Cocaína para el Mundial

En estos bosques subtropicales surcados por caudalosos ríos se forma una hondonada gigantesca; es el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por sus siglas como “el VRAEM”.
Los campesinos la siembran para venderla a los intermediarios conocidos como “las firmas”.
Los campesinos la siembran para venderla a los intermediarios conocidos como “las firmas”. (Sandra Weiss)

Perú

Aquí se produce 54 por ciento de la coca del país andino, que el año pasado sobrepasó a Colombia para convertirse en el mayor productor de cocaína en el mundo, con unas 340 toneladas anuales. Son las cifras que ofrece Carmen Masías, directora de la agencia antinarcóticos peruana Devida, consultada en su moderno despacho en Lima antes del viaje a este remoto territorio cocalero, y días antes de ser destituida por su intransigencia en el tema de la erradicación.

El comercio está en auge y en metamorfosis: lo que antaño era un negocio de los cárteles colombianos, después de los mexicanos, sobre todo de Tijuana y Sinaloa, ahora pasó a manos de los brasileños. El país sudamericano se convirtió en el segundo destino mundial después de Estados Unidos. El experto Jaime Antezana destaca esta tendencia: la demanda en el gigante sudamericano sube en medio de la fiebre festiva del Mundial de futbol.

 

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Eran las nueve de la noche, llovía y María Esther estaba nerviosa. Acababa de subirse a la miniván que viajaba de San Francisco a Ayacucho. Tenía cuatro kilogramos de cocaína pegada y vendada en las piernas. Era una momia, como llaman ese estilo de tráfico. “Me habían prometido 300 soles (unos mil 350 pesos mexicanos) que necesitaba porque recién habían operado a mi madre y no teníamos con qué pagar la medicina”. Es una joven de 21 años con cara de angelito. No es complicado ganarse unos pesos en el VRAEM, cuenta: “Tienes que ir con los traqueteros, todo el mundo los conoce. Te aseguran que te ayudarán si te pasa algo”.

Fue una mentira. Dos horas después apareció un retén. La acompañante de María Esther llevaba otros seis kilos; se puso muy nerviosa y empezó a llorar. Los militares bajaron a todos. “Una oficial vino hacia mí y me entregué”, cuenta con lágrimas en los ojos, en el patio de cemento de la cárcel de Ayacucho. La condenaron a cinco años que está purgando junto a su hijo menor de año y medio. Aquí casi la mitad de unos dos mil reos están presos por narcotráfico.

Aun sin llevar droga, la ruta entre Ayacucho y el VRAEM es una tortura. El trayecto tarda seis horas por los Andes orientales bordeando siempre el abismo. A dos horas de Ayacucho termina la carretera pavimentada y se necesita un todoterreno con suficiente fuerza para esquivar lodazales, granizadas y huaycos (la palabra quechua para una avalancha de lodo y piedras). El gobierno anterior tenía planeado asfaltar la carretera completa hasta Pichari, la urbanización más grande de la selva, pero el año pasado, remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso quemaron la maquinaria de la empresa contratista.

Cada tanto, emerge de la neblina un retén donde hay que mostrar los documentos y pagar dos soles de “peaje” a los uniformados. Algunos parecen más interesados en el “peaje” que en controlar la carga.

A medida que uno baja hacia la selva aumenta la temperatura y se multiplican las casas pintadas con hojas de coca. Es un símbolo político, ya que en octubre hay elecciones regionales y para ganar en el VRAEM, hay que apostarle a la hoja de coca. “Tienes que aliarte con el narco porque ellos pagan a los votantes. Así convirtieron un cocalero analfabeto en el alcalde de Sivia”, comenta un dirigente regional. En el Partido Nacionalista, del presidente Ollanta Humala, hay varios diputados cocaleros, y algunos, como Nancy Obregón y Elsa Malpartida, son incluso investigados por narcotráfico.

 

DE AUTODEFENSAS A NARCOS EN LA JUNGLA

La alianza entre la política y el narcotráfico tiene por lo menos dos décadas. “Todo empezó en 1992”, recuerda bajo condición de anonimato un ex comandante de las autodefensas que se formaron en los años de la guerra civil para hacer frente a los abusos de Sendero Luminoso. “Nos convocaron a todos a una reunión. Fuimos los líderes de las autodefensas, los militares, los alcaldes y unos 15 representantes de las firmas locales”.

Las “firmas”, que son los acopiadores locales de la droga, son intermediarios que la venden luego a los grandes cárteles, aunque hoy se vende sobre todo al Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo criminal brasileño con base en Sao Paolo. “En esa reunión quedó establecido que las firmas iban a pagarnos el 10 por ciento de cada carga y que se iba a repartir en partes iguales a cada grupo presente para fomentar la lucha antisubversiva y el desarrollo de la región”, cuenta el ex comandante.

El impuesto quedó registrado como “contribución del comerciante No. 2” y trajo una riqueza inesperada a una región aislada y azotada por la guerra. En los años setenta, campesinos alto-andinos habían intentado hacerse una vida nueva en esa zona tropical gracias a la repartición de las tierras durante la reforma agraria, en el gobierno del general progresista Juan Velasco Alvarado. “Empezamos produciendo cacao, café y maíz, pero con la guerra civil quedamos indefensos y todo se vino abajo”, recuerda Luis Guevara, un pionero de la zona y exportador de cacao orgánico.

Con la incursión de Sendero Luminoso, los campesinos se volcaron masivamente hacia la hoja de coca. El arbusto necesitaba poco cuidado, se podía cosechar hasta tres veces por año y los intermediarios venían directo a las fincas a comprar la mercancía. Se la llevaban en avionetas hasta Colombia.

“Todos los días salía una avioneta de aquí”, recuerda Saturnino Huamán Castro, un campesino sesentón, vecino del poblado de Puerto Mayo, el centro neurálgico del negocio en los años noventa. De esos tiempos le quedan los recuerdos y unas mesas de billar, en la antesala de su casita de madera, hoy desvencijadas y cubiertas con tareas de sus nietas y ropa sin doblar. En aquel entonces era el bar más concurrido de la zona.

En el VRAEM solo había una base militar con un helicóptero. Hoy son más de cinco mil efectivos con seis helicópteros. Aun así, los “éxitos no están a la altura del negocio”, admite el comandante policial Jorge Cayas, con grado de coronel. Se incautan anualmente tres toneladas, muy poco frente a las calculadas 180 toneladas que salen de aquí. La cargan las momias o los mochileros, grupos de jóvenes cada uno con 10 kilos de cocaína en la espalda, caminando dos, tres días por los senderos selváticos. La llevan en lanchas por los ríos. La esconden en botellas de plástico introducidas en los tanques de gasolina de los camiones. Y sobre todo, la sacan en avionetas hacia Bolivia.

“Cada día salen seis avionetas del VRAEM, cada una con 300 kilos de cocaína”, son los datos que ofrece Carmen Masías, la alta funcionaria antidrogas peruana. “Y en Santa Cruz hay unas seis escuelas de aviación que ofrecen cursos exprés”. Salir por aire es tentador.

 

 

 

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Bolivia recién votó una ley que permite el derribo de avionetas; en Perú, es un tema tabú desde que por error se derribó en 2001 una avioneta con misioneros estadunidenses. “Estamos amarrados”, se resigna el comandante Cayas. “Aquí, el 85 por ciento colabora con los narcos. Bombardeamos una pista y al día siguiente los pobladores vuelven con retroexcavadoras y le echan cemento”.

Hasta les ponen macetas con palmeras que se retiran a la hora del aterrizaje. Saturnino Huamán dice: “Aquí todos lucran con el negocio, sobre todo los militares. Vendían el keroseno de sus helicópteros a los narcos. Y al que abre la boca, lo desaparecen”, cuenta mientras vende a un vecino unos litros de gasolina que saca con ayuda de una manguera de un barril de plástico.

La gasolina es un ingrediente en la producción de la pasta base y su venta está supuestamente controlada. “Nos acostumbramos a la plata fácil”, dice. Parece algo exagerado en una región donde las cifras oficiales arrojan un 58 por ciento de pobreza. Aunque la casita de Huamán es modesta, las apariencias engañan.

Mandó a estudiar a sus hijos a Lima y les compró casa y carro. Es un patrón común. Entre las firmas peruanas que controlan el primer eslabón del negocio y funcionan según una lógica de clan familiar, reina la discreción. Son muy raros los ajustes de cuentas en el VRAEM y la delincuencia común prácticamente no existe.

 

PICHARI, CORAZÓN COCALERO

Rodeado de plantíos de coca donde los habitantes ocupan las carreteras, las plazas de las iglesias y las canchas de futbol para secar la pequeña hoja verde, Pichari hoy en día es la ciudad más importante del VRAEM. Tiene unos 15 mil habitantes y un comercio pujante. Los jóvenes lucen tenis de marca, jeans ajustados y audífonos. No hay industria y salvo un poco de cacao y café orgánico. Casi todo se trae de Lima.

Aquí abundan las gasolineras, las farmacias, las empresas de insumos agrícolas, las constructoras y las cooperativas de ahorro y crédito con nombres fantasiosas como “Nuevos Horizontes”, “Casa del Pueblo” o “Federación de Mercados”.

En la cooperativa “Juan Pablo II” regalan una moto por un depósito de 50 mil soles. En las farmacias, gasolineras y agronegocios se consiguen insumos para la producción del clorhidrato de cocaína como acetona y amonio. La maquinaria pesada se usa de día para obras públicas y en la tarde arregla una pista en la selva. El palacio municipal es un edificio de concreto de dos pisos con columnas y vidrios polarizados al costado de la plaza principal, un enorme espacio de césped flanqueado por un monumento con inmensas hoja de coca de cemento.

Pichari tenía un festival de la coca en agosto, un gran derroche de cerveza, baile y música en el que las autoridades locales se gastaban fortunas. Hace poco, el alcalde Edilberto Gómez Palomino cambió el nombre a Festival Agropecuario de la Selva. Está bajando el perfil al tema después del anuncio de que este año iban a empezar la erradicación de la coca en el VRAEM. Inmediatamente los cocaleros contestaron con bloqueos y paros. La región parece un polvorín y “nadie quiere asumir el costo social y político de la erradicación”, vaticina el coronel Cayas.

“No estamos en condiciones de erradicar, no hay alternativa social a la coca”, dice vehemente Gómez Palomino, hombre mestizo de lengua suelta y con un reloj de oro en la muñeca izquierda. En la región lo llaman El Loco y le temen. Ahora postula para otro mandato. Fue un campesino pobre, miembro de las autodefensas y hoy es un hombre influyente y rico, dueño de gasolineras e inmuebles en el VRAEM, Ayacucho y Lima.

Gómez Palomino se proyecta como el gran impulsor del desarrollo alternativo. Se peleó con los cocaleros porque quiere construir un aeropuerto en Pichari, una competencia en el espacio aéreo que la mafia quiere impedir.

Otro problema: “Con hectárea y media antes hacías mucha plata. Ahora el precio de la hoja es tan bajo que tienes que dedicarte a pozear, a hacer pasta base para sacar algo de ganancia, unos cuatro mil soles mensuales. Es poco con un riesgo muy alto”, lamenta el dirigente cocalero Francisco Barrantes.

Además, los suelos están agotados después de tantos años de monocultivo, no hay apoyo para riego tecnificado, abono o la comercialización. Hace algunos años, incentivados por un programa de Estados Unidos, algunos campesinos intentaron con piña, cítricos o cacao, pero pronto volvieron a la coca. Ante el abandono estatal, la plata manda.