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Sábado , 26.05.2018 / 11:53 Hoy

Anulan segunda cautelar contra Lula y asume ministerio de Presidencia

Un tribunal de Río de Janeiro tomó la decisión que permite al ex presidente de Brasil participar como ministro en el gobierno de la actual presidenta, Dilma Rousseff.

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EFE

Un tribunal de Río de Janeiro anuló hoy la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro en el Ejecutivo de Dilma Rousseff. Esa decisión permite a Lula volver a ejercer su cargo de ministro, según confirmaron a Efe portavoces de la Abogacía General de la Unión (AGU).

Lula fue nombrado ministro de Presidencia el pasado miércoles, un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.

La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.

En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta, Dilma Rousseff, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.

Además, el magistrado Fride consideró que "no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político" y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa".

La Abogacía General de la Unión solicitó hoy al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro. Entre otros argumentos, la oposición considera que el nombramiento es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.

Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.

Además alegaron que existe la posibilidad de que se sirva de su cargo, que goza de muchos poderes, para influir en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales con la intención de obstruir el curso de la Justicia.

A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó ayer que Lula no dejó de ser ministro y solo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.

Izquierda se moviliza

Mientras, la izquierda brasileña buscará hoy dar una señal de fuerza para resistir a la embestida política y judicial contra la presidenta Dilma Rousseff, poniendo a prueba la movilización de sus bases, cinco días después de una protesta opositora que sacó a tres millones de personas a la calle.

En Sao Paulo la concentración está prevista por la tarde en la céntrica Avenida Paulista, a metros de donde esta mañana la policía desalojó con chorros de agua y bombas de estruendo a unos 150 manifestantes opositores que ocupaban la vía desde el miércoles, cuando arreciaba la crisis política.

Los organizadores de la marcha progobierno - el Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversas organizaciones sociales - habían pedido la víspera que las fuerzas de seguridad "garanticen el derecho de todos" a expresarse públicamente.

En los últimos días ya se produjeron algunos incidentes entre partidarios y opositores al gobierno, y la cercanía física de ambos bandos hacía temer enfrentamientos. La movilización fue convocada en unas 30 ciudades, "en defensa de la democracia, de los derechos de la clase trabajadora y contra el golpe", en referencia al proceso de destitución de Rousseff que ya está siendo debatido en la Cámara de Diputados.

Los organizadores de la marcha oficialista apuestan a reunir a unas cien mil personas en la capital económica y financiera del país, menos de un 10% de los 1,4 millones que desfilaron el domingo para exigir la renuncia de Rousseff.

"Unas cien mil personas en la Paulista sería un número extraordinario", reconoció el presidente del PT de Sao Paulo, Emidio de Souza. "Estamos en un momento en que se está criminalizando la acción política. Este movimiento [opositor] está dando espacio a grupos nazifascistas", agregó.

En Maceió, situada en el noreste, un bastión de Lula da Silva, varios miles de personas se manifestaban enarbolando banderas rojas del PT y consignas de apoyo a Rousseff. La crisis política que azota a Brasil, junto a la recesión económica, eclipsaron la imagen de un país emergente pujante, que se apresta a celebrar sus conquistas en los Juegos Olímpicos de Rio en agosto próximo.

Contrarreloj contra el impeachment

La crisis se aceleró esta semana en todos los frentes tras la designación de Lula, investigado por presunta ocultación de bienes en el marco del escándalo Petrobras, como jefe de gabinete de Rousseff. Lula, de 70 años, fue llamado a ayudar a su heredera política y sucesora a recomponer la base aliada, que hace aguas, para bloquear un proceso de destitución en el Congreso.

La Cámara de Diputados realizó hoy la primera sesión de las 15 previstas, para que una comisión especial recomiende la apertura o el archivo de un pedido de impeachment. El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dijo que la Comisión podría dar su parecer en unos "30 días".

"Es mejor que sea rápido para que el país pueda conocer su verdadera agenda. No podemos quedarnos con una única agenda que sea la del impeachment (...) Podría ser en 30 días", dijo Cunha, un acérrimo adversario de Rousseff.

La "operación Lula" estuvo además cerca de zozobrar, por sospechas de que el mandatario se proponía ante todo, asumiendo un cargo ministerial, obtener fueros especiales que lo libraran de las investigaciones del juez anticorrupción Sergio Moro sobre el escándalo Petrobras. Un total de doce jueces presentaron recursos para tratar de bloquear su entrada en funciones.

La divulgación de una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff avivó esa sospecha y provocó nuevas protestas, principalmente en Sao Paulo y Brasilia. Rousseff rechazó esa versiones y criticó la divulgación de la conversación por el juez Moro.

"El presidente tiene garantías constitucionales y [su teléfono] no puede ser interferido. En muchos lugares del mundo, quien pincha el teléfono de un presidente va preso si no tiene autorización de la Corte Suprema. Tomaré las medidas que correspondan", proclamó en un acto en el estado de Bahia (nordeste).

Lula tenía previsto antes de su designación como ministro participar en las marchas de Sao Paulo, pero sus asesores contactados por la AFP no confirmaron hasta ahora su presencia.

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