Rousseff pide "paz y tolerancia" en vísperas de protestas callejeras

Mientras la presidenta pide calma ante las manifestaciones a favor de su destitución y en contra que amenazan con llevar violencia a las calles el domingo, su antecesor Lula presentó un recurso.
Seguidores de Lula aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para mostrarle su solidaridad en una marcha en Sao Paulo
Seguidores de Lula aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para mostrarle su solidaridad en una marcha en Sao Paulo (AFP)

Brasilia

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió hoy "paz y tolerancia" frente a la crisis política que atraviesa el país, pocos días antes de protestas en contra y a favor de su gobierno que podrían generar enfrentamientos en las calles.

La agitación política que vive Brasil se agudizó la semana pasada con la conducción forzosa del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) a declarar ante la policía por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, episodio que erizó los ánimos entre detractores y defensores del gobierno izquierdista, quienes llegaron a enfrentarse a golpes frente a la residencia de Lula en Sao Paulo.

"En el momento que vivimos, una vez más, es necesario que reiteremos la importancia de la tolerancia (...). Que no haya violencia, bajo cualquier forma que eventualmente esta pueda presentarse", exhortó Rousseff en un discurso por el Día Internacional de la Mujer en la sede de la Presidencia en Brasilia.

"Tener un cuadro de paz es fundamental, principalmente para los gobiernos (...) para que podamos tener condiciones de enfrentar la crisis y de retomar el crecimiento", añadió Rousseff en momentos en que el país se encamina a su peor recesión en un siglo.

Partidos y movimientos sociales opositores convocaron para el próximo domingo manifestaciones en las principales ciudades del país para pedir la salida de Rousseff del gobierno. Hace exactamente un año, estos grupos lograron llevar tres millones de brasileños a las calles, y ahora buscarán recuperar la fuerza perdida a lo largo del año pasado.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) convocó marchas el mismo día en apoyo al gobierno y al ex presidente Lula -su fundador-, quien según sus seguidores es víctima de un ataque orquestado por la oposición.

Rousseff, heredera política de Lula pero cuya popularidad se ha derrumbado al 11%, enfrenta en el Congreso un proceso de impeachment (juicio político) por supuesto maquillaje de las cuentas públicas, mientras la máxima corte electoral estudia si su campaña a la reelección tuvo financiación ilegal.

El gigantesco escándalo de sobornos en la estatal Petrobras ha puesto tras las rejas a prominentes empresarios, figuras del PT -entre ellos su extesorero Joao Vaccari y el gurú de campañas electorales de Lula y Rousseff, Joao Santana- y tiene bajo la mira de la justicia a decenas de legisladores en funciones, principalmente del gobierno y de su base aliada.

Lula presenta recurso

Lula da Silva presentó hoy un recurso ante la Corte Suprema para que se suspendan las investigaciones de corrupción en su contra hasta que se resuelva un posible conflicto de competencias entre dos tribunales.

La magistrada Rosa Weber, del Tribunal Supremo, negó una petición cautelar similar presentada por los abogados de Lula el pasado viernes, el mismo día en el que el exmandatario fue interrogado por la policía en una comisaría.

La defensa de Lula pretende que el Supremo se pronuncie sobre un posible conflicto de competencias, derivado del hecho que dos tribunales han abierto causas paralelas para investigarle por su supuesta implicación en las corruptelas de la petrolera estatal Petrobras.

La investigación se desarrolla en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y en el Tribunal Federal de Curitiba, algo que, según la defensa de Lula, es ilegal puesto que ambas instancias tratan de los mismos hechos.

La Fiscalía de Paraná -estado del que Curitiba es capital- considera que existen indicios "significativos" de que el exmandatario recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de cinco empresas implicadas en los desvíos de Petrobras.

Del mismo modo, la Fiscalía investiga si Lula es propietario de un apartamento situado en la localidad de Guarujá y una finca rural en el municipio de Atibaia, ambos en Sao Paulo y que figuran a nombre de otras personas, allegadas al ex jefe de Estado.

Según los abogados de Lula, no existen motivos para que el caso se investigue por la Fiscalía Federal de Paraná, que es la encargada del caso Petrobras. Los abogados aseguran que es "un absurdo" establecer cualquier relación entre los inmuebles investigados y los supuestos desvíos en el ámbito de Petrobras.