El beato al que la justicia le dio la espalda

El Vaticano busca llevar al arzobispo a los altares, pero su asesinato no ha sido castigado después de 35 años.
Bustos del religioso se venden como souvenirs.
Bustos del religioso se venden como souvenirs. (Jorge Dan López/Reuters)

San Salvador

Representantes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador destacaron que se sienten "honrados de que monseñor Óscar Arnulfo Romero sea beatificado", pero insistieron en que su asesinato sigue impune, por lo que exigen un proceso que lleve a la verdad.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, recordó que el caso de Romero, asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980, se encuentra impune por una ley de amnistía de 1993, lo cual contrasta con el proceso de canonización que ha ordenado el papa Francisco.

Romero, nacido en 1917, era arzobispo de San Salvador cuando fue asesinado con una bala que le destrozó el corazón mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en la capital el país centroamericano.

La Iglesia católica calificó al religioso como mártir, lo beatificará hoy y ha iniciado un proceso para su canonización. A su vez, las leyes universales catalogan el crimen como de lesa humanidad, que no admite amnistías ni prescripciones.

De acuerdo con Benjamín Cuéllar, reconocido activista por los derechos humanos en El Salvador, el "Caso Romero" sigue impune porque "después del asesinato se evitó que se investigara desde el Estado mismo. El juez del caso, Atilio Ramírez Amaya, a los tres días de iniciado el proceso, fue víctima de un atentado en su domicilio".

El procurador Morales insiste en que el caso de Romero, "asesinado por escuadrones de la muerte que recibían protección y tenían nexos con el Estado", sigue impune, igual que "los casos de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas (1989); como el de las masacres campesinas de El Mozote (1981), por ejemplo. Esta impunidad debe ser suprimida".

Cuéllar agregó que "después de suscritos los acuerdos con que se puso fin a la guerra civil, aquí en El Salvador hubo un pacto entre impunes. Tanto el ejército como la guerrilla cometieron crímenes de lesa humanidad, pero no quieren que se procese a los involucrados y por ello se mantiene la impunidad, no solo en el caso Romero, sino en todos, como masacres, desapariciones y torturas".

Morales cree que reabrir el caso del arzobispo es una obligación del Estado salvadoreño. Por ello enfatizó que pedirá la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que vele y haga cumplir la justicia en los procesos de lesa humanidad.

Además, subrayó, "existen pruebas en el caso de Romero, como las obtenidas por la Comisión de la Verdad —auspiciada por Naciones Unidas (ONU)— de 1993, en las que se detalla que un grupo de militares y de civiles al mando de Roberto D'Aubuisson se confabularon y asesinaron a Romero; para ello contrataron a un sicario: al francotirador".

D'Aubuisson fue el fundador de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009. El asesinato de Romero se considera el punto de inflexión que dio inicio a la guerra civil de esa nación (1980-1992).