"Orden ejecutiva" o gobernar por decreto

Mediante las denominadas "órdenes ejecutivas", Trump ejerce su autoridad ejecutiva de manera vinculante de acuerdo al artículo II de la Constitución.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto con el que se permite la construcción de dos oleoductos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto con el que se permite la construcción de dos oleoductos. (Reuters)

Washington

Con el decreto presidencial, el hombre fuerte de la Casa Blanca tiene un instrumento de poder que le ofrece una alternativa al proceso legislativo.

Mediante las denominadas "órdenes ejecutivas", Donald Trump ejerce su autoridad ejecutiva de manera vinculante de acuerdo al artículo II de la Constitución estadunidense. Desde el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, fueron firmados más de 13 mil decretos.

Para actuar contra un decreto presidencial, el Congreso puede prohibir por ley los recursos financieros para su implementación. Por otro lado, el presidente puede vetar esta medida, que el Congreso a su vez puede volver a revocar con una mayoría de dos tercios.

Estos son los decretos que ha firmado Trump desde el viernes pasado:

- Retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, impulsado por la gestión de Barack Obama para contrarrestar el peso comercial de China.

- Congeló las contrataciones y compras del Estado, con excepción de las destinadas a las fuerzas armadas. Eso, como parte de su anunciado objetivo de "reducir el Estado".

- Decreto contra Obamacare. La orden ejecutiva insta a los departamentos gubernamentales a flexibilizar la regulación relacionada a la reforma sanitaria, mientras el Congreso debate cómo derogar y reemplazar la ley.

- Trump estampó su firma en la exención legislativa aprobada por el Senado a la ley que prohíbe que un militar retirado hace menos de siete años, como es el caso de James Mattis, fuera nominado para liderar el Departamento de Defensa.

- Otra orden ejecutiva prohíbe la financiación con dinero oficial a cualquier entidad extranjera que realice abortos en Estados Unidos y difunda información sobre esta práctica.