Pérez Molina arremete contra acusadores y denuncia detención ilegal

El ex presidente de Guatemala lamentó que hoy se suspendiera la audiencia de "etapa intermedia" para decidir si va o no a juicio, y denunció que tratan de armar un caso contra él con testigos falsos.
Otto Pérez Molina (d), presidente de Guatemala, fue destituido por el parlamento por sospechas de corrupción
Otto Pérez Molina (d) habla hoy tras la suspensión de la audiencia en la que un juez debía decidir si es juzgado por corrupción (EFE)

Guatemala

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina arremetió hoy contra sus acusadores y dijo que no sólo está detenido "ilegalmente", sino que tratan de armar en su contra un caso con testigos y declaraciones falsas por la trama de corrupción aduanera "La Línea", que le obligó a renunciar al poder en 2015.

Tras la sorpresiva decisión del juez Miguel Ángel Gálvez de suspender la audiencia de "etapa intermedia" en la que se decidirá si va o no a juicio, el ex jefe de Estado lamentó, en una improvisada rueda de prensa, que se haya aplazado la diligencia para una fecha aún no determinada.

Pérez Molina, quien fue detenido en septiembre pasado tras renunciar a la Presidencia, sostuvo que la resolución judicial sólo beneficia a la Fiscalía porque le da tiempo para "armar un caso" en su contra con "testigos protegidos" cuyos testimonios calificó de "falsos".

El ex presidente hacía referencia al empresario Salvador Estuardo González Álvarez, conocido con el alias de "Eco" en la trama de corrupción "La Línea", desarticulada el 16 de abril de 2015 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Convertido en "colaborador eficaz" del MP, González aseguró en su declaración como anticipo de prueba ante el Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside Gálvez, que Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti eran el 1 y la 2, es decir, los cabecillas de la estructura, y recibían el 50 % de los cobros ilegales en las aduanas.

Además, dijo que no le teme al testimonio de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, quien según la Fiscalía se convertirá también en colaborador del caso.

El ex mandatario reiteró que las acusaciones en su contra se deben a una "injerencia" del Gobierno de Estados Unidos a través de la Cicig, un ente de las Naciones Unidas que trabaja en el país centroamericano desde 2007.

Pérez Molina relató que en una oportunidad el vicepresidente de EU, Jospeh Biden, le dijo "que la Cicig no debe estar solo en Guatemala sino ampliarse a Honduras y El Salvador". "Biden me lo dijo a mí y yo se lo hice ver a los presidentes" de esos países, dijo sin precisar la fecha de esa reunión.

"Y vuelvo a denunciar la injerencia que ha tenido Estados Unidos", enfatizó, y denunció que la familia de "Eco" está viviendo en Canadá y que reciben cinco mil dólares mensuales. "Así cualquiera quiere ser colaborador eficaz", pero "no es la forma de construir un caso", manifestó Pérez Molina. Recalcó que seguirá dando la cara para demostrar su inocencia y para "pelear para que las cosas se hagan como se tienen que hacer".

El ex presidente denunció que está "retenido ilegalmente" desde diciembre pasado, mes en el que estaba programado el comienzo de la etapa intermedia del proceso en su contra, la cual fue suspendida hoy por el juez Gálvez debido a una apelación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por quedar fuera de este caso.

Además, el ex gobernante reiteró que es "inocente" y que espera desvanecer las pruebas en su contra ya sea en esta etapa o un juicio oral y público. "Yo no me digo inocente, soy inocente, lástima que se retrase esta etapa" porque "les voy a demostrar que no hay asociación ilícita, que no hay cohecho pasivo ni defraudación aduanera", afirmó.

El ex mandatario aseguró que está preparado para defenderse porque "es ridículo" asegurar que haya ordenado conformar una estructura para robar dinero al Estado. "A nadie le dije yo que crearan una organización para defraudar al Estado, es mentira", resaltó.

Gálvez explicó que suspendió la audiencia era para evitar que una Sala de Apelaciones anule la diligencia posteriormente, por estar pendiente de resolverse el recurso de la PGN.

Casi una hora duró esta esperada audiencia debido al retraso de la ex vicepresidenta, quien alegó problemas de salud para no asistir pero fue trasladada desde la prisión a la sala por orden de Gálvez. Además de los ex gobernantes, a la audiencia llegaron otros 30 imputados en la estructura criminal, la mayor desarticulada en Guatemala.