Oposición siria pide al mundo actuar contra Al Asad

La Coalición Nacional Siria, principal alianza opositora, replicó a la presentación de la candidatura del presidente a la reelección, que calificó de "farsa nacional", con un llamado a la ...
Dos cadáveres envueltos en sábanas, en una camioneta después de ser sacados de los escombros de un edificio bombardeado en Alepo
Dos cadáveres envueltos en sábanas, en una camioneta después de ser sacados de los escombros de un edificio bombardeado en Alepo (AFP)

Beirut

La Coalición Nacional Siria (CNFROS), principal alianza opositora del país, instó hoy a la comunidad internacional a actuar para acabar con el régimen de Bashar al Asad, después de que el presidente presentara su candidatura para la reelección. En un comunicado, la CNFROS consideró que el fin del régimen supondría el primer paso hacia "el cumplimiento de las aspiraciones del pueblo sirio de libertad, justicia y democracia".

En opinión de la coalición, el anuncio de la candidatura de Al Asad "forma parte de una farsa nacional en la que el régimen está demostrando que está desconectado y es irrelevante respecto a lo que ocurre sobre el terreno". Recordó que el mandatario "es el responsable de la muerte de más de 200 mil civiles (según sus propios datos), del desplazamiento dentro y fuera de Siria de más de nueve millones de ciudadanos y de la destrucción de la economía y las infraestructuras del país".

La CNFROS acusó al régimen de haber usado armas químicas contra inocentes y de haber enviado "milicias sectarias", en referencia al grupo libanés Hizbulá y las brigadas chiitas Abu Fadel Abas, contra los sirios. El jefe de Estado presentó hoy su candidatura a los comicios presidenciales convocados para el próximo 3 de junio. Al Asad, en el cargo desde julio de 2000, es el séptimo aspirante que se postula a la votación, la primera en décadas en la que pueden concurrir varios candidatos.

Sin embargo, la ley electoral estipula que los aspirantes deben haber vivido en Siria diez años consecutivos antes de la fecha de su registro como candidatos y no disponer de otra nacionalidad, con lo que se imposibilita que se presente gran parte de los dirigentes opositores, porque muchos de ellos residen en el extranjero.

De otra parte, el suministro eléctrico fue restablecido hoy en la norteña provincia de Alepo después de que fuera cortado por los rebeldes para presionar al régimen de Bashar al Asad hace unos diez días. Una fuente del Ministerio de Electricidad, citada por la agencia de noticias oficial Sana, dijo que la corriente volvió hoy a la provincia tras estar cortada varios días por "los ataques sistemáticos llevados a cabo por grupos terroristas contra las líneas de alto voltaje que cubren Alepo".

Según la fuente, los equipos de mantenimiento han reparado los cables entre las estaciones eléctricas de Al Zorba y la ciudad de Alepo, gracias a una iniciativa en la que han participado los vecinos de la zona. Agregó que se está trabajando de forma intensa para solucionar los problemas en el resto de la provincia. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que citó a activistas, señaló que los rebeldes decidieron devolver el suministro a distintos barrios occidentales de la capital provincial, en poder de los efectivos gubernamentales.

La ONG explicó que una Corte Islámica de los insurgentes resolvió cortar la electricidad hace diez días, como una medida de presión contra el régimen, para que dejara de bombardear con barriles con explosivos la localidad. En un comunicado difundido en internet, el Frente al Nusra, vinculado a Al Qaeda, dijo que ha decidido restablecer el suministro por "el sufrimiento de la población en las zonas en manos del régimen".

Subrayó que lo ha hecho en cumplimiento de "una iniciativa de principios que exige el fin de los bombardeos contra la población civil y por un periodo de prueba para ver si el régimen lo cumple". En ese sentido, advirtió a las fuerzas gubernamentales de que su "respuesta será más dura" si vuelve a bombardear Alepo.

Asimismo, Amnistía Internacional denuncia que los refugiados procedentes de Siria y de otros países en conflicto, así como los inmigrantes indocumentados, son "rutinariamente" expulsados "en caliente", además de sometidos a continuas vejaciones, palizas e incluso robos por parte de la Policía y la Guardia Costera de Grecia.

Estas son las conclusiones del informe "Grecia: frontera de esperanza y miedo", publicado hoy por Amnistía Internacional (AI) sobre los "push-back" o "devoluciones en caliente", es decir, aquellas en las que a las personas que han entrado en el país de forma irregular se las expulsa sin un examen sobre su situación y sin darles la oportunidad de solicitar asilo. AI recuerda que esta práctica está "explícitamente prohibida por las leyes griegas, europeas e internacionales".

El Gobierno griego se comprometió el año pasado ante la ONU a no deportar ni detener a los refugiados sirios, en respuesta a las críticas en este sentido formuladas ya anteriormente. En su nuevo informe, AI constata que el amplio volumen de denuncias recogidas tanto por esta como por otras asociaciones indica que los cuerpos de seguridad griegos expulsan ilegalmente a posibles demandantes de asilo de forma "rutinaria".

Esto es lo que ocurrió a J. y S., dos refugiados sirios que habían cruzado la frontera entre Turquía y Grecia a través del río Evros el pasado noviembre. "Sobre la 1.00 o 1.30 de la madrugada llegamos a la orilla del río y (la Policía griega) nos entregó a una gente que llevaba capuchas y uniformes negros o azul oscuro. Nos quitaron el dinero y los pasaportes y luego, en grupos, nos llevaron en pequeñas barcas a la parte turca", narraron en su entrevista con AI.

En la parte terrestre de la frontera turco-griega, separada por el río Evros y por una valla de 10 kilómetros levantada en 2012, las devoluciones en caliente se producen no sólo apenas llegan los inmigrantes, sino incluso cuando ya han penetrado ampliamente en el interior del territorio griego.

Es el caso de una expulsión colectiva de unos 200 refugiados, en su mayoría, perseguidos durante varias horas por la Policía griega en noviembre del pasado año, que, cuando trataban de refugiarse en un iglesia, los redujo a golpes y con el uso de porras de eléctricas para después devolverlos a Turquía. En la frontera marítima la situación es aún peor, ya que los "push-back", según AI, ponen en peligro la vida de los inmigrantes y refugiados.

"(Los guardacostas) nos dijeron que nos llevarían a Atenas. En vez de eso, nos pusieron en un bote de plástico y nos dejaron en medio del mar", relataron a AI los afganos D. y R. A los guardacostas no les importó abandonar a su suerte a esta joven pareja, a pesar de que R. estaba embarazada de seis meses.

El caso más sangrante del que se tiene constancia ocurrió el pasado enero, cuando una patera con refugiados afganos y sirios se hundió mientras era remolcada por la Guardia Costera griega de vuelta a Turquía y perecieron 11 personas, ocho de ellas niños. Según Ehsanulla Safi, uno de los supervivientes, el accidente se produjo porque los guardacostas les remolcaron a gran velocidad y zigzagueando, lo que, unido a las condiciones de fuerte viento y olas, provocó el hundimiento.

Los supervivientes fueron llevados a un islote "a punta de pistola" señala el informe y el capitán les amenazó con "causar más problemas" si informaban de lo ocurrido, explicó Safi, quien perdió a su mujer, sus hijas de 8 y 9 años y su hijo de 18 meses. Los entrevistados por Amnistía Internacional denunciaron palizas, malos tratos -por ejemplo, darles de beber agua de mar en lugar de agua potable- y humillaciones varias, además de robos de los teléfonos móviles y dinero, una queja que Efe también ha recabado de otros refugiados.

"Tenía más miedo de la policía griega que de los militares en Siria", lamentó un joven que escapó de la guerra civil en el país árabe, citado en el informe de AI. Amnistía exige que la Unión Europea tome cartas en el asunto y retire a los efectivos de Frontex de Grecia hasta que cesen las devoluciones en caliente, aunque también acusa a Bruselas de no hacer lo suficiente contra estas prácticas.

Además se queja de que mientras Grecia ha recibido de las instituciones europeas más de 227 millones de euros para aumentar la seguridad y el control de sus fronteras, sólo se han otorgado doce millones para ayudar a la acogida de refugiados.