Oposición condena gigantesca redada en Caracas

"Llevarse a estudiantes detenidos no está bien. Quien actúa en la oscuridad sabe que algo sucio está perpetrando", denunció en un encuentro con docentes el ex candidato presidencial ...

Caracas

La oposición venezolana repudió hoy la operación policial en la que 243 jóvenes fueron detenidos en una gigantesca redada nocturna contra los últimos reductos de las protestas iniciadas en febrero, en un momento en que el frágil diálogo de pacificación entre el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro y la oposición está en suspenso.

Asimismo, un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) falleció hoy por impacto de bala durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en el este de Caracas, informó a la AFP una fuente de la policía municipal. "Lamentablemente un policía falleció por un disparo en el cuello", aseguró el director de policía del municipio de Polichacao, Yoryi Carvajal, que informó además que otro efectivo fue herido de bala en el mismo hecho.

El gobierno de Maduro justificó el despliegue de más de mil agentes antimotines para desalojar en plena noche cuatro campamentos de protesta en Caracas --el más nutrido frente a las oficinas de la ONU-- donde dicen se albergaban grupos que preparaban "actos terroristas".

"Se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", dijo el ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres. El gobierno ha descalificado invariablemente a las protestas iniciadas en febrero, al definirlas como un "intento de golpe de Estado" a cargo de grupos de la "oposición fascista" con apoyo de Estados Unidos y Colombia.

En los operativos fueron "incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas y todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad", afirmó el ministro, quien fue jefe de los servicios de inteligencia. Cada vez que el gobierno detuvo manifestantes y exhibió armas o elementos logisticos decomisados, los detenidos -a través de sus abogados- denunciaron que esos objetos les fueron "plantados" por las autoridades.

La redada ocurrió pocas horas después de que el gobierno anunciara la postergación para la semana siguiente de una nueva reunión del escabroso diálogo de pacificación --al cual solamente aceptó asistir el sector moderado de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD-- y que permanece sin pistas de avances concretos luego de un mes.

La redada fue repudiada por el principal líder opositor Henrique Capriles. "Esta madrugada ocurrieron unos hechos que tenemos que condenar. Llevarse a estudiantes detenidos no está bien. Quien actúa en la oscuridad sabe que algo sucio está perpetrando", denunció el ex candidato presidencial en un encuentro con docentes.

"Sorprende el despliegue de fuerza implementado por el gobierno nacional" afirmó por su lado un comunicado de la MUD, que reclamó la "inmediata liberación de los jóvenes estudiantes detenidos". Según la abogada y activista de los Derechos Humanos, Elenis Rodríguez, "muy pocos jóvenes pudieron escapar a la arremetida. Los detenidos fueron trasladados algunos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (...) y otros a (la unidad militar de) Fuerte Tiuna".

Estos campamentos eran la cara visible de los últimos restos de las protestas iniciadas en febrero y que han dejado, según cifras actualizadas este jueves por la Fiscalía, 41 muertos, 800 lesionados y casi 150 casos investigados de abusos policiales. "Actúan a las tres de la mañana en una emboscada clara a nuestros compañeros (...) Tendrán que preparar celdas más grandes, los estudiantes seguiremos luchando por nuestros derechos", prometió el líder estudiantil Juan Requesens.

Desde este mediodía grupos de jóvenes realizaban protestas relámpago en al menos una decena de sitios del este de la ciudad, concentraciones regularmente dispersadas con gases lacrimógenos. El "uso de la fuerza bruta para limitar la libertad de expresión estimula protestas más agresivas y peligrosas que hacen más difícil el diálogo. Puedes aplastar al adversario, pero no estás solucionando los problemas", dijo a la AFP el analista político Luis Vicente León.

"En medio de una crisis económica, con anuncios de racionamiento de agua y electricidad, el gobierno va en contra de una sociedad que protesta (...) Su acción intenta mostrar que no está dispuesto a ceder en ningún terreno" dijo León, titular de la consultora Datanálisis. Su firma reveló esta semana una encuesta según la cual seis de cada diez venezolanos reprueban la gestión de Maduro, heredero político de Hugo Chávez.

Las protestas, calificadas por el gobierno como un "golpe de Estado en desarrollo", fueron motorizadas por la violencia criminal fuera de control, la inflación de casi 60% anual y la escasez pertinaz de alimentos, medicinas y otros bienes. En el país que recauda cien mil millones de dólares anuales por sus ventas de crudo, la población debe hacer horas de filas para tratar de obtener --cuando tiene suerte-- un paquete de azúcar, leche, aceite, papel de baño o medicamentos.

Entretanto hoy fue suspendida la audiencia judicial que debía decidir el eventual enjuiciamiento del opositor radical Leopoldo López, detenido desde febrero en una cárcel militar. "Tribunal 16 de Control difiere audiencia preliminar de Leopoldo López, quien está siendo trasladado nuevamente a cárcel militar de Ramo Verde", en las afueras de Caracas, informó su partido Voluntad Popular.

"Hoy la justicia injusta se escondió. ¿A qué le temen? ¿A la verdad? Saben que debo salir en libertad", declaró el encarcelado dirigente a su salida del Palacio de Justicia de Caracas, agregó Voluntad Popular en su cuenta de Twitter. López es el principal promotor de la estrategia de forzar con protestas callejeras la renuncia de Maduro.

Mientras, Estados Unidos sigue dispuesto a considerar sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos de manifestantes en Venezuela, pero esperará avances en el diálogo entre oposición y gobierno, dijo hoy la subsecretaria adjunta de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. "Vamos a seguir considerando (las sanciones) y las usaremos cuando pensemos que es el momento correcto", dijo la alta funcionaria.

En una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Jacobson aclaró que esa ocasión no ha llegado, dado que las conversaciones apenas tienen un mes de iniciadas y en tanto la oposición venezolana y los países mediadores consideren que aún persisten posibilidades de avances. Los cancilleres de Unasur y el Nuncio del Vaticano que median en las conversaciones "creen que sigue habiendo razones para el optimismo", dijo Jacobson.

Además representantes de la oposición venezolana "nos han pedido específicamente que no busquemos sanciones en este momento", aunque aclaró que otros grupos opositores podrían tener una posición diferente. Jacobson no mencionó a la variopinta coalición MUD, que representa a la oposición en los diálogos. A pesar de las altas expectativas que generaron las primeras conversaciones, "hasta el momento no hemos visto resultados", dijo Jacobson, no obstante.

Y esa percepción empeoró luego de la gigantesca redada de esta madrugada de la policía venezolana, horas después de que se postergara una nueva reunión del diálogo de pacificación. Las medidas "tomadas por el gobierno venezolano hoy (jueves) no apoyan los esfuerzos que requiere el diálogo", dijo Jacobson.

La audiencia sobre Venezuela se realizó mientras el Senado estudia un proyecto de ley para aplicar sanciones a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas. Las manifestaciones contra la elevada inflación -60% anual-, la escasez de alimentos y la violencia criminal, han dejado, según cifras actualizadas hoy por la Fiscalía, 41 muertos, 800 lesionados y casi 150 casos investigados de abusos policiales.