Prohíben a políticos españoles recibir regalos

El objetivo de la ley, es que los ciudadanos “cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y de responsabilidad”.
Mariano Rajoy asiste al Congreso
Mariano Rajoy asiste al Congreso (Especial)

Madrid

Los políticos de España no podrán aceptar estas navidades regalos que superen los “usos habituales, sociales o de cortesía”, de lo contrario serán sancionados, según se recoge en el Título II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que entrará en vigor hoy tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según figura en el preámbulo de la ley, su objetivo es que los ciudadanos “cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.

Esta norma fue aprobada en el Congreso el pasado 28 de noviembre con el apoyo del gobernante y conservador Partido Popular (PP) y los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV.

La parte relativa al buen gobierno entra en vigor mañana, una vez que este martes se ha publicado la norma en el BOE. Así, recoge una serie de principios generales y de actuación, entre ellos, en los que se llama a los políticos y funcionarios en general desempeñar sus labores con transparencia, no valerse de su posición en la Administración para “obtener ventajas personales o materiales” o gestionar “adecuadamente” los recursos públicos.

Otro de los principios es el de que no aceptarán “para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. “En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional -señala el texto- se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Publica correspondiente”.

En ese capítulo la norma consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.