Uruguay viola tratados al legalizar mariguana: ONU

Montevideo contraviene la Convención sobre Narcóticos, que solo contempla el uso de cannabis para fines médicos y científicos, afirma Naciones Unidas, a través de dos de sus organismos.
Expresiones de júbilo en las calles de la capital uruguaya tras la aprobación del Legislativo.
Expresiones de júbilo en las calles de la capital uruguaya tras la aprobación del Legislativo. (Sandro Pereyra/EFE)

Montevideo

El mundo reaccionó ayer expectante y con posturas enfrentadas ante la legislación aprobada el martes por el Senado de Uruguay, que convierte a este país sudamericano en el primero en el mundo en legalizar y controlar el proceso de producción, distribución y venta de mariguana.

La reacción más enérgica fue la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), que expresó su desacuerdo frente a la nueva normativa uruguaya, señalando que viola convenios internacionales.

"Así como las drogas ilícitas son responsabilidad compartida de todos, es necesario que todos los países trabajen estrechamente juntos y lleguen a acuerdos sobre como enfrentar ese desafío mundial", indicó la ONUDC en un comunicado.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la ONU, lamentó por su lado en un comunicado que Uruguay "contravenga la Convención de 1961 sobre Narcóticos", a la cual el país está suscrito.

El presidente de la JIFE, Raymond Yans, dijo estar "sorprendido" por el hecho de que Montevideo "haya decidido deliberadamente" ignorar las disposiciones de ese tratado y le pidió cumplir sus compromisos.

Estados Unidos recordó a Uruguay su "obligación" de cumplir sus compromisos internacionales, en particular los establecidos en la Convención de 1961.

"Depende del pueblo de Uruguay decidir qué políticas sobre las drogas son las más apropiadas para el país", indicó el Departamento de Estado; pero, como cualquier otro país, "tiene la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales", subrayó.

Esa convención, adoptada por 186 países, incluido Uruguay, solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.

Paraguay, quien integra con Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela el Mercosur, criticó la medida.

"Al legalizarse la mariguana en Uruguay bajo el supuesto control del Estado, lo que hará va a ser consolidar la tendencia al aumento del consumo de esta y otras drogas y estimular la importación clandestina desde Paraguay, cuya hierba es de las mejores y barata", afirmó el ministro paraguayo Antidrogas Luis Rojas.

También hubo otras visiones positivas sobre la nueva legislación uruguaya. En una carta abierta, 114 organizaciones de todo el mundo dieron la bienvenida a la recién sancionada ley sobre la mariguana.

"El camino emprendido por Uruguay sienta las bases de un nuevo paradigma para las políticas públicas sobre drogas (...) Apoyaremos a Uruguay y a cada estado y jurisdicción en el desarrollo de políticas más sensatas y sensibles", señala la carta abierta.

Otros países de América reaccionaron con un tono respetuoso y expectante a la nueva legislación.

"Consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay", comentó el canciller venezolano, Elías Jaua, tras manifestar su respeto por esa decisión.

La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que se trata de "una decisión de un país soberano que puede adoptar estas medidas en vista de la situación que enfrenta", aunque advirtió que "ésa no es nuestra posición".

El gobierno brasileño descartó que la legalización de la producción y la venta de mariguana en Uruguay pueda afectar la salud de la población nacional o la seguridad en la frontera entre los dos países.

La ley aprobada el martes por el Congreso uruguayo legaliza la producción y venta de mariguana, que estará controlada por el Estado.

Impulsada por el presidente de Uruguay José Mujica, con ella se legalizará la compraventa y el cultivo de mariguana, y se establece la creación de un ente estatal regulador de la droga.