ONU critica la transición española en materia de derechos humanos

Pablo de Greiff, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, afirma que España careció de "una política de Estado en ...
Pablo de Greiff, durante su visita a España a inicios del pasado mes de febrero
Pablo de Greiff, durante su visita a España a inicios del pasado mes de febrero (EFE)

Ginebra

España careció de "una política de Estado en materia de verdad" tras el fin de la dictadura franquista, dijo hoy el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, tras cuyas palabras varias ONG españolas instaron de nuevo al gobierno de Madrid a investigar los crímenes del franquismo.

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe sobre la visita que efectuó a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero pasados.

"No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad", señaló De Greiff durante la presentación de este informe de 22 páginas, que culmina con 31 recomendaciones.

"Predomina además un modelo de 'privatización' de las exhumaciones, que delega la responsabilidad a las víctimas y asociaciones para buscar e identificar los restos de sus familiares", precisó el Relator al someter su informe al Consejo.

Para De Greiff, "esto alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad". "Muchos familiares, hoy ya personas muy mayores, reclaman poder dar sepultura a sus seres queridos antes de morir", recalcó.

El informe urge a España a "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales", y que las autoridades organicen un calendario de aplicación de las medidas en 90 días tras la adopción del informe.

Ley de Amnistía de 1977

Pablo de Greiff subrayó que la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, y sus "interpretaciones restrictivas (...) además de seguir negando el acceso a la justicia, también impiden cualquier tipo de investigación". La delegación española manifestó su disconformidad con la percepción del relator sobre dicha norma.

"El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal (...) existen múltiples referencias al convencimiento de que sólo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación", afirmó en su intervención la embajadora de España ante Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez.

La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica calificó la respuesta de Menéndez de "enorme falta de respeto a las miles de familias que buscan a sus desaparecidos".

Por su parte, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, presidida por el célebre ex juez, instó a Madrid a crear una Comisión de la Verdad "capaz de investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975)".

Asimismo, varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, pidieron a la justicia española en un comunicado conjunto que colabore "con procedimientos judiciales en el exterior", en referencia a la querella instruida desde 2010 por la jueza argentina María Servini de Cubría sobre la desaparición de 114 mil personas y el robo de unos 30 mil niños.