Apelan constitucionalidad de espionaje en EU

Es legítimo el derecho del gobierno estadunidense de rastrear a los sospechosos de terrorismo, pero no a los demás ciudadanos, aseguró la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles.
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El pasado viernes, un juez declaró constitucional el rastreo de llamadas (Especial)

Nueva York

La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó hoy una apelación contra la decisión judicial que declaró constitucional el programa de espionaje telefónico del gobierno estadunidense.

La apelación tiene la intención de que se revise la decisión, emitida el viernes pasado por un juez federal de Nueva York, de que el programa de rastreo de millones de llamadas de ciudadanos estadunidenses es constitucional y no excede los lineamientos legales.

El recurso sigue así la batalla legal de ACLU contra el programa de espionaje telefónico implementado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), debido a que este órgano fue el que interpuso la demanda inicial de inconstitucionalidad.

Jameel Jaffer, uno de los abogados encargados del caso, manifestó su convicción de que el programa de rastreo de llamadas de la NSA viola la Constitución, por lo que esperan demostrarlo en la corte de apelaciones.

"El gobierno tiene el interés legítimo de rastrear las asociaciones de sospechosos de terrorismo, pero rastrear esas asociaciones no requiere que el gobierno someta a cada ciudadano a la vigilancia permanente", afirmó.

Jaffer destacó que ACLU rechaza de manera categórica la idea de que la amenaza del terrorismo requiere que los ciudadanos de países democráticos renuncien a sus libertades individuales.

La declaración de constitucionalidad del programa de espionaje telefónico de la NSA fue emitida el viernes pasado por el juez William Pauley, pese a que otro juez de distrito, Richard Leon, había considerado que el proyecto violaba la Constitución de Estados Unidos.

La ACLU presentó en principio la demanda contra los esfuerzos de la NSA porque, como organismo de defensa de los derechos civiles, observó que la posibilidad de que sus conversaciones sean rastreadas ha afectado sus operaciones y la confianza de sus representados.