La corrupción se vuelve contra el PSOE a un mes de las elecciones

Dos ex presidentes socialistas de la región de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se sentarán ante los tribunales por el "caso de los ERE, las irregularidades en la gestión de fondos ...
Fotografias de archivo de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán (i), procesados por el "caso de los ERE"
Fotografias de archivo de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán (i), procesados por el "caso de los ERE" (EFE)

Madrid

El látigo de la corrupción, con el que el Partido Socialista (PSOE) atizó en los últimos meses a su gran adversario, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, se volvió hoy contra la formación tras el procesamiento de dos de sus históricos: los ex presidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A menos de un mes de las elecciones generales del 26 de junio en España, el juez que instruye la parte "política" del llamado "caso de los ERE", que investiga un presunto desvío de fondos públicos en Andalucía, dio el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a los ex presidentes de la región del sur de España.

Prevaricación administrativa

En el auto notificado hoy, el juez encargado del caso considera que ambos ex presidentes regionales habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión, aunque a Griñán también le imputa el de malversación.

Según el auto, Chaves (presidente entre 1990 y 2009), que también fue presidente del PSOE (2000-2012), "conocía la ilicitud" del sistema arbitrario que se empleaba, por lo que el auto rechaza sus supuesta "ignorancia" en el asunto.

La gestión irregular de los fondos públicos, conocido como el "caso de los ERE", carece de "una explicación mínimamente razonable" y formaba parte de un plan "originalmente establecido" que se mantuvo hasta que fue descubierto en 2011.

Este caso, conocido como el "caso de los ERE", está considerado como el mayor escándalo de corrupción en Andalucía -el mayor caladero de votos socialistas- e involucra a 51 ex altos cargos del Gobierno regional, aunque el número de imputados o investigados ya alcanza los 275.


Las supuestas irregularidades cometidas por estos cargos fueron detectadas por la Guardia Civil española en 2011, que sacó a la luz un complejo sistema de concesión de ayudas del Ejecutivo andaluz basado en "decisiones discrecionales" dirigido a planes de prejubilación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de más de 60 empresas entre 2001 y 2011.

Según la investigación, estas ayudas beneficiaron a personas que no estaban afectadas por los ERE, sin relación laboral con las empresas afectadas y sin derecho a percibirlas; se entregaron de forma indiscriminada, de forma subjetiva y para responder exclusivamente a intereses personales.

Se repartieron 854.8 millones de euros

Con este procedimiento se repartieron de forma arbitraria al menos 854.8 millones de euros (unos 952.4 millones de dólares al cambio actual), indica el juez, quien subraya que el manejo del dinero se hizo así pese a las indicaciones contrarias recibidas por las autoridades nacionales y regionales, y dos entidades externas, el despacho de abogados Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.

Junto con los ex presidentes andaluces, que se dieron hoy de baja del partido socialista PSOE -segunda fuerza en el Congreso español y primera en Andalucía-, el juez incluye a otros 26 investigados (imputados), entre los que se encuentran seis personas que ocupaban altos cargos en sus administraciones.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en el PSOE, que defendió la inocencia de Chaves y Griñán. Ambos procesados, referentes del socialismo español y ex ministros del Gobierno del país, pidieron la baja en el partido de forma voluntaria hasta que haya sentencia.

Las reacciones no tardaron en llegar. Fuerzas políticas como el PP, el izquierdista Podemos o el liberal Ciudadanos tildaron de "vergüenza", "bochorno", "decisión extremadamente grave" y también de "buena noticia" el procesamiento de los ex dirigentes socialistas.

"Estamos esperando que Pedro Sánchez nos dé explicaciones. Todos los españoles se las piden", dijo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, citando al líder del PSOE.

Sánchez, quien en la campaña electoral de los comicios españoles del 20 de diciembre llamó "indecente" a Rajoy por los casos de corrupción que salpican a su partido, trató hoy de minimizar el impacto del procesamiento de Chaves y Griñán. "Yo soy un político limpio", dijo antes de prometer que, si consigue gobernar, su Ejecutivo será el de la "honradez intransigente".

En las elecciones de diciembre, el socialista quedó en segundo lugar tras Rajoy. Los comicios se repiten ahora porque los partidos no fueron capaces de alcanzar en estos meses un acuerdo de Gobierno.

"Caso de los ERE", arma del PP

El "caso de los ERE", que investiga el presunto desvío de más de 850 millones de euros de dinero público dirigido a trabajadores y empresas afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) entre 2001 y 2011, ha sido durante meses el arma utilizada por el PP para responder a los ataques de los socialistas por la corrupción.

La formación conservadora, que gobierna en España actualmente de forma interina, se vio lastrada en los últimos años por escándalos como el "caso Gürtel" o el llamado "caso Bárcenas", que investiga una presunta financiación ilegal en el partido.

Ahora, la sombra de los ERE recae de nuevo sobre el PSOE. Tras más de cinco años de pesquisas, el juez Álvaro Martín emitió hoy el auto de procesamiento de Chaves y Griñán y de otros seis ex responsables del Gobierno de Andalucía, tradicional bastión del PSOE en España.

A Chaves, quien estuvo al frente del Gobierno andaluz de 1990 a 2009, le achaca un presunto delito de prevaricación administrativa -que no incluye pena de prisión-, y a Griñán, quien le sucedió hasta 2013, le imputa, además, malversación de caudales públicos.

La juez que inició la investigación, Mercedes Alaya, señaló a los dos ex presidentes regionales en un primer momento, pero como ambos eran entonces parlamentarios y, por tanto, aforados, su caso pasó al Tribunal Supremo, que en 2014 abrió una investigación contra ellos. A raíz de su imputación, en junio de 2015, ambos renunciaron a sus escaños y se retiraron de la política activa. El caso volvió a los juzgados de Sevilla.

Chaves, de 70 años, y Griñán, de 69, declararon el lunes por el presunto fraude ante los partidos representados en el Parlamento de Andalucía, donde admitieron la posibilidad de que hubiera habido "irregularidades" en torno a la gestión de ayudas públicas, pero negaron que ellos toleraran alguna "ilegalidad" o "fraude".