Ola de indignación por asesinato de dirigente ambientalista hondureña

Desde el actor Leonardo di Caprio hasta organizaciones ambientalistas en Europa, reclamaron al gobierno de Honduras esclarecer el asesinato de la activista Berta Cáceres, mientras el activista ...
Organizaciones y grupos étnicos marcharon de manera pacífica hoy, en repudio al asesinato de Berta Cáceres, en La Esperanza
Organizaciones y grupos étnicos marcharon de manera pacífica hoy, en repudio al asesinato de Berta Cáceres, en La Esperanza (EFE)

Tegucigalpa

Desde el flamante premio Óscar Leonardo DiCaprio hasta organizaciones ambientalistas en Europa, reclamaron hoy al gobierno de Honduras esclarecer el asesinato de Berta Cáceres, una tenaz defensora del medioambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos en América Latina.

"Noticias increíblemente tristes llegan de Honduras esta mañana. Debemos honrar las valientes contribuciones de Cáceres", escribió Di Caprio, protagonista de la película "El Renacido" -con la que ganó el Óscar- en su cuenta de Twitter.

"El mundo ha perdido a una líder indígena increíble. Todos debemos honrar las contribuciones valientes de Cáceres, ecologista, humanitaria e inspiración para todos", proclamó el estadunidense en Instagram.

El cantante del grupo Calle 13, el puertorriqueño René Pérez, más conocido como "Residente", expresó en Twitter: "Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cáceres multiplicará la lucha".

Para la escritora y cineasta canadiense Naomi Klein "Berta era una líder muy importante y una firme defensora de la tierra. (El crimen) es parte de una ola mundial de ataques de este tipo".

Gobierno hondureño bajo presión

Una avalancha de voces a nivel mundial exige al gobierno de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández una investigación a fondo del crimen, el castigo para los responsables y medidas de protección efectivas para los activistas sociales y de derechos humanos.

"Asesinato de líder indígena Berta Cáceres es horrendo crimen y golpe a derechos humanos del pueblo. Que se esclarezca crimen ya", pidió desde Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.

El responsable añadió que en una carta enviada en agosto de 2015 al gobierno hondureño había destacado la necesidad de dar protección a los líderes indígenas de ese país."Hoy reiteramos solicitud e instamos a (dar) mejor protección y (entablar) diálogo con comunidades indígenas para mejor comprensión de sus problemas", puntualizó Almagro.

La mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), afirmó en un comunicado que ese organismo "eleva su voz para exigir justicia, para demandar el respeto y la protección de todos aquéllos que como Berta, a lo largo de América Latina, empeñan su vida en construir derechos para todas y todos".

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) se sumó a las protestas y destacó que Cáceres trabajó por defender el derecho de sus conciudadanos al acceso a recursos naturales, en especial el agua, "uno de los objetivos que está en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) fue una de numerosas organizaciones civiles que se pronunciaron en América Latina, Estados Unidos y Europa pidiendo la investigación y el inmediato procesamiento de los culpables.

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a más de 40 entidades de Latinoamérica, pidió a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), recién establecida por la OEA, que "se asegure de que la investigación del asesinato de Berta sea realizada con la debida diligencia, de manera independiente e imparcial".

Una vida entregada a la lucha

Cáceres, de 43 años, fue fundadora y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que ha librado intensas luchas contra la amenaza ambiental que representan proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas.

En los últimos meses, Cáceres encabezó la lucha por la defensa del río Gualcarque, en el noroccidental departamento de Santa Bárbara, donde la compañía DESA (Desarrollo Energético Sociedad Anónima) se propone construir una represa hidroeléctrica, que dejaría sin agua a cientos de indígenas de la etnia lenca, a la que pertenecía la ambientalista.

En un comunicado en que condena "enérgicamente" el asesinato de Cáceres, el Consejo Indígena de Centroamérica denunció hoy desde San Salvador que los territorios y la forma de vida de las comunidades indígenas están amenazados en todo el istmo por "la construcción de represas, complejos turísticos o residenciales y carreteras", entre otros.

Funeral en Honduras: "la lucha sigue"

Mientras, en Honduras, entre gritos de "justicia" y "la lucha sigue", miembros del movimiento popular hondureño convertían hoy en una protesta social de gran magnitud el funeral de Berta Cáceres.

Más de mil personas recibieron en un centro social sindical a la familia de Cáceres el féretro con el cuerpo de la indígena lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), antes de su traslado a la ciudad natal de ella, La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital, donde fue asesinada.

"Justicia, justicia", "Berta vive, la lucha sigue, sigue", "Sangre de mártires, semilla de libertad", coreaban enardecidos miembros de sindicatos, ambientalistas, partidos políticos de izquierda, agrupaciones de mujeres y otros organismos de derechos humanos, durante la despedida.

Movilizaciones

Miembros de organizaciones populares de siete comunidades étnicas de diferentes zonas de Honduras anunciaron que se movilizaban hacia La Esperanza para participar en el sepelio, programado para el sábado, y celebrar manifestaciones de protesta y exigir castigo para los culpables del crimen.

En la capital, los llamados Indignados por la corrupción convocaron por redes sociales a una movilización frente a la Casa Presidencial, llevando velas con el slogan "Unidos para vencer la maldad en Honduras".

"Nos autoconvocamos a movilizaciones pacíficas pero enérgicas desde nuestra autonomía y autodeterminación. A seguirnos movilizando en defensa de nuestros bienes comunes de la naturaleza", llamó el Copinh en un comunicado.

Denunció que otros miembros de la organización "aseguran haber sido amenazados en diciembre por personas que se autodenominaron sicarios contratados por la empresa DESA (Desarrollo Energético Sociedad Anónima)", que pretende construir una represa en el río Gualcarque, contra la que Cáceres luchaba por considerar que afectará comunidades de los indígenas lencas en el departamento de Santa Bárbara (noroeste).

A pesar de tener medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "durante los últimos seis meses Berta recibió amenazas constantes cuya intensidad iba incrementando, disparos contra el carro, mensajes y amenazas verbales directas, por parte del ejército, la policía, el alcalde (de la jurisdicción de la represa) Raúl Pineda y la empresa DESA" por oponerse al proyecto hidroeléctrico, añadió.

Mexicano fingió muerte

Copinh relató que Cáceres y el mexicano Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, "fueron víctimas de una agresión con arma de fuego, lo que causó la muerte de Berta y lesiones graves a Gustavo".

Gustavo Castro, un ambientalista originario de Chiapas, había viajado a Honduras para participar en unas charlas sobre el tema ambiental. Castro, quien al parecer recibe asistencia médica en un hospital privado, se había quedado en casa de Cáceres, según familiares de la dirigente ambientalista asesinada.

Explicó que un grupo de hombres armados entró por la puerta trasera de la vivienda y disparó contra ambos. "Las primeras detonaciones fueron en contra de Berta provocando su muerte. Gustavo Castro recibió dos impactos de bala, uno de los cuales le rozó la mejilla y otro en la mano, rodando por el piso haciendo creer a sus atacantes que había muerto".

La policía dijo que hay un sospechoso detenido y Copinh denunció que el arrestado es un miembro de esa organización identificado como Aureliano, Molina, y considera que "es posible notar" que pretenden acusarlo de "cometer un crimen pasional (...) además de fabricar evidencia para señalar a otros integrantes del Copinh como culpables o cómplices del crimen".

Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández prometió que con ayuda de Estados Unidos investigará lo que denominó un "crimen contra Honduras".