Rousseff ataca a los "golpistas" que buscan un "atajo" electoral

Mientras la presidenta brasileña criticó a los opositores que buscan anticipar los comicios de 2018 y afirmaba que hay que apretarse el cinturón, el jefe del Ejército advierte del peligro de una ...
Dilma Rousseff habla durante su encuentro con pequeños agricultores hoy en Sao Bernardo do Campo
Dilma Rousseff habla durante su encuentro con pequeños agricultores hoy en Sao Bernardo do Campo (EFE)

Sao Paulo

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, volvió a atacar hoy a los sectores "golpistas" de la oposición que quieren aprovechar la actual crisis como un "atajo" para anticipar las elecciones presidenciales de 2018. Mientras la mandataria recordaba la necesidad de "apretarse el cinturón", el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, advertía en una entrevista del peligro de "crisis social".

En un discurso que pronunció en Sao Paulo ante unos dos mil campesinos y productores familiares en el Primer Congreso Nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores, la jefe de Estado admitió que Brasil vive una grave crisis política y dijo que es legítimo que la oposición la critique, pero no que intente interrumpir el curso democrático con "argumentos de los más artificiales".

"Estamos viviendo un momento de dificultades políticas. Voy a llamarlo de crisis política seria. Y en este exacto momento sectores de la oposición intentan una variante de golpe. Un golpe disfrazado", afirmó la mandataria un día después de haber arremetido contra los "golpistas" en uno de sus más duros discursos este año.

Según la presidenta, esos sectores se valen de acusaciones artificiales para intentar abrirle un juicio político en el Congreso con el fin de destituirla. La mandataria enfrenta una delicada crisis política y una ofensiva de la oposición, que ha presentado varias peticiones para que el Congreso instaure un juicio con miras a su destitución.

Para Rousseff, sin embargo, tales intentos "tienen todo lo que define un golpe: tienen cara de golpe, pie de golpe y mano de golpe, aunque intentan disfrazarlas como simples manifestaciones opositoras".

La decisión sobre la apertura de un juicio político contra el jefe de Estado le corresponde constitucionalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien hasta ahora ha recibido catorce solicitudes y ha rechazado once por considerar que carecen de "fundamentos jurídicos".

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un presidente, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

Pese a las numerosas peticiones ya archivadas, la oposición confía en que el presidente de la Cámara aceptará una presentada por un grupo de reconocidos juristas que cuenta con vasta argumentación jurídica y se refiere a las maniobras contables que el Gobierno supuestamente realizó para maquillar las cuentas públicas de 2014.

"Lo que ellos quieren realmente es un atajo para el poder. Quieren un atajo para llegar más rápido a (las elecciones presidenciales de) 2018. Pero no vamos a permitir que ellos golpeen un mandato que conquistamos en las urnas", advirtió Rousseff ante los pequeños productores, que la apoyaron con aplausos. La presidenta alegó que la oposición no puede acusarla de nada debido a que nunca ha cometido irregularidades.

"Estoy segura de que intentan encontrar algo contra mí, pero no lo van a encontrar porque jamás cometí irregularidades en mi vida política ni personal. No cometí ningún desvío de conducta", aseguró al reiterar que los argumentos usados por la oposición para intentar destituirla son "artificiales" y carecen de valor jurídico.

Según la jefe de Estado, la oposición tan sólo está preocupada con su interés por el poder y no con el interés de la población.
"Ese golpe no es contra mí. Es contra el proyecto de Gobierno que represento. Un golpe contra el período más largo de distribución de renta en este país desde el descubrimiento, contra el mayor programa de inclusión social. Es un golpe y una irresponsabilidad querer interrumpir el curso democrático natural del país", afirmó.

En su discurso ante una platea de campesinos en uno de los municipios de la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, la presidenta aseguró que los "golpistas" quieren combatir la reforma agraria y las políticas de apoyo a la agricultura. Los pequeños productores, a los gritos de "no habrá golpe", se sumaron a la petición de la mandataria para darle un "basta al golpismo".

"Apretar un poco el cinturón"

Asimismo, Rousseff dijo que el país necesita apretarse el cinturón para superar la severa crisis económica, aunque prometió que mantendrá los programas sociales que la llevaron al poder.

"Estamos pasando hoy por un período de dificultades, ese período de dificultades nos obliga a hacer esfuerzos, tomar medidas, apretar un poco el cinturón, pero una cosa les aseguro: no vamos a dejar de garantizar el 'Minha Casa, Minha Vida' [Mi Casa, Mi Vida]", el programa federal de construcción de viviendas populares, afirmó la mandataria.

El gobierno brasileño anunció hace un mes un plan de austeridad para intentar capear la crisis económica, que incluye recortes quirúrgicos en el sensible terreno de los programas sociales en vivienda y salud, la marca de fuego del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Rousseff, en el poder hace doce años.

La mandataria, que ha encontrado resistencias a este ajuste en el Congreso, incluso de miembros de su propio partido, entregó hoy en Sao Carlos, interior del estado Sao Paulo (sudeste), 806 viviendas populares de 'Minha Casa Minha Vida'.

"Estamos tomando todas las medidas para que recuperemos el crecimiento económico del país, generemos más empleos y garanticemos renta", añadió Rousseff, que también enfrenta amenazas de un juicio político.

El plan de ajuste incluye un multimillonario recorte en el presupuesto, además de recrear un viejo impuesto a las transacciones financieras, postergar ajustes salariales y contrataciones en el sector público, así como la reducción de diez de los 39 ministerios. El ministro de Hacienda Joaquim Levy defendió por su parte el miércoles en la cámara de Diputados la importancia de este plan de austeridad que él diseñó.

"Cuando tenemos las cuentas públicas en orden, el crecimiento económico es más fácil. Las personas tienen más confianza, el riesgo macroeconómico disminuye y la gente asume más riesgos (...). Es imprescindible para el crecimiento la seguridad fiscal. Saber que en el futuro las cuentas del gobierno no vendrán con sorpresas negativas", afirmó Levy.

La séptima economía del mundo y primera de América Latina recorre su quinto año de bajo o nulo crecimiento y espera una contracción del PIB de 2.44% para este año. Según el FMI, la recesión continuará en 2016 con una contracción de 1%. El gobierno lucha además contra el avance de la inflación y el desempleo, y con la caída del valor de su moneda.

"Crisis social: general Villas Boas"

Mientras, el jefe del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, alertó que la creciente tensión política que vive el mayor país de Latinoamérica podría derivar en una "crisis social", según unas declaraciones publicadas hoy por el diario Folha de Sao Paulo. El general Eduardo Villas Boas lanzó su aviso durante una videoconferencia con dos mil oficiales de la reserva el viernes, de acuerdo a la información de Folha.

"Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, crítica, una crisis de naturaleza política, económica, ética muy seria y con preocupación de que, si continúa, pueda transformarse en una crisis social con efectos negativos sobre la estabilidad", aseguró.

Aunque Villas Boas, que fue designado por la ahora asediada presidenta Dilma Rousseff a comienzo de año, añadió que las instituciones están funcionando correctamente. Pese a que se produjeron el viernes, las inhabituales declaraciones del general sólo se han hecho públicas ahora y han suscitado un gran interés en los medios digitales.

Brasil restableció su democracia en 1985 tras 21 años de la dictadura militar que comenzó en 1964 con un golpe de Estado. Tres décadas después de la transición, la sociedad brasileña sigue muy sensible ante la posible injerencia del Ejército en la esfera política. La propia Rousseff, de 67 años, fue encarcelada y torturada durante la dictadura por formar parte de una guerrilla izquierdista.

Además de la compleja situación política, el país que acogerá los Juegos Olímpicos del próximo año atraviesa una preocupante crisis económica, que se combina con el mayor escándalo de corrupción de su historia que expolió a la estatal Petrobras.