General de EU se enfrenta a 15 años de prisión por abusos

Una capitán acusa al general de brigada Jeffrey A. Sinclair de obligarle a practicar sexo oral dos veces cuando ambos estaban en Afganistán en 2011.

Washington

La defensa del general de brigada del Ejército estadunidense Jeffrey A. Sinclair no consiguió hoy que un juez militar rechazara los cargos de abuso sexual de una capitán, los más graves, que le pueden acarrear hasta la cadena perpetua. Sinclair se ha declarado culpable de tres de los cargos menores por adulterio, un delito en las Fuerzas Armadas de EU, por los que se enfrenta a una segura salida del servicio militar y a un máximo de 15 años de cárcel.

No obstante, el coronel James Pohl, juez castrense del caso, se negó hoy a desestimar los otros cinco cargos a los que se enfrenta Sinclair por abuso sexual de su subordinada, quien asegura que el general, uno de los oficiales más prometedores del Ejército, le obligó a practicar sexo oral en dos ocasiones cuando ambos estaban en Afganistán en 2011.

El general, casado y que mantuvo una relación extramatrimonial de tres años con la demandante, también ha reconocido haber mantenido "relaciones impropias" con otras dos soldados. Los cargos más graves de que se acusa al general podrían acarrearle la cadena perpetua en una prisión militar. La defensa alega que la capitán, unos 20 años más joven que Sinclair, de 51, se inventó las acusaciones de abuso sexual para evitar ser procesada también por el delito de adulterio.

Además, los abogados de Sinclair intentaron hoy que se retiraran los cargos porque supuestamente el Ejército presionó para que no se llegase a un acuerdo con la acusación y así proyectar una imagen de mano dura contra los abusos sexuales. El juez Pohl rechazó desestimar los cargos de abuso sexual, debido a que la influencia del Ejército en el rechazo del acuerdo con la acusación no fue suficiente como para invalidar el proceso.

Los representantes legales del general también consideran que el clima de opinión perjudica al proceso, ya que este mismo mes el Congreso debatió una legislación para que los superiores al mando de los acusados de abusos sexuales no puedan intervenir en el proceso legal a fin de evitar la ocultación de delitos, algo que finalmente no prosperó.