El 'ingenuo' error del presidente Santos

Someter a prebiscito el histórico acuerdo de paz con las FARC, cuando el Estado tenía facultad para aprobarlo, fue la gran pifia cometida por el mandatario colombiano.
Una manifestante pro negociación grita afuera del lugar donde se reunió el presidente con Uribe.
Una manifestante pro negociación grita afuera del lugar donde se reunió el presidente con Uribe. (Mauricio Dueñas/EFE)

Buenos Aires

Por un ajustado margen de 0.5%, los colombianos rechazaron el domingo pasado un acuerdo de paz que habría dado un final formal a 52 años de guerra interna y habría permitido a los 5 mil 700 combatientes que quedan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reintegrarse a la vida y la política de la nación. Pero con sus votos, los colombianos han desnudado las profundas divisiones geográficas y políticas del país y lo han dejado, una vez más, al borde de lo desconocido.

El presidente Juan Manuel Santos apostó todo su capital político a una consulta que no era necesario convocar porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la paz del país, por medio de un acuerdo pacientemente negociado en Cuba durante casi cuatro años y volcado en un documento de 299 páginas.

Al organizar una fastuosa ceremonia de firma del acuerdo junto al comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, el presidente Santos alejó a tantos votantes como los que atrajo.

Lo cierto es que ni la mente más afiebrada hubiera imaginado que más de la mitad de los votantes, en un país desgarrado por una guerra que ha matado a más de 260 mil personas y ha desplazado a seis millones, iba a rechazar la oferta de paz y las inversiones y prosperidad que esta podría traer. Peor aún: Santos estaba tan confiado en las encuestas que predecían una cómoda victoria, que no tenía un plan B.

El ex presidente de extrema derecha y actual senador Álvaro Uribe, del partido Centro Democrático y que mantiene un gran apoyo en su base local de Antioquia, lideró la campaña por el "no", por motivos ideológicos pero también por su propio interés.

Bajo la presidencia de Uribe (2002-2010) los asesinatos por parte del ejército y de los grupos paramilitares alcanzaron máximos históricos, lo mismo que las apropiaciones de tierras que alimentaron buena parte de la violencia en esa fase de la guerra.

Una investigación nacional confirmó en 2015 que casi la mitad del territorio de Colombia está en manos de 0.4% de la población. Incluso aunque el acuerdo se hubiese aprobado, pocos entre aquellos que consiguieron terrenos a través de la violencia paramilitar están dispuestos a devolverlos.

En Colombia, 53% de la tierra aprovechable está en manos de apenas 2 mil 300 personas. Nada molesta más a esos grandes propietarios que oír hablar de los 10 millones de hectáreas que según el Acuerdo de Paz van a ser entregadas y titularizadas a campesinos pobres sin tierra. Y ello porque el Acuerdo de Paz firmado en La Habna al cabo de difíciles y prolongadas negociaciones contempla que sean devueltas a sus propietarios originales, una parte significativa de los siete millones de hectáreas despojadas durante el conflicto.

Enrique Santiago Romero, asesor jurídico de las FARC, sostiene que "el resultado del plebiscito tiene un efecto político muy grave, y por tanto Colombia tiene un problema político que debe resolver de forma urgente, por medios exclusivamente políticos, no jurídicos".

"Aunque se abra un diálogo político, la salida de este laberinto será muy compleja, porque lo que ha movido los hilos por debajo de la dura campaña que triunfó con esta decisión política tan sorprendente, es un enconado duelo entre Uribe y Santos", añade.

Jaime Abello, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, destaca que "la guerra que se ha venido dirimiendo no es solo contra las FARC, sino una despiadada lucha por el poder entre las élites de Colombia".