ONU denuncia asesinato de 69 activistas en Colombia

Naciones Unidas reclamó al estado colombiano acción ante la cifra "alarmante" y "creciente" de crímenes de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Un manifestante marcha en la ciudad de Cali con la boca sellada en señal de protesta por un asesinato
Un manifestante marcha en la ciudad de Cali con la boca sellada en señal de protesta por un asesinato (EFE)

Bogotá

La ONU denunció hoy el asesinato de 69 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia a lo largo de 2015, una cifra "alarmante" y creciente, ante la cual pidió la acción del Estado.

"Nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante", dijo el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild.

"A la misma fecha el año pasado eran 35, eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse y eso es un retroceso muy importante, muy lamentable en términos de protección a líderes sociales, líderes comunitarios", agregó en rueda de prensa.

Entre los 69 activistas asesinados hay 38 reportados por la ONG colombiana Somos Defensores, más los homicidios de "líderes sociales y políticos" contabilizados por la ONU.

Hochschild instó a las autoridades "a usar todas sus capacidades de inteligencia, todas sus capacidades judiciales, para no solamente proteger a esas personas sino ir más allá y asegurar que se pueda judicializar a los responsables". "Esos líderes, sobre todo en regiones apartadas, merecen mayor protección", dijo.

Hochschild no se refirió a los posibles responsables de estos homicidios en un país azotado por un conflicto armado de más de medio siglo, en el que han participado guerrillas, paramilitares, bandas narcotraficantes y agentes estatales.

Sin embargo, el representante en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland, había señalado en marzo pasado a las bandas criminales, surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares hace casi una década, como el principal reto de seguridad del país.

"Están atacando y amenazando a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales", dijo entonces Howland.

El Pacífico, zona de riesgo

A la ONU le preocupan especialmente los "líderes de la izquierda a nivel local" de cara a las elecciones regionales de octubre, y los "representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico" (oeste), una conflictiva zona de narcotráfico.

Los dirigentes afro han sufrido allí "muchas amenazas y en algunos casos homicidios", además de desplazamientos, apuntó Hochschild. El conflicto armado colombiano ha dejado oficialmente al menos 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados.

Desde noviembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos dialoga en Cuba con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), para acabar con la conflagración, aunque sin una tregua bilateral sobre el terreno.

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una ONG que trabaja con líderes de restitución de tierras, dijo a la AFP que "quienes se oponen al proceso de paz de manera ilegal agreden a defensores de derechos humanos" antes de la firma de un acuerdo final "porque se tocan intereses profundos como el de la tierra, por ejemplo".

Los activistas padecen además "otro tipo de agresión, que es la demanda y la judicialización permanente", así como campañas de desprestigio, añadió.

FARC, apenas uno de los responsables

Al presentar hoy un balance humanitario en Colombia desde el inicio de las pláticas de paz, Hochschild destacó que la guerrilla FARC, surgida en 1964 de una insurrección campesina, "no es el único generador de necesidades humanitarias en el país".

"Desde que iniciaron las conversaciones, por ejemplo, 50% de los desplazamientos masivos fueron ocasionados por actividades bélicas de otros grupos armados, y esta realidad en parte explica por qué, desde que empezó el proceso de paz, cada mes en promedio se han desplazado 17 mil personas" y 2.5 millones sufrieron limitaciones por el conflicto armado, dijo.

Hochschild señaló no obstante que las acciones bélicas de las FARC han disminuido más de la mitad durante los cinco periodos de tregua unilateral que este grupo rebelde ha decretado para favorecer las negociaciones, el más reciente vigente desde el 20 de julio.

Afirmó además que la ONU tiene información de que otros grupos armados pretenden controlar zonas de influencia de las FARC, para apoderarse de los ingresos ilícitos allí generados si esa guerrilla se desmoviliza.

Por su parte, las FARC rechazaron el asesinato, a principios de agosto, del líder comunitario Genaro García, en el Pacífico colombiano, cuya autoría las autoridades desconocen.

"Categóricamente rechazamos y condenamos el asesinato del dirigente étnico y comunitario Genaro García", indicaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en un comunicado publicado en su sitio web.

"No es política de nuestra organización atentar contra la vida de líderes y dirigentes sociales o políticos", aseguraron los rebeldes en un comunicado publicado en su sitio web respecto a la muerte de García en el municipio de Tumaco (suroeste), donde tienen fuerte presencia.

"Estamos haciendo una investigación rigurosa a nivel interno y externo sobre tan lamentable hecho. Los resultados de la investigación se darán a conocer públicamente", agregó el texto.

García, un líder afro de comunidades desplazadas por la violencia en el Pacífico colombiano, fue asesinado por desconocidos el pasado 3 de agosto en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), según la estatal Defensoría del Pueblo de Colombia, que vela por los derechos humanos en el país.

En esa zona operan varios de los actores del conflicto que azota a Colombia desde hace más de 50 años: guerrillas como las FARC y también bandas criminales y narcotraficantes de origen paramilitar.

"Estamos haciendo una investigación rigurosa a nivel interno y externo sobre tan lamentable hecho. Los resultados de la investigación se darán a conocer públicamente", señaló el texto del grupo insurgente, que según el gobierno cuenta con unos siete mil combatientes.

En el texto, las FARC acusaron además a las Autodefensas Gaitanistas, principal banda criminal del país y conocida también como los Urabeños o Clan Úsuga, de enviar el mismo día de la muerte de García un panfleto "en el que se amenaza de muerte a líderes sociales, comunitarios y a la población en general del área rural del departamento de Nariño".

Esa banda surgió con remanentes de milicias de extrema derecha después de la desmovilización masiva de unos 32 mil paramilitares, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.