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Lunes , 23.07.2018 / 12:17 Hoy

Investigan pagos a empresa de campaña electoral de Rousseff

La empresa que llevó la campaña electoral de la presidenta de Brasil es sospechosa de recibir fondos ilícitos vinculados con Petrobras porque no registró sus servicios en Hacienda.

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Notimex

El Tribunal Superior Electoral de Brasil pidió a la fiscalía que investigue por actividades irregulares a una empresa que habría recibido 500 mil dólares de la campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff en octubre pasado.

El juez Gilmar Mendes solicitó que el Ministerio Público investigue las actividades de la empresa de Angela María do Nascimento Sorocaba, abierta en agosto de 2014, que habría emitido facturas por 1.6 millones de reales (unos 500 mil dólares) en un mes.

Un informe de Hacienda de Brasil señala que la empresa, proveedora de productos publicitarios para la campaña de Rousseff en su reelección, es sospechosa por "no presentar registro de entrada de materiales, productos o servicios".

El magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del tribunal electoral, alegó que la empresa en cuestión fue creada sólo dos meses antes de ser contratada por la campaña electoral de Rousseff y que no explicó en su documentación los servicios que prestó, informó hoy el TSE.

Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefe de Estado son señaladas por la oposición como posible justificativa para abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.

En su petición a la Fiscalía para que investigue las posibles ilegalidades, Mendes aseguró que la secretaría de Hacienda del estado de Sao Paulo informó de que la empresa Angela María do Nascimento Sorocaba-ME emitió recibos por 1.6 millones de reales en nombre del comité de campaña sin comprobar que prestó servicios para la misma.

El magistrado agregó que la empresa fue creada en agosto de 2014, dos meses antes de las elecciones presidenciales, y solo funcionó hasta septiembre de ese mismo año. Dijo igualmente que la empresa no tiene registro de haber comprado materiales o productos para ofrecer los servicios por los que supuestamente fue contratado para la campaña electoral.

Voceros de la empresa Embalac, controladora de la firma cuestionada, informaron de que abrieron una microempresa antes de las elecciones para poder ofrecer servicios contratados por la campaña electoral de Rousseff sin superar el techo de la facturación que les permite obtener beneficios fiscales como pequeña empresa.

La Embalac, que produce materiales publicitarios como banderas y pancartas, alegó que el procedimiento es legal y que su único objetivo fue reducir el pago de impuestos. Pese a que el Tribunal Superior Electoral aprobó las cuentas de campaña de la presidenta en diciembre pasado para permitirle que tomara posesión, dejó pendientes algunas aclaraciones.

Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político para poder destituir a Rousseff carecen de argumentos jurídicos para ello hasta ahora y esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificativa en su proceso.

Rousseff, cuya popularidad está en mínimos históricos, enfrenta una grave crisis política que generó disidencias entre los partidos oficialistas y que se agravó con el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras, que ha salpicado a decenas de políticos que apoyan a la mandataria.

La jefe de Estado también ha sido cuestionada por la crisis económica de Brasil, cuyo producto interno bruto (PIB) solo creció un 0,1 % el año pasado y puede sufrir este año, según las últimas proyecciones, una contracción de hasta el 2 %, en medio de altas tasas de inflación y un índice de desempleo creciente.

El juez Gilmar Mendes pidió el pasado viernes que la policía federal brasileña y la fiscalía general investigaran la campaña de Rousseff, para dilucidar si recibió fondos ilícitos vinculados con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Augusto Mendoça, ejecutivo de la empresa Toyo Setal, detenido en el marco de la Operación Lava Jato sobre los desvíos en Petrobras, aseguró a la policía en diciembre pasado que las firmas que obtenían contratos con la petrolera debían pagar comisiones.

Estos recursos, entre otras formas, eran encubiertos como donaciones a las campañas de los partidos. Mendoça dijo que esos pagos habrían servido, entre otros fines, para las campañas presidenciales de 2010 y de 2014 de Rousseff.

La justicia investiga a medio centenar de políticos, incluido el presidente del Congreso, y un centenar de altos funcionarios de Petrobras y de constructoras, como parte de una trama que desviaba dinero de la petrolera mediante contratos sobrefacturados hasta en 20 por ciento.

La petrolera estatal admitió en abril que la sobrefacturación y el pago de propinas le habría causado un perjuicio de unos dos mil millones de dólares, pero la policía brasileña estima que esta cifra podría aumentar a más de seis mil 300 millones de dólares.

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