Acusan a Birmania de ser cómplice en el tráfico de personas

Una investigación asegura que agentes de policía cobran unos 15 dólares a cada miembro de la minoría rohingya que busca subir en barcos operados por grupos criminales transnacionales para huir de ...

Bangkok

La ONG Fortify Rights denunció hoy que las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) son cómplices y sacan beneficio económico de las redes de tráfico de personas que explotan a la minoría musulmana rohingya, perseguida en el estado Rakhine, en el oeste del país.

Una investigación de la organización asegura que agentes de policía cobran unos 15 dólares ( 12 euros) a cada rohingya que busca subir en barcos operados por grupos criminales transnacionales para huir de Rakhine, en busca de asilo político.

Según el informe, además, los traficantes pagan a personal de la policía, el ejército y la marina entre 500 y 600 dólares ( entre 404 y 485 euros) por barco para permitir su acceso a mar abierto.

La organización también denuncia que en algunos casos la marina birmana escolta estas embarcaciones hasta aguas internacionales.

"Las autoridades no solo hacen que las condiciones de vida de los rohingya sean tan intolerables que les obligan a huir, sino que además sacan beneficio de este éxodo", dijo el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, en un comunicado.

"Esto es una crisis regional, que no hace más que empeorar, mientras las autoridades de Myanmar lo tratan como un perverso salario", añadió Smith.

Según Fortify Rights, decenas de miles de rohingya se preparan para embarcar en botes lanzadera que los trasladan a otros barcos en el golfo de Bengala donde se hacinan hasta un millar de personas.

"La gran mayoría de rohingya que sale por mar pronto se encuentran en custodia de grupos de tráfico de personas, que los detienen en condiciones de esclavitud y explotación", indica la organización.

Cerca de un millón de rohingya, una de las minorías más perseguidas del mundo según la ONU, vive en el estado Rakhine, donde unos 140.000 se encuentran desde 2012 hacinados en campos de desplazados, tras varias olas de violencia sectaria.

Las autoridades les consideran como inmigrantes bengalíes, por lo que no les reconocen los derechos plenos como ciudadanos, aunque tampoco son reconocidos como tales en Bangladesh.

En febrero Fortify Rights denunció en otro informe los planes del gobierno birmano para aprobar leyes que discriminan a esta comunidad, como la restricción de la libertad de movimiento, el límite del número de hijos o en el permiso para el matrimonio.