La posibilidad de que Cataluña declare su independencia de forma unilateral en los próximos días, posiblemente el lunes, plantea un desafío sin precedentes al Estado español, que podría quedar así abocado a responder con un último recurso también inédito: activar el artículo 155 de la Constitución.
El artículo ofrece básicamente la posibilidad de que el Gobierno español intervenga parte o toda la autonomía de una región para obligarla a cumplir con sus obligaciones, algo que Cataluña ya dejó de hacer al celebrar el domingo su referendo soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
¿Qué dice el artículo 155?
El artículo 155 tiene que ver con las vías del Gobierno nacional para controlar la actividad de las comunidades autónomas. Según la Constitución española, "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
¿Quién lo activa?
Para poner en marcha esta medida, el Gobierno no puede actuar en solitario, según la Constitución, Mariano Rajoy necesitaría la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
¿Cuándo se puede aplicar?
Según la redacción del propio artículo, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias" para obligar a la Comunidad Autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones establecidas por la ley siempre que las hayan incumplido con anterioridad. Además, la Constitución afirma que también se podrá activar artículo si las acciones de Cataluña, en este caso, van contra la protección del interés general.
¿Cómo se aprueba?
En primer lugar, debe existir una Comunidad Autónoma que incumpla la ley, como es el caso de Cataluña con la celebración del referendo de independencia del domingo pasado que fue rechazado por el Tribunal Constitucional.
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A continuación, Rajoy deberá enviar una partición de cumplimiento de la legalidad al mandatario de la autonomía, en este caso a Carles Puigdemont. Si este se niega, entonces el Gobierno enviará al presidente del Senado las medidas que pretende llevar a cabo para la solución del conflicto y deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Además, deben permitirle a Puigdemont que presente las alegaciones que se crea convenientes. Una vez el Senado se haya puesto de acuerdo, deberá aprobar las aplicación del 155 por mayoría absoluta, que en este caso es sobrepasada por los senadores del Partido Popular. Y entonces, el artículo 155 de la Constitución entraría en activo y el Gobierno podría realizar las medidas excepcionales que haya presentado para hacer cumplir la ley a Catalunya.
¿Cuáles son sus consecuencias?
No hay precedentes a esta situación actual de España. El artículo 155 nunca ha sido puesto en práctica en el Estado español y, por lo tanto, se desconocen sus consecuencias. Sin embargo, existen artículos similares en otro países.
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