Proceso contra tesorero del PT eleva presión sobre Rousseff

Joao Vaccari fue imputado hoy por la justicia por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras, complicando la situación de la presidenta, cuya popularidad ha caído al 18.9% ...
Joao Vaccari, tesorero del PT, tras realizar una declaración en la Policía Federal en Sao Paulo, Brasil, el pasado 5 de febrero
Joao Vaccari, tesorero del PT, tras realizar una declaración en la Policía Federal en Sao Paulo, Brasil, el pasado 5 de febrero (EFE)

Sao Paulo

El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, fue imputado hoy por la Justicia brasileña por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras, lo que aumenta la presión sobre la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad se encuentra en mínimos históricos.

El juez federal Sergio Moro, de Curitiba, en el sureño estado de Paraná, aceptó el pedido de la Fiscalía para investigar a Vaccari y a otras 26 personas, entre ellas exdirectivos de la compañía acusados de recibir coimas de empresas a cambio de ventajas dentro de la petrolera estatal. Los 27 acusados, en este caso, están imputados por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.

Según sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.

A pesar de que la acusación ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por el PT, la imputación formal de Vaccari aumentó la presión sobre Rousseff, cuya popularidad se encuentra en horas bajas cuando falta una semana para cumplir tres meses de su segundo mandato, el cual comenzó el pasado 1 de enero.

De acuerdo con un sondeo divulgado hoy por la consultora MDA, la tasa de aprobación del Gobierno de la presidenta cayó al 10.8 %, en tanto que el apoyo a la mandataria se sitúa en un 18.9 %.

Para enfrentar el escándalo en la petrolera, la mandataria anunció un paquete de medidas para aumentar la fiscalización y endurecer las penas por corrupción y sancionar como delito penal la contabilidad paralela en las campañas electorales, entre otros.

La iniciativa fue enviada al Congreso, que se encuentra debilitado precisamente a raíz del escándalo Petrobras, por el cual están siendo investigados 50 políticos, entre ellos los dos jefes de la Cámara legislativa.

A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.

Aunque no existe ninguna acusación contra la mandataria, el 84 % de los brasileños cree que Rousseff sabía sobre la corrupción en el seno de Petrobras, cuya privatización es rechazada por la mayoría de los entrevistados, según un sondeo divulgado el domingo por el Instituto Datafolha.

El 61 % de los brasileños piensa que Rousseff sabía sobre la existencia de corrupción en Petrobras y dejó que ocurriese; el 23 % considera que la presidenta era consciente pero no podía hacer nada para evitarla; el 10 % dijo que la mandataria "no sabía", mientras que un 6 % no supo que responder.

La corrupción en la estatal y la delicada situación económica que atraviesa el país han puesto contra las cuerdas al gobierno de Rousseff, quien fue blanco de las masivas protestas que el pasado 15 de marzo ocuparon las calles de diferentes ciudades del país.

Los manifestantes también protestaron contra la corrupción en Petrobras, e incluso algunos grupos minoritarios pidieron la destitución de la jefe de Estado, una idea que ha sido descartada por el vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Además de lidiar con el escándalo de Petrobras y una economía estancada, la presidente deberá enfrentarse a un Congreso fragmentado, el cual ya ha puesto trabas para la aprobación del ajuste fiscal propuesto por su Gobierno.

Los analistas del mercado prevén una contracción del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014 y 2015 y que el tope máximo de la meta de inflación oficial (6.5 %) sea rebasado al final de este año.