De las armas a las finanzas, de la contaminación al metano; mano a mano con la mayoría republicana en el Congreso, el presidente Donald Trump desarma reglamentaciones impuestas por Obama y repudiadas por las empresas.
Apenas pisó la Casa Blanca, el magnate republicano congeló toda nueva reglamentación a punto de ser finalizada y ordenó que por cada reglamentación nueva otras dos sean suprimidas. “Creemos posible eliminar 75% de las regulaciones”, dijo Trump ante empresarios en el Salón Oval el 23 de enero pasado.
Aunque sus consignas son algo vagas, de todas formas muestran la voluntad de los republicanos de responder a demandas de grupos de presión que volcaron cientos de millones de dólares en cabildeo y financiamiento de campañas electorales.
En los hechos, Trump puede retardar o reexaminar pero no puede anular a golpe de lapicera reglamentos vigentes durante muchos años.
Por ello, los republicanos desempolvaron una ley de 1996 que les permite, por un voto, revocar toda reglamentación finalizada en los últimos seis meses de la administración anterior.
De esa forma ya derogaron:
* Una prohibición de verter en los ríos los residuos de la extracción de carbón.
* Una norma anticorrupción que obligaba a las petroleras a declarar todo pago a gobiernos extranjeros, incluidos impuestos y royalties.
* La obligación de las petroleras de reducir las fugas de metano de sus pozos.
- la prohibición de vender armas de fuego a personas que cobran subsidios por problemas mentales.
Trump firmó contra la reforma al sistema financiero de la ley Dodd-Frank adoptada tras la gran recesión de 2008-09 y también derogó la norma que obligaba a los consejeros financieros a obrar en favor de sus clientes.
Todo ese arsenal de reglamentos estaba en la lista negra de organizaciones empresariales poderosas, como la Cámara de Comercio de EU o Freedom Partners.
Ambas entidades acusaron a la administración de Barack Obama de imponer costos excesivos a las compañías, especialmente en lo que hace al medio ambiente.
Por eso están ante la justicia normas emblemáticas de Obama, como el Plan de Energías Limpias, que busca frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Decenas de organizaciones empresariales presionan al Congreso para que reduzca el poder de las agencias federales.
También están en la mira del gobierno las inspecciones. La administración podría frenar los controles y sustituir multas por advertencias. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) podría convertirse en meramente decorativa, según el sitio especializado Inside EPA.
Con los demócratas en minoría en el Congreso, la resistencia se aglutina en torno a las organizaciones ciudadanas, grupos ambientalistas o asociaciones de consumidores. Los cuatro años próximos se perfilan como de una guerrilla judicial constante.
“Cada derogación será apelada ante la justicia. Habrá muchos obstáculos”, asegura Rebecca Buckwel, del instituto Center for American Progress. “Pero, entretanto, no se aplicarán las reglamentaciones y no será posible determinar nuevas reglas”, afirmó.
