Rousseff no será investigada, pero se revisará su historial

El escándalo de corrupción en el consorcio estatal petrolero apunta a ser el mayor en la historia del país sudamericano.
La jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff.
La jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff. (Ueslei Marcelino/Reuters)

Brasilia

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no será investigada junto a los 47 políticos sospechosos de nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras, pero los fiscales rondarán la puerta de su despacho en Brasilia y husmearán en las finanzas de las campañas electorales que la llevaron a la presidencia en dos oportunidades.

Pese a no poder ser investigada por su actual cargo, la sospecha de que sus dos campañas políticas recibieron recursos desviados de la petrolera colocan a la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en una difícil situación con cuatro años de gobierno aún por delante.

Uno de los elementos que aproximan peligrosamente a los fiscales al séquito de Rousseff es que dos de sus primeros tres jefes de gabinete integran la "lista negra" de políticos investigados.

Ellos son su primer ex "primer ministro", Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda bajo el gobierno de su predecesor Lula da Silva; y Gleisi Hoffmann, quien lo sustituyó tras dejar el cargo por denuncias de corrupción.

Palocci entró en la nómina elaborada por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, por sospecharse que en 2010, cuando coordinaba la campaña electoral de Rousseff, pidió dinero desviado de Petrobras para financiarla.

La acusación fue hecha por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Costa, quien está preso y colabora con las investigaciones a cambio de una reducción de su eventual condena.

Según Costa, el cambista Alberto Youssef, también preso, le pidió en 2010, en nombre de Palocci, dos millones de reales (casi 700 mil dólares) para la campaña presidencial. Palocci propuso que el dinero fuera "cedido" de la cuota de recursos desviados que le correspondía al derechista Partido Progresista (PP), aliado del gobierno y responsable por la designación de Costa para la división de Abastecimiento de la estatal. Costa dijo que la propuesta de Palocci fue aceptada.

A esto se suman las indagaciones sobre la supuesta liga entre la red de corrupción y el tesorero nacional del PT, Joao Vaccari.

El tesorero fue citado en el marco del acuerdo de delación premiada que firmó otro ex alto funcionario de Petrobras, el ex gerente Pedro Barusco, quien dice que el PT recibió entre 2003 y 2013, a través de Vaccari, entre 150 y 200 millones de dólares oriundos de los fraudes.

"Los 'petistas' están en el ojo del huracán. Las presencias del ex ministro Antonio Palocci y del tesorero Joao Vaccari ponen en la cuerda floja el financiamiento de la campaña de 2010 que llevó a la presidenta al poder", resume Mello.

En el caso de la senadora Hoffmann, el fiscal pidió que fuera investigada por "supuesta práctica de delitos de corrupción pasiva calificada y lavado de dinero".

La ex jefa de gabinete de Rousseff también fue mencionada por Youseff, quien la acusó de estar al tanto de la red de distribución de sobornos y que la campaña de Hoffmann al Senado tuvo un apoyo financiero de un millón de reales desviados de Petrobras.

Tanto Rousseff como Lula fueron acusados por Youssef, arrestado por lavado de dinero y evasión de divisas, de estar al tanto de los fraudes en la mayor empresa pública del país.

Youssef también involucró a los ex ministros de Rousseff, Gilberto Carvalho (Secretaría General de la Presidencia), Ideli Salvatti (Secretaría de Relaciones Institucionales) y Edison Lobao (Minas y Energía). También mencionó a José Dirceu, ex hombre fuerte de Lula, quien está preso por comandar la red de pago de sobornos a legisladores conocida como mensalao.