiedad de ambos a partes iguales.

Sus abogados, en cambio, afirman que la infanta "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio".