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Jueves , 24.05.2018 / 22:38 Hoy

Incidentes y quema de vehículos en nuevas protestas en Venezuela

Dos vehículos, uno en Caracas y otro en San Cristóbal, así como una universidad en Barquisimeto, fueron incendiados, mientras el partido Voluntad Popular del dirigente opositor preso Leopoldo López, tildó hoy de "mont

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EFE

Una nueva jornada de incidentes se registró hoy en Venezuela donde al menos dos vehículos, uno en Caracas y otro en la occidental San Cristóbal, y una universidad en Barquisimeto (noroeste) fueron incendiados. "En este momento incendian vehículo transporte de GNB (policía militarizada) en la Av. Francisco de Miranda, así como vehículos en Universidad Fermin Toro, Bqto.", indicó en su cuenta de Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Vladimir Padrino.

El alcalde del municipio capitalino de Chacao donde sucedió la quema del vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramón Muchacho, sostuvo, también a través de Twitter, que los responsables de la quema de esta camioneta fueron un "grupo de encapuchados". Por la mañana, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, también denunció la quema de un camión de suministro de gas en la ciudad de san Cristóbal, en el occidente venezolano.

"Los grupos terroristas acaban de quemar un camión de Distribución de Gas en San Cristóbal. Nosotros seguiremos trabajando. Venceremos!", señaló a través de su cuenta de Twitter. Venezuela vive una ola de protestas pacíficas contra las políticas del Ejecutivo, encabezadas por la oposición y estudiantes desde el pasado 12 de febrero, que en ocasiones se han vuelto violentas y que dejan a día de hoy un saldo de 41 muertos y más de 700 heridos.

De otra parte, el partido Voluntad Popular (VP), al que pertenece el dirigente opositor preso Leopoldo López, tildó hoy de "montaje" las acusaciones del ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, en las que le involucraba en una supuesta conspiración para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Es una olla, montaje, difamación, que lo que busca es someter al escarnio público a aquellos que en Venezuela estamos luchando por recuperar la democracia", afirmó en rueda de prensa el alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, David Smolansky, perteneciente a VP. Rodríguez reveló el viernes pasado un supuesto organigrama para desestabilizar al Ejecutivo en el que estarían implicados, entre otros, dirigentes de VP y un despacho de abogados de Miami (EU) y que habría mantenido contactos con el Nobel alternativo estadunidense Gene Sharp.

"Lo que está viviendo Venezuela es sin duda alguna un plan de conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al Gobierno legítimamente instaurado en el país y que ese plan obedece a un objetivo estratégico permanente del Departamento de Estado de EU, eso está clarito", dijo el ministro entonces.

Para Smolansky, las acusaciones contra VP son una muestra de que el Ejecutivo quiere "anular, desaparecer, aniquilar" a los integrantes del partido. "En ningún momento con esas amenazas, con esos señalamientos nos va a hacer renunciar a nuestros principios (...) claudicar en nuestra lucha", afirmó el alcalde de El Hatillo.

Añadió que el planteamiento defendido por VP y López continúa siendo "que haya un cambio de sistema" pero, puntualizó, "un cambio de sistema (...) de manera constitucional, democrática y pacífica". "Eso no es ningún delito porque lo que estamos exigiendo lo amparan la Constitución y las leyes", enfatizó. López, quien encabeza el partido VP, se encuentra preso desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar acusado de instigar incidentes violentos.

El dirigente político se mantiene a la espera de un juicio en el que la Fiscalía le acusa de presuntamente incurrir en los delitos de "determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir" por los hechos violentos del 12 de febrero. Venezuela vive una ola de protestas pacíficas contra las políticas del Ejecutivo, encabezadas por oposición y estudiantes desde el pasado 12 de febrero, que en ocasiones se han vuelto violentas y dejan a día de hoy un saldo de 41 muertos y más de 700 heridos.

Para tratar de buscar una salida, el gobierno de Maduro y la oposición han iniciado un diálogo que cuenta con los buenos oficios del Vaticano y la Unión de Naciones del Suramericanas (Unasur). La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe divulgado hoy que las fuerzas de seguridad de Venezuela incurren en un "patrón sistemático de abusos" contra manifestantes opositores, incluyendo la tortura, con el fin de inhibir las protestas.

HRW encontró "evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad", señala el documento. En ocasiones, fiscales y jueces "conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos, incluyendo serias violaciones de sus derechos de debido proceso", denunció la organización con sede en Nueva York.

Según el documento de un centenar de páginas, titulado "Castigados por protestar", los "integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas". "Estos hechos no son aislados y constituyen un patrón sistemático de abusos", dijo el director del capítulo americano de HRW José Miguel Vivanco, al presentar el informe en Washington.

"El presidente (Nicolás) Maduro no puede, ni debe, ni pudo ignorar estos hechos y debe cesar de atribuirle la responsabilidad por la violencia y los abusos a la oposición, llamándoles fascistas", afirmó. Una investigación de HRW en marzo -durante el pico de las protestas- halló "numerosas evidencias" de abusos en 45 casos que involucran a más de 150 víctimas en Caracas y los estados de Carabobo, Miranda y Lara.

En casi todos los casos, uniformados recurrieron "reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza", así como "descalificaciones políticas" contra manifestantes pacíficos y desarmados, incluso después de que estuvieran detenidos, según el informe. En al menos diez casos, "los abusos claramente constituyeron tortura", y en otros trece fueron dirigidos contra fotoperiodistas o personas que tomaban imágenes de la represión policial.

Para Vivanco, esta situación "representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años". El país suramericano se está convirtiendo en una "anomalía" en derechos humanos en América Latina frente a otros países como Chile o Brasil, donde los casos extremos de abusos policiales en las recientes protestas recibieron la condena de las más altas autoridades, aseguró el directivo.

El gobierno venezolano calificó a las protestas de "golpe de Estado en desarrollo" y afirma que la violencia es producto de dirigentes opositores o de los manifestantes, que han bloqueado calles y enfrentado con piedras o bombas molotov a las fuerzas de seguridad. Pero esos casos son una "reducida minoría", señaló Vivanco.

Según el director de HRW, "ese lenguaje que utiliza el gobierno al más alto nivel (...) procura un ambiente donde los agentes del Estado y estas pandillas armadas se sienten respaldados para actuar con violencia contra los supuestos conspiradores". "Evidentemente lo que se busca es imponer el temor y amedrentar" a los manifestantes, afirmó.

En un comunicado, el senador demócrata Robert Menéndez pidió al gobierno venezolano "rendir cuentas y dar una explicación clara" sobre esas denuncias de abusos y llamó a Maduro a tomar acciones para proteger a los venezolanos. La violación de derechos humanos durante las protestas en Venezuela será objeto de una audiencia el jueves en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que Menéndez preside.

Las manifestaciones callejeras han disminuido en intensidad, mientras la Fiscalía venezolana realiza 145 investigaciones por violación de los derechos humanos, la mayoría por trato cruel.


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