Parlamento español aprueba la ley de nacionalidad de los sefardíes

Los grupos políticos resaltaron que la medida supone la reparación de la "injusticia histórica" que fue la expulsión de los judíos de España en 1492 por los reyes Católicos, y cuyos descendientes ...
Turistas fotografían la sinagoga de Santa María La Blanca, del siglo doce, en Toledo, el pasado 27 de febrero de 2014
Turistas fotografían la sinagoga de Santa María La Blanca, del siglo doce, en Toledo, el pasado 27 de febrero de 2014 (AFP)

Madrid

El Parlamento español aprobó hoy definitivamente la ley que otorga la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 por los reyes Católicos, en tiempos de la Inquisición, con lo que se repara "una injusticia histórica", según todos los grupos políticos.

La ley, que entrará en vigor el 1 de octubre, va dirigida a los descendientes de los sefardíes expulsados hace más de 500 años de la península ibérica, que ahora podrán recuperar la ciudadanía española si acreditan su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tengan residencia legal en el país.

Anteriormente podían obtenerla únicamente si residían en el país y renunciaban a su ciudadanía anterior. Los ministros de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Justicia, Rafael Catalá, presentes en el pleno del Congreso de los Diputados, coincidieron en que la norma supone una "rehabilitación histórica" y una restitución de los derechos de los sefardíes.

"Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante", afirmó Catalá. El ministro de Exteriores señaló que el proyecto de ley es obra de todo el Gobierno y que supone la "reparación de una deuda histórica" con las comunidades judías.

También asistió a la Cámara Baja Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, quien calificó el día de "histórico" y dijo que abre "una nueva era en la relación de las comunidades judías con la hispanidad. Quizás con algo de retraso, quizás 500 años, pero España acude a la cita", añadió este sefardí nacido en Marruecos, cuyos ancestros se refugiaron en el norte de África cuando fueron expulsados de España.

"Es un día histórico, es un día importante, es un día emocionante", dijo Querub, en las escaleras del parlamento poco antes de la votación. "La decisión del Parlamento español respeta la larga historia de los judíos de España. La decisión tomada fortalecerá las relaciones entre Israel y España", celebró la viceministra de Exteriores israelí Tzipi Hotovely.

Kelly Benoudis Basilio, una profesora de literatura francesa de 70 años retirada que vive en Lisboa, está "muy interesada" por razones afectivas en pedir la ciudadanía aunque no contemple vivir en España.

Nacida en Alcazarquivir, en el noroeste de Marruecos, y con nacionalidad portuguesa por su matrimonio, Basilio conserva las tradiciones de sus ancestros expulsados de España.

"Siempre tuvimos un apego muy grande a la cultura española, una tradición oral muy fuerte. Cantábamos nanas en haketia", la lengua hablada por los sefardíes en el norte de Marruecos, una mezcla de español medieval, árabe y hebreo.

A partir de ahora, los sefardíes conservarán la nacionalidad que tengan aparte, y gozarán así de los privilegios reservados a los ciudadanos de las antiguas colonias españolas en Latinoamérica y a los de Andorra y Portugal.

El proyecto tenía el apoyo de los grandes partidos españoles y fue aprobado sin dificultad. El gobierno estima que unas 90 mil personas pedirán la ciudadanía aunque desconoce cuántos reunirán los criterios necesarios.

Los grupos de la oposición mostraron su respaldo a la nueva ley, pero pusieron de relieve sus "gravísimas carencias" y destacaron que la norma pone muchas dificultades para que los sefardíes accedan a esa nacionalidad española, como el pago de una tasa de cien euros o las pruebas que demuestran una especial vinculación con España.

La norma establece que el procedimiento de nacionalidad será electrónico y que la solicitud se formulará en castellano e irá dirigida a la Dirección General de los Registros y el Notariado.

La condición de sefardí originario de España podrá acreditarse con un certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cargo análogo de la comunidad judía de residencia o de la autoridad rabínica competente.

También servirá la acreditación del uso como idioma familiar del ladino -el idioma español hablado en el siglo XV y que algunas familias judías mantienen vivo-. Asimismo se tendrán en cuenta otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad, como la partida de nacimiento o el certificado de matrimonio en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.

Se aceptará como prueba un informe motivado, emitido por una entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español.

"Infierno burocrático"

Aunque las estimaciones varían, los historiadores creen que 200 mil judíos vivían en España cuando los reyes católicos Isabel y Fernando los obligaron a convertirse o abandonar el país.

Los judíos, que habían vivido durante siglos en relativa paz con cristianos y musulmanes, se vieron forzados a huir en pocas semanas y sin posibilidad de volver. Aquellos que se oponían eran quemados en la hoguera.

Los exiliados, sometidos al pillaje en su ruta, huyeron hacia el Imperio Otomano, los Balcanes, el Norte de África y Portugal, de donde fueron expulsados cinco años más tarde. Se calcula que hasta 3.5 millones de personas en el mundo tienen pasado sefardí, "español" en hebreo.

Los candidatos a la nacionalidad española no tienen por qué ser judíos practicantes, pero su origen debe estar acreditado por la Federación de Comunidades Judías de España o los rabinos de su lugar de residencia. Tendrán que pasar exámenes sobre lengua y cultura españolas, probar su "vínculo especial" con España y sufragarse los costes del viaje para pedir la nacionalidad.

La ley tendrá una vigencia de tres años ampliables a cuatro si fuera necesario. No toda la comunidad judía celebró su aprobación. Algunos líderes lamentaron el "infierno burocrático" del proceso de concesión. "Van a tener que pasar por un vía crucis", dijo a la AFP León Admiras, que dirige una asociación de inmigrantes en Israel de países latinos.

El diputado conservador Gabriel Elorriaga, ponente de la ley, defendió que la ley debía ser "precisa" para "identificar correctamente" los descendientes de los judíos expulsados.

Esta ley supone el último paso de los esfuerzos españoles para enmendar su trato pasado a los judíos. En 1992, el anterior rey Juan Carlos visitó una sinagoga madrileña para reconocer "las injusticias del pasado".