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Miércoles , 17.10.2018 / 05:26 Hoy

Gobierno venezolano acusa a Fiscalía de generar impunidad

Las acusaciones se producen después de que la fiscal general, Luisa Ortega, responsabilizara a la militarizada Guardia Nacional por la muerte de un joven y cientos de heridos en las manifestaciones.


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El gobierno venezolano acusó este miércoles a la Fiscalía de generar un "clima de impunidad" frente a hechos de violencia de la oposición en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejan 55 muertos desde el 1 de abril.

"Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia", dijo el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

Sus acusaciones se produjeron después de que la fiscal general, Luisa Ortega, responsabilizara a la militarizada Guardia Nacional por la muerte de un joven y cientos de heridos durante las manifestaciones.

De este modo se profundiza la fisura por la fiscal en filas del oficialismo, tras denunciar una ruptura constitucional por decisiones de la máxima corte contra el Parlamento, de mayoría opositora.

El ministro defendió la actuación de los agentes policiales y militares, a los que la oposición acusa de una "salvaje represión".

"El gobierno reivindica la actuación de los diferentes cuerpos de policía, de seguridad, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su estricto apego a la Constitución y las leyes", expresó Reverol.

Este miércoles, Ortega acusó a un oficial de la Guardia Nacional -aún sin identificar- por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril. Informó que el joven falleció por el impacto de una bomba lacrimógena, versión que habían negado altos funcionarios gubernamentales.

El ministro reiteró su denuncia sobre la existencia de "bandas delincuenciales que atacan instalaciones militares", a las que vincula con partidos opositores.

También acusó a la Fiscalía de favorecer a implicados en delitos, al pedir a los jueces su libertad.

Según la ONG Foro Penal, el gobierno ha recurrido a cortes marciales para imputar a personas a las que el Ministerio Público se niega a procesar por falta de pruebas.


jamj

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