Parlamento argentino busca convertir en ley reforma de central de espías

Mientras la reforma del servicio de inteligencia puede convertirse hoy en ley, el gobierno reclamó al ex espía Stiuso probar que estaba al tanto de las escuchas usadas por el fallecido fiscal Nisman.
El secretario de Inteligencia argentino, Oscar Parrilli (c), durante una rueda de prensa hoy en la Casa Rosada
El secretario de Inteligencia argentino, Oscar Parrilli (c), durante una rueda de prensa hoy en la Casa Rosada (EFE)

Buenos Aires

El Congreso argentino buscar convertir en ley este miércoles la reforma del servicio de inteligencia que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner tras la misteriosa muerte de un fiscal que denunció a la mandataria, en un caso que salpica a la central de espías.

Kirchner envió la reforma al Congreso -controlado por el oficialismo- tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza el 18 de enero.

La sesión de hoy, que podría prolongarse hasta la madrugada del jueves, empezó con un minuto de silencio por Nisman a pedido de la oposición, y luego aplausos por el natalicio de Néstor Kirchner (2003-2007), impulsados por el oficialismo al líder fallecido en 2010 a los 60 años.

La muerte del fiscal se produjo cuatro días después de haber acusado a la presidenta y a otros funcionarios de encubrir a ex gobernantes iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos y que lleva más de 20 años en la impunidad.

El gobierno puso la lupa en el poderoso ex agente de inteligencia Antonio 'Jaime' Stiuso, estrecho colaborador de Nisman e ingresado al servicio de inteligencia argentino en 1972.

Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la presidenta fue ampliamente rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.

Stiuso había sido destituido en diciembre pasado junto a la cúpula de inteligencia cuando Kirchner disolvió la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El martes, el Ejecutivo lo acusó junto a otros espías por un contrabando millonario.

Espías controlados

El proyecto de ley, aprobado la semana pasada en el Senado, disuelve la cuestionada Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su lugar una agencia federal, aunque con el traspaso de la mayoría de los agentes, lo que es cuestionado por la oposición.

La propuesta sufrió modificaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, ambas en manos del oficialismo. Según el proyecto, la nueva central de espías estará bajo la órbita del Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la presidenta.

Parrilli tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar (1976-1983). Entre otras modificaciones se prevé que el control de las escuchas telefónicas quede bajo la supervisión de la Procuración General de la Nación, cuya titular, Alejandra Gils Carbó, es cuestionada por la oposición por entender que responde al gobierno de Kirchner.

Apoyo de expertos

Algunos cambios fueron vistos con beneplácito por la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos en seguridad, sobre todo los que hacen a establecer límites más claros a las tareas de espionaje.

Según el CELS el proyecto representa "una mejora significativa del funcionamiento actual del sistema y un avance fundamental para desarmar la autonomía de los servicios (de inteligencia) y sus relaciones con el poder judicial y político".

Argumentó que ello "transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales".

"También impide que la Agencia Federal de Inteligencia realice investigación criminal a menos que un juez fundamente la necesidad de su intervención", expresó el CELS en un comunicado.

Entre los principales puntos destacó que "acota el concepto de inteligencia nacional, contribuye a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, establece pautas más claras para la clasificación y acceso a la información".

Otro aspecto que resalta el CELS es que prevé aplicar a los agentes de inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia cuando intervengan en investigaciones criminales.

La reforma establece además en quince años el plazo máximo para la desclasificación de archivos, aunque el Poder Ejecutivo podrá hacerlo antes si lo considerada oportuno.

Stiuso deberá probar que sabía

De otra parte, el gobierno de Argentina dijo hoy que el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso deberá probar su declaración de que el Ejecutivo estaba al tanto de las escuchas que el fallecido fiscal Alberto Nisman usó para confeccionar su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a terroristas.

"Si eso es cierto, deberá probarlo", dijo hoy el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, en declaraciones radiales. Según publicó hoy el diario La Nación, Stiuso, ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, declaró ante la Fiscalía que investiga la muerte de Nisman que el Gobierno estaba al tanto de las escuchas que estaba utilizando el fiscal para respaldar su denuncia contra la presidenta.

Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de haber denunciado a Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes sospechados por el ataque, en el que murieron 85 personas.

Stiuso, quien colaboraba con Nisman en la investigación del caso AMIA hasta que fue cesado en su cargo, en diciembre pasado, fue denunciado por el Gobierno por presunto contrabando.

"Durante 30 años tuvimos unos servicios de inteligencia que no estuvieron en beneficios la democracia, ni para defender los intereses o la seguridad de los argentinos: estuvieron más bien para espiarnos", dijo hoy Parrilli.

Fiscal cita a senador

Asimismo, la fiscal argentina a cargo del caso de Alberto Nisman citó hoy a un senador oficialista para que explique por qué dijo que se trató de un "crimen pasional".

El senador Salvador Cabral confirmó hoy a medios locales que comparecerá ante la fiscal Viviana Fein por escrito y que mantendrá todo lo que dijo acerca de que la muerte de Nisman se trató de "un crimen pasional entre un amor homosexual", en el que supuestamente estuvo involucrado el único imputado en la causa, Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma que acabó con su vida.

"El marido, que es el 'flaquito' este que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza, amorosamente", apuntó Cabral la pasada semana, tras lo que se asumió que hacía referencia a Lagomarsino, el único imputado hasta el momento en la causa por prestarle al fiscal el arma que le provocó la muerte.

"No sé si habrá sido Lagomarsino. Lo único concreto es que hay una arma y un joven, sin los cuales el delito no existía", apuntó Cabral en declaraciones al periódico Perfil antes de afirmar que su citación se debe a los "periodistas chatarra".

El despacho del abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, informó hoy a Efe que el mismo día en que el senador hizo esa afirmación, presentaron un escrito ante la Fiscalía para exigir su declaración como testigo.

"Estamos colaborando en el pliego de preguntas que se va a enviar. Aunque declare por oficio, igual está bajo juramento", apuntó a medios locales el defensor del experto informático que colaboraba con Nisman.

Lagomarsino visitó a Nisman en su casa dos veces la víspera de su muerte, ya que el fiscal le pidió un arma para protegerse y él accedió, según el testimonio del propio informático.

Aunque todavía no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, podría hacer frente a una pena de uno a seis años por "facilitación del arma". El pasado 10 de febrero, el informático fue cesado oficialmente como colaborador de la Unidad Fiscal de Investigación por el atentado contra la mutualista judía AMIA en la que colaboraba con el fallecido fiscal.