Caso Nóos: el escándalo que empañó la realeza española

Durante más de cinco años, la justicia española investigó a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin, por fraude y tráfico de influencias.
La infanta Cristina
La infanta Cristina (José Antonio López)

Madrid

El 20 de julio de 2010 fue destapado por primera vez el mayor escándalo de la Casa del Rey en la historia, como lo han llamado los medios de comunicación en España, y es que ese día el juez de Instrucción José Castro ordenó investigar las supuestas actividades irregulares  del Instituto Nóos, del cual Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España, fue presidente de 2004 a 2006.

Esto como un apartado de la investigación del caso Palma Arena, luego de que el Partido Socialista Obrero Español cuestionara en 2006 el pago de  un millón 200 mil euros al Instituto Nóos por parte del gobierno balear, para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte en Palma cuya duración fue de cuatro días.

La oposición calificó entonces de "despilfarro" y "un caso de pésima administración de recursos públicos" aquel evento, el Illes Balears Fórum 2005, que se celebró entre el 22 y el 25 de noviembre.

En el verano de 2011, la instrucción se aceleró después de que el juez tomara declaración al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, y de que la Fiscalía Anticorrupción ordenara varias diligencias, entre ellas el registro de la sede de Nóos en Barcelona.

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El juez Castro imputó al duque de Palma el 29 de diciembre por supuestos delitos de fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos y lo citó a declarar. Las diligencias practicadas desde entonces han llevado también a su imputación por supuestos delitos fiscales.

La investigación se extendió a las administraciones regionales de Baleares, Valencia y Madrid, y también a la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social , considerada sucesora de Nóos y al entramado empresarial ligado a sus dos impulsores.

En 2014, tres años y medio después del inicio del caso, había decenas de imputados y el sumario superó los 52 mil folios de los que ocho mil 700 se intervinieron en registros y seis mil 250 son información aportada por entidades bancarias.

Durante esa época, declararon 308 testigos entre los que figuraron la alcaldesa de Valencia, Rita Barberó; el ex consejero valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, y el asesor jurídico de la Casa Real, José Manuel Romero, conde de Fontao.

Además existieron tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Andorra y Suiza, se elaboraron 12 atestados policiales, la Agencia Tributaria realizó 27 informes y la Intervención General de la Administración del Estado otros cinco.

Urdangarin acudió a declarar a los juzgados de Palma en dos ocasiones, en febrero de 2012 y, de nuevo, un año después.

El juez impuso una fianza solidaria de casi ocho mil 200 millones para los dos ex socios por sus presuntas responsabilidades  y que posteriormente, fue rebajada a seis mil 100 al aceptar parcialmente un recurso contra la misma.

Ante el impago de la caución, las propiedades de Urdangarin y Torres estuvieron sujetas a embargo, entre ellas el llamado "palacete de Pedralbes", la residencia de los duques de Palma en dicho barrio de Barcelona.

Además de los dos ex socios, los principales imputados en el caso son la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, que fue responsable de recursos humanos de Nóos, y sus dos hermanos; Marco Antonio, responsable contable y financiero; y Miguel, secretario y gestor jurídico del instituto.

También declaró como imputado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que era tesorero de la entidad. El 7 de enero de 2014, el juez del caso imputó también a la infanta Cristina por los delitos de blanqueo de capitales y fiscal.

La infanta declaró durante el juicio que ignoraba las actividades de su marido y desconocía cómo funcionaba Aizoon, una sociedad cuya propiedad compartía al 50 por ciento con Undangarin, sin apenas actividad y que era usada para desviar millones de euros de los contratos públicos de Nóos.

¿Qué pasó después?

En junio de 2015, Felipe VI, ya en el trono, soltó una nueva amarra con su hermana al revocar el título de duquesa de Palma que ostentaba junto con su esposo desde 1997.

Tras cinco años de indagaciones, la Audiencia Provincial de Palma dictaminó que la infanta Cristina no cometió los dos delitos de cooperación necesaria en fraude fiscal de los que se le acusaba, mientras que su marido Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel.

No obstante, la infanta asumirá una multa de 265 mil euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, que quedará cubierta por el pago de la fianza que realizó antes del juicio, cuya sentencia se conoce 11 años después de destaparse el llamado caso "Nóos".

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El tribunal español determinó que Urdangarin cometió delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública y Hacienda y tráfico de influencias.

La fiscalía pedía 19 años de cárcel para el ex jugador olímpico, que junto a su familia se había trasladado de residencia a Suiza.

La absolución de la infanta coincide con la línea de la fiscalía, que no había presentado cargos contra ella. Fue la acusación particular de la organización Manos Limpias la que llevó por primera vez a un miembro de la familia real de España ante una corte de justicia.

AFC