El fallo contra el Grupo Clarín, bocanada para el kirchnerismo

El poderoso consorcio de multimedios argentino deberá ahora mover sus fichas y adecuarse a la nueva legislación antimonopólica que avaló la Corte Suprema de Justicia y que restituye el optimismo ...
erick4
(null)

Buenos Aires

El aval de la Corte Suprema de Justicia a la Ley de Medios antimonopólica impulsada por el gobierno hace más de cuatro años ha modificado de manera abrupta el panorama político argentino.

En apenas 48 horas, y con la capacidad de reacción menguada por la licencia médica de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo pasó de la derrota al festejo frente al Congreso. Ya no se habla de los flamantes candidatos opositores en condiciones de disputar la presidencia en 2015 surgidos de las legislativas del domingo pasado.

Ahora, el tema es cómo hace el Grupo Clarín para adecuarse a la nueva legislación, votada en octubre de 2009 y suspendida su aplicación inmediatamente por la apelación del grupo empresarial.

Grupo Clarín es el principal conglomerado mediático del país que cuenta, entre otras licencias, con un sistema de televisión por cable de alcance nacional, cuatro canales de televisión abierta, siete estaciones de radio AM y FM, siete canales de cable, el periódico Clarín, revistas, una editorial, participación en una agencia de noticias y en Papel Prensa, única empresa distribuidora del papel periódico en Argentina.

La difusión del fallo inmediatamente después de las elecciones provocó suspicacias y hasta una amenaza de juicio político por prevaricato contra Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte de parte de Lilita Carrió, líder de UNEN, la alianza de centro por la que ella conservó su banca de diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Eugenio Zaffaroni, el integrante del tribunal más cercano a las posiciones del gobierno, se defendió en una entrevista con la televisión pública diciendo que la decisión de sacar el fallo después de las elecciones fue “para evitar que se entendiese que estábamos tratando de determinar sobre el electorado”.

Aunque el fallo ordena el pronto achicamiento del Grupo Clarín, Lorenzetti tuvo que admitir que éste no es el último round, ya que “hay muchas cuestiones que se discuten y que se resolverán más adelante”.

Así lo confirmó Martín Etchevers, gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, quien admitió que en paralelo a la presentación de un plan de desinversión, apelarán a nivel internacional un fallo que “vulnera los artículos del pacto de San José de Costa Rica y la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“La Corte Suprema de la Argentina señala algo esencial: no se puede dejar en manos de un monopolio la construcción de la cultura en una sociedad”, explica a MILENIO María Seoane, directora de Radio Nacional y durante años editora de política del diario Clarín. “Se reconoce a la información como un bien simbólico, que monopolizado y producido por un solo grupo comunicacional poderoso —con 200 licencias más de las permitidas por esta ley— define la vida, la libertad y la cultura de los ciudadanos”.

“En términos políticos, es una enorme derrota (para Clarín) porque su argumento central de que ésta es la pelea de la libertad de expresión contra un gobierno autoritario no ha sido tomada por la Corte Suprema (ni siquiera por el empresariado, ni la clase política argentina donde la empresa es más temida que respetada)”, explicó a su vez a MILENIO Martín Sivak, sociólogo, periodista y autor del exhaustivo Clarín. Una historia (Planeta).

Para Seoane, “se trata de la supremacía social y política de un país por sobre los intereses privados de un monopolio”. Periodista reconocida por sus libros y ganadora del Premio Rey de España, insiste: “El problema es que el Grupo Clarín no solo es un grupo empresario, sino que actúa como partido político del establishment, enmascarado”.

Mientras las acciones del Grupo Clarín acumulaban un derrumbe de 58.34 por ciento en la bolsa de Londres y 32 por ciento solo ayer en la bolsa argentina, Etchevers insistió con que “el gobierno quiere silenciar a los grupos (de medios) que tienen la posibilidad de subsistir sin la necesidad de publicidad oficial”.

Sivak, por su parte, afirma que, “en términos materiales, esto obliga a la empresa a resignar parte de su patrimonio y adecuarse a la ley que, de todos modos, le permitirá mantener una notable posición en el mercado de las comunicaciones”.