El Vaticano expulsó a 848 curas pederastas en 10 años

La Iglesia señaló ante el Comité contra la Tortura de la ONU que sí sanciona, pero no asume responsabilidad penal por abusos sexuales contra menores.

Ginebra

El Vaticano reiteró ayer que, si bien no tiene jurisdicción penal en casos de pederastia cometidos en otros países, sí cuenta con competencia para destituir o sancionar a curas culpables, algo que ha sucedido en 848 casos, además de que en otras 2 mil 572 investigaciones han tomado medidas preventivas, principalmente separar a los religiosos de los niños.

El Vaticano compareció por segundo día consecutivo ante el Comité contra la Tortura de la ONU e intentó responder a las preguntas de los miembros del organismo.

El arzobispo Silvano Tomasi, representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, fue el encargado de contestar y afirmó que, si bien “la sede pontificia no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado Vaticano, sí realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas acusadas de abusar de menores”.

El diplomático del Vaticano dijo que cuando se sospecha de un caso de pederastia por parte de un clérigo, el obispo local “tiene el deber de proteger a los niños de su diócesis”, por lo que debe realizar un informe y enviarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Una vez hecho el estudio del caso, dicha congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, “y en caso de que el religioso sea declarado culpable, la pena más extrema es la separación del entorno clerical”.

Cifras y procesos

Tomasi procedió a aportar las cifras solicitadas la jornada anterior por Felice Gaer, relatora del comité, quien pidió datos sobre los curas investigados por el Vaticano y cuántos de ellos habían sido condenados.

“De 2004 a 2013 la congregación estudió 3 mil 420 casos creíbles de abusos sexuales contra menores”, detalló Tomasi. Los casos, acotó el arzobispo,  sucedieron entre 1950 y finales de la década de los 80.

Del total, 848 sacerdotes fueron separados de su condición clerical después de ser encontrados culpables de pederastia. “Estas personas se convierten en legos y no tienen más relación formal con la diócesis donde trabajaban”, explicitó Tomasi.

El representante diplomático añadió que en otros 2 mil 572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas que no especificó.

Sin seguimiento

Una vez concluida la presentación de Tomasi, Gaer tomó la palabra y preguntó si cuando se conocieron los casos las autoridades civiles de los países donde se cometieron los delitos fueron informadas.

Tomasi respondió que, como no dan seguimiento de los procedimientos penales en cada nación, no cuenta con cifras exactas sobre el número de sancionados canónicamente que también han sido sentenciados por los juzgados civiles, pero afirmó que han sido “la mayoría”, y que “la política” del Vaticano es que los superiores de cada diócesis deben informar a las autoridades locales.

Asimismo, Tomasi detalló que en los casos de sacerdotes disciplinados por supuestos abusos pero no expulsados, éstos no son trasladados a otro territorio “como se hacía erróneamente en el pasado”, sino que se les cambia de trabajo. “La condición es que no estén en contacto con niños”, puntualizó.

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Arzobispo contra el aborto

El arzobispo Silvano Tomasi aprovechó la comparecencia ante la ONU para pronunciarse contra el aborto y recordó que “para el Vaticano el derecho a la vida no es negociable, no tiene nada que ver con la salud reproductiva y constituye un acto de tortura”. Por ello, abundó, “intentar que la sede pontificia cambie de opinión al respecto es un atentado a la libertad de expresión y de credo”.

A ese comentario, la relatora Felice Gaer contestó con otra pregunta: “¿Por qué entonces  el Vaticano presiona al resto de Estados (miembros de la ONU) para que no legislen al respecto o anulen las normas que ya permiten la interrupción voluntaria del embarazo?”.

Por su parte, George Tugushi, el segundo relator, preguntó a Tomasi si no consideraba que la amenaza de excomunión a la que fueron sometidas niñas menores de 10 años de Brasil y Nicaragua, embarazadas tras ser violadas y que pretendían abortar, no constituía “una forma de maltrato”.

Tomasi respondió que esos casos eran “excepcionales” y que las amenazas de excomunión habían sido vertidas “por obispos locales, no por funcionarios del Vaticano”.

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