Rousseff sugiere que se hagan elecciones para "juzgar" a su Gobierno

Por primera vez, la presidenta de Brasil sugirió la posibilidad de celebrar comicios para juzgar a su gobierno en vez de realizar un proceso de destitución en su contra, aunque la Constitución no ...
Dilma Rousseff, durante el anuncio de un plan anual de créditos agrícolas en Brasilia
Dilma Rousseff, durante el anuncio de un plan anual de créditos agrícolas en Brasilia (EFE)

Río de Janeiro

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó hoy la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere "juzgar" su Gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones.

"Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi Gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar", dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins (norte).

Esta es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un mandatario.

Rousseff reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un "golpe" de Estado, porque "no tiene base legal" y porque ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.

La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los Gobiernos de los últimos presidentes brasileños. Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para "acabar" o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.

Aseguró que el eventual Gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer, que sustituiría a Rousseff si es apartada del cargo, quitará a 36 millones de personas el Bolsa Familia, principal programa de subsidios a los pobres, de los 46 millones que actualmente lo reciben. "El gasto del Bolsa Familia es menor al 1 % del PIB. Quieren hacer ahorro con el dinero de los más pobres", acusó Rousseff.

Temer, que está trabajando en los preparativos de montaje de su eventual Gobierno, ha negado varias veces que se proponga eliminar los programas sociales. Rousseff también reiteró que va a "resistir hasta el fin", por lo que no renunciará aunque el Senado decida en los próximos días iniciar el juicio político, para lo que sería necesaria la mayoría simple de los 81 senadores.

La votación crucial se celebrará previsiblemente el próximo miércoles en el pleno de la Cámara alta, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente. Si los senadores aprueban el inicio del juicio político, Rousseff se verá obligada a apartarse del cargo hasta que se culmine el proceso, que puede alargarse por un máximo de 180 días.

Durante ese período Temer asumiría la Presidencia de forma temporal y, si el Senado se inclina por la destitución, completará el mandato de Rousseff que termina el 1 de enero de 2019.

Dos ex ministros denunciados

De otra parte, la Procuradoría General de Brasil (fiscalía) denunció ante el Tribunal Supremo a dos importantes ex ministros del gabinete de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por su supuesta implicación en el caso de corrupción de Petrobras, informaron hoy fuentes oficiales.

En la nueva denuncia fueron acusados la actual senadora Gleisi Hoffmann, ex ministra de Presidencia, y su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de las carteras de Comunicaciones y de Planificación, ambos correligionarios de la jefa de Estado en el Partido de los Trabajadores (PT).

Hoffmann es una importante dirigente del PT y una de las más firmes defensoras de Rousseff en el Senado, cámara que votará en los próximos días sobre la apertura de un juicio político destituyente contra la jefa de Estado.

La acusación contra los exministros se basa en una denuncia formulada por dos condenados por el caso de corrupción en Petrobras, el cambista Alberto Youssef y el ex ejecutivo de la petrolera Paulo Roberto Costa, realizadas en el marco de sendos acuerdos de colaboración con la justicia.

Según esas denuncias, Hoffmann recibió un millón de reales (cerca de 285 mil dólares) de la red enquistada en Petrobras para financiar sus gastos electorales en 2010. El marido de Hoffmann, el entonces ministro Silva habría sido el encargado de solicitar el pago de los fondos procedentes de Petrobras a Paulo Roberto Costa.

Los abogados de Hoffmann afirmaron, por medio de un comunicado citado por medios locales, que la acusación se basa en "especulaciones" y "no apunta cualquier acto concreto" cometido por parte de la senadora. En la jurisdicción del Tribunal Supremo actualmente están siendo investigados por el caso Petrobras cerca de medio centenar de políticos protegidos por el fuero privilegiado.

Además, en la Justicia convencional desde 2014 se han presentado acusaciones contra 207 empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos no aforados, de los que 111 han sido condenados.

Las investigaciones descubrieron una compleja red, por medio de la cual, las constructoras más importantes de Brasil crearon un cartel para repartirse las obras de Petrobras y para inflar el valor de esos contratos, con el fin de aumentar sus beneficios y pagar sobornos a los ejecutivos y políticos que permitieron el fraude.

La petrolera, que está sumida en una grave crisis financiera, reconoció que ese fraude le costó pérdidas de por lo menos dos mil millones de dólares entre 2004 y 2015.