Ordenan arresto de nueve militares en Ecuador por delitos de lesa humanidad

El fiscal presentó cargos contra diez oficiales del Ejército y la Policía por su supuesta responsabilidad en la tortura, violencia sexual y desaparición forzada a la que fueron sometidos tres ex ...
La ex guerrillera Susana Cajas (d) celebra la decisión judicial con otros ex miembros del grupo ¡Alfaro Vive, Carajo! al dejar la corte nacional de Quito
La ex guerrillera Susana Cajas (d) celebra la decisión judicial con otros ex miembros del grupo ¡Alfaro Vive, Carajo! al dejar la corte nacional de Quito (AFP)

Quito

Una jueza ordenó hoy el arresto de seis generales y tres coroneles en retiro, en el primer juicio por presuntos delitos de lesa humanidad abierto en Ecuador, y el Congreso aprobó una ley para la judicialización de las violaciones de derechos humanos.

En una audiencia pública, el fiscal Galo Chiriboga había presentado cargos contra diez oficiales del Ejército y la Policía por su supuesta responsabilidad en la tortura, violencia sexual y desaparición forzada a la que fueron sometidos tres ex guerrilleros en 1985.

Dos de las víctimas, Susana Cajas y Luis Vaca, asistieron a la audiencia de juzgamiento, mientras Javier Jarrín permanece fuera del país. Los tres fueron detenidos arbitrariamente y torturados por uniformados, y en el caso de la mujer violada repetidas veces, antes de ser dejados en libertad, según la fiscalía.

La jueza Lucy Blacio aceptó el pedido del fiscal y ordenó la prisión preventiva para dos generales -quienes se encuentran en Estados Unidos- y un coronel. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario de seis oficiales, mientras otro general fue cobijado con una medida alterna que le impide salir del país, debido a su mal estado de salud.

"Es la primera vez en la historia ecuatoriana que la Corte Nacional de Justicia aceptó tramitar un juicio de lesa humanidad", destacó Chiriboga en rueda de prensa al término de la audiencia.

Entretanto, el Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó en segundo y definitivo debate un proyecto de ley para la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el país entre 1983 y 2008.

Una Comisión de la Verdad, creada por iniciativa del presidente Rafael Correa y que funcionó entre 2007 y 2010, documentó 136 casos ocurridos en su mayoría durante el gobierno del ex presidente León Febres-Cordero (1984-88), elegido democráticamente y quien murió en 2008 por una enfermedad pulmonar sin haber sido juzgado.

El documento prevé que las víctimas o sus familiares podrán demandar judicialmente la reparación integral de los daños y que el Estado ecuatoriano reconocerá su responsabilidad por las violaciones establecidas por esa Comisión.

En el grupo de oficiales vinculados con los crímenes de lesa humanidad, con edades comprendidas entre 60 y 80 años, figuran los generales del Ejército Luis Piñeiros y Jorge Asanza, ex ministros de Defensa de Febres-Cordero, y el ex jefe de la policía Edgar Vaca, también vinculado con el gobierno derechista de la época.

Apoyándose en la evidencia recopilada por la Comisión de la Verdad, la fiscalía pidió enjuiciar a los acusados por el "delito de lesa humanidad instrumentado en la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual".

Febres-Cordero combatió a sangre y fuego a la guerrilla urbana Alfaro Vive Carajo (AVC), una organización minúscula de corte marxista leninista que operó en los años ochenta y que estuvo implicada en asaltos a bancos, secuestros y enfrentamientos con la fuerza pública. El grupo fue diezmado militarmente y abandonó la lucha armada en 1991, tras firmar un acuerdo de paz.

"Fuimos detrás de los mentalizadores de la represión, de los que hicieron que estas violaciones de derechos humanos sucedan de manera sistemática", explicó a la AFP Fidel Jaramillo, director de una unidad de la fiscalía responsable de judicializar los expedientes de la Comisión.

Los casos denunciados hoy se remontan a noviembre de 1985, cuando los tres ex militantes de AVC fueron detenidos por el Ejército en la ciudad costera de Esmeraldas (norte).

Jarrín, Cajas y Vaca fueron encapuchados y llevados clandestinamente a un batallón militar a las afueras de Quito, donde fueron torturados con descargas eléctricas y sometidos a vejámenes. Durante quince días, Cajas, entonces de 21 años, fue víctima de violencia sexual.

"Yo nunca estuve en un interrogatorio vestida. En todos los interrogatorios me exigían que me desnudara completamente para interrogarme, y ahí había toda la aplicación de electricidad, de agresiones sexuales", dijo a la AFP Cajas, de 48 años y diputada suplente del partido de gobierno.

Ella y Jarrín fueron sacados de la unidad militar después de dos semanas y encarcelados por portar documentos falsos, mientras que Vaca contó a la AFP que estuvo dos años y medio detenido clandestinamente e incomunicado, y que durante ese tiempo intentó suicidarse en dos ocasiones. Las Fuerzas Armadas negaron en la época tener en su poder a los tres ex guerrilleros.

Consultada por la AFP, la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, que agrupa a oficiales en retiro, declinó pronunciarse sobre la decisión judicial. Entre los cargos formulados contra los uniformados está el de desaparición forzada, que según la fiscalía debe ser juzgado así la víctima haya sobrevivido.

Por su parte el canciller Ricardo Patiño, quien asistió a la audiencia, celebró la decisión de la fiscalía. "A veces la justicia tarda pero llega. Que sepan los torturadores, que sepan aquellos que violan los derechos humanos, como se hizo en el gobierno de León Febres-Cordero, que les llegará su momento", dijo.